EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Red de Municipios Afectados por la Ocupación impulsada por la FVMP solo suma 45 adhesiones de los 542 municipios valencianos.
- ¿Quién está detrás? La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con mayoría absoluta del PP y presidida por Paqui Bartual.
- ¿Qué impacto tiene? La baja adhesión cuestiona la dimensión real de la ocupación ilegal como problema municipal, a un mes de la constitución de la red.
La red antiokupación valenciana impulsada por el PP a través de la FVMP suma 45 de los 542 municipios adscritos a la federación.
Un proyecto con el sello del PP y una adhesión que no despega
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias creó en diciembre de 2025 la Red de Municipios Afectados por la Ocupación, conocida como Red MAO. La resolución advertía de un “impacto creciente” de la ocupación ilegal y de una “preocupación real cada vez mayor” en los municipios de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, los datos de inscripción cuentan otra historia: 45 municipios de 542 han formalizado su adhesión, apenas el 8,3% del total.
La entidad municipalista, con mayoría absoluta del PP y presidida por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha remitido una circular para recordar que la constitución de la red está prevista para principios de octubre de 2026. En la misiva se detalla que cualquier localidad puede sumarse más adelante, pero que la representación desde el arranque exige un acuerdo plenario tramitado por la sede electrónica de la FVMP.
Para Bartual, la ocupación ilegal “vulnera derechos fundamentales y atenta contra la dignidad de las personas propietarias”. La presidenta de la FVMP defiende que la Red MAO supone situarse “al lado de las víctimas” y ofrecer un foro de análisis para que los ayuntamientos compartan soluciones ante un problema que, según su lectura, frena la oferta de alquiler y genera problemas de convivencia.
Alboraya rechaza sumarse para “no alimentar el bulo”
El intento del PP de extender la red también ha dejado episodios de fricción municipal. En Alboraya, la moción popular para adherirse fue rechazada el pasado mes de abril con los votos del PSPV, Compromís, e Izquierda Unida. La propuesta defendía que la ocupación se había detectado en zonas como la avenida Cortes Valencianas, alquerías y áreas industriales del municipio.
La posición mayoritaria en el pleno fue distinta. Según recoge el acta citada por la fuente original, el rechazo se justificó por la necesidad de “no alimentar el bulo” y porque las denuncias por ocupación no alcanzan el 1%. Además, se intentó reconducir el debate hacia políticas reales de acceso a la vivienda, no hacia un discurso centrado exclusivamente en la ocupación.
La ocupación ilegal es un discurso potente en la agenda del PP, pero la adhesión municipal real se queda en un 8,3%.
La oficina antiokupas de la Policía Local de Valencia gestionó en siete meses solo 45 casos, según los datos disponibles. Una cifra que refuerza la distancia entre la alarma discursiva y la demanda efectiva registrada en el ámbito municipal.
El Escenario Valenciano
El arranque de la Red MAO se produce en un contexto más amplio. La ocupación ilegal sigue siendo uno de los ejes discursivos del PP en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del Estado, pero el nivel de adhesión municipal sugiere que muchos alcaldes y alcaldesas no perciben la urgencia que describe la federación. En un escenario de pactos autonómicos en los que Vox mantiene la presión sobre vivienda y seguridad, esta red se convierte en un gesto de partido más que en una herramienta de gestión con arraigo territorial.
En clave nacional, la pugna por el relato de la ocupación conecta con el debate sobre la ley estatal de vivienda y con la estrategia del PP de Alberto Núñez Feijóo frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el partido conservador centra el mensaje en la protección de la propiedad, la izquierda valenciana responde con datos de denuncias muy inferiores al 1% y reclama políticas de vivienda estructurales. La constitución de octubre medirá si la red antiokupación logra superar ese 8,3% o queda como un proyecto simbólico.
Cabe recordar que la FVMP agrupa a 541 de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana. Las próximas incorporaciones a la Red MAO podrían llegar a lo largo del otoño, pero la fotografía actual deja una conclusión clara: la preocupación declarada no se ha traducido, por ahora, en movilización institucional.
Ficha del Caso
- El caso: La Red de Municipios Afectados por la Ocupación nace en diciembre de 2025 desde la FVMP con mayoría del PP. A un mes de su constitución, solo 45 de 542 municipios se han adherido.
- Datos importantes: 8,3% de adhesión, constitución prevista para principios de octubre de 2026, rechazo en Alboraya con votos de PSPV, Compromís e IU, y 45 casos gestionados por la oficina antiokupas de Valencia en siete meses.
- Resumen: El proyecto antiokupación del PP valenciano arranca débil a nivel municipal y sirve de termómetro de la distancia entre discurso político y demanda territorial.
