El Ayuntamiento de Barcelona prepara su primera inspección lingüística a los comercios para comprobar si atienden en catalán. La Rambla será el banco de pruebas antes de extender la fiscalización al resto de distritos.
Por qué Barcelona nunca había inspeccionado el catalán en las tiendas
La normativa existe desde hace años. El Código de Consumo de Catalunya data de 2010 y la Llei de Política Lingüística se remonta a 1998. Pese a ello, el consistorio nunca ha sancionado a una empresa por no rotular en catalán, no despachar en esta lengua o no ofrecer la carta en catalán. No es que los incumplimientos no existan: son evidentes en calles y comercios, según admite el propio Ayuntamiento.
La razón es más burocrática que ideológica. Los inspectores municipales, con competencia para vigilar el consumo, no habían incorporado la lengua en sus actuaciones. La ley reconoce el derecho del cliente a ser atendido en catalán y a recibir las comunicaciones al menos en esta lengua, pero la inspección real se centraba en otros parámetros. La Comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, reconoce que se sorprendió al descubrir que en Barcelona ‘nunca se había inspeccionado esta normativa’.
Qué pasará en la Rambla y en Gràcia
El primer paso será la Rambla. Después de una campaña informativa durante el verano para mejorar la imagen de los comercios, la inspección se llevará a cabo este trimestre, antes de la reapertura prevista en febrero. El objetivo es llegar a la inauguración con los establecimientos adaptados. Después, las inspecciones se extenderán al resto de distritos, de los que depende el cuerpo inspector.
Gràcia ya tiene su propio plan. A partir del lunes empieza a aplicarse el plan de impulso del catalán en el comercio y la restauración con un puerta a puerta por 850 establecimientos. La intención es instar a corregir los incumplimientos detectados, no sancionar de entrada.
Barcelona no estrena una multa, estrena un protocolo: vigilar primero, sancionar después si nada cambia.
Olot, Vic y el espejo de la sanción económica
Hasta ahora, el protocolo municipal era enviar cartas informativas a los comercios que acumulaban quejas, con la normativa y las posibles sanciones. La Agència Catalana del Consum era el único organismo que inspeccionaba y sancionaba a las empresas por incumplir la regulación lingüística del Código de Consumo. Barcelona no se plantea la vía sancionadora en la primera fase: ‘El objetivo no es la sanción sino la incidencia, queremos transformaciones rápidas’, dice Salicrú.
Otros municipios catalanes ya han ido más lejos. Vic ha aplicado inspecciones lingüísticas y requerimientos para que los comercios se adecúen. Olot ha anunciado multas a 26 tiendas, con importes de entre 300 y 3.000 euros. La comparación con Olot no es anecdótica: fija el techo al que podría llegar Barcelona si la primera fase no produce cambios.
Las denuncias por no ser atendido en catalán o no rotular en catalán se han disparado en los últimos años. Salicrú vincula el cambio con un contexto sociolingüístico distinto, presionado por la migración y por un modelo de ciudad más orientado al turismo. La ciudadanía, sostiene, ha normalizado situaciones que ahora resultan intolerables.
El caso de Miquel Mola lo resume bien. Este activista denunció 76 establecimientos por rotular solo en castellano y no obtuvo respuesta del Ayuntamiento. La queja llegó al Síndic de Greuges, y el consistorio admitió que hasta ahora no se inspeccionaba el catalán, solo se informaba.
Uno de los inconvenientes es la dispersión de ventanillas para denunciar. Entran quejas por la Agència Catalana del Consum, las oficinas municipales de atención al consumidor, la Oficina por la No Discriminación de Barcelona e, incluso, entidades cívicas como Plataforma per la Llengua. El Ayuntamiento reconoce que no tiene actualizada la cifra de quejas, que son un goteo. La mayoría de los avisos no ha terminado en sanción.
La Generalitat ha anunciado una oficina de protección de los derechos lingüísticos para unificar el sistema de quejas y denuncias. El Ayuntamiento, por su parte, prepara un Buzón por el Catalán. La doble iniciativa apunta a reducir el ruido y a cuantificar mejor las vulneraciones, una tarea pendiente desde hace años.
La decisión llega en un momento de competencia entre administraciones. Mientras la Generalitat despliega su propia oficina de derechos lingüísticos, Barcelona necesita mostrar que su plan de normalización no se queda en papel. El Buzón por el Catalán y la inspección ordinaria a partir de 2027 apuntan a una misma lógica: pasar de la pedagogía pasiva a la fiscalización activa.
Observamos una apuesta deliberada por la pedagogía antes que por la coerción. Es una diferencia relevante respecto al modelo de Olot. El riesgo, sin embargo, es que la ausencia de multas en la primera fase diluya la presión. Si las inspecciones detectan incumplimientos y no hay consecuencias, el mensaje queda a medias.
Lectura económica tampoco falta: el comercio de proximidad y la restauración turística de la Rambla viven un momento delicado. Añadir una exigencia lingüística puede tensionar a pequeños autónomos que ya soportan costes de transformación digital y alquileres elevados. El Ayuntamiento lo sabe y por eso insiste en acompañar antes que castigar.
