La Diada en Barcelona abre un frente político: Òmnium Cultural y Alerta Solidària piden investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra.
La madrugada del 12 de septiembre dejó un operativo policial en el entorno del Arc de Triomf que las dos organizaciones califican de desproporcionado. Alerta Solidària cifra en 18 los detenidos, aunque Òmnium habla de ‘casi una veintena de independentistas’. ‘Desde Òmnium Cultural denunciamos la actuación policial de este Once de Septiembre por la noche’, ha señalado la entidad, que considera ‘injustificable este uso de la fuerza’.
Qué pasó ante el Arc de Triomf durante la noche de la Diada
Alerta Solidària describe un operativo que, a su juicio, no estuvo a la altura del escenario real. La quema puntual de contenedores no justificaba, según el colectivo, los perimetrajes de amplias zonas, las cargas contra grupos de personas ni los golpes de porra contra gente que salía del concierto del paseo de Lluís Companys. Los mandos, debían saber que por allí circulaban de forma continua decenas de personas. El resultado: arrestos practicados contra jóvenes con esteladas que, siempre según el colectivo, no participaban en ningún incidente.
El colectivo califica la actuación de ‘chapucera’ e ‘ineficaz’ y recuerda que algunos detenidos pasaron horas en el calabozo. También anticipa que parte de los casos podría acabar absuelta por falta de pruebas. La cuenta de los detenidos no es un detalle. Ocho de los arrestados son menores, según la Assemblea Nacional Catalana, que ya se había posicionado antes que Òmnium.
De la actuación de la BRIMO a la definición de detención arbitraria
Las denuncias se concentran en la actuación de la BRIMO, la brigada móvil de los Mossos d’Esquadra. Alerta Solidària denuncia que los antidisturbios golpearon a personas que seguían las indicaciones y que se formó un pasillo policial para canalizar la salida del concierto. Entre los heridos se encuentra el abogado Xavier Monge, miembro de la Mesa Nacional de la CUP y vinculado al colectivo. Según la organización, Monge recibió dos golpes de porra sin que las imágenes muestren resistencia ni desobediencia previa.
El matiz no es menor. Si se confirma que hubo arrestos sin base, la actuación de Interior quedará expuesta ante el Parlament. Junts ya ha anunciado que registrará preguntas a la consejera de Interior, Núria Parlon. La formación independentista quiere que la responsable política de los Mossos dé la cara por un dispositivo que, a su entender, convirtió una noche de movilización en ‘una caza al independentista’.
La denuncia ya no se juega solo en la comisaría: se juega en el Parlament. Y Junts ha encontrado una grieta.
La Assemblea Nacional Catalana, por su parte, denunció la detención de ocho menores y atribuyó a los agentes frases intimidatorias como ‘Si te mueves, te reventaré los dedos’ o ‘Al niñato este, le clavaría una hostia y se le acabaría la tontería’. La entidad estudia ‘todas las vías legales’ y apoyará a las familias afectadas. Para el independentismo civil, lo de la noche de la Diada no puede leerse como una simple fricción callejera.
El coste político para la Consejería de Interior
El foco sobre Núria Parlon no es casual. Que Interior esté en manos del PSC convierte cada incidente de orden público en una batalla de legitimidad. Alerta Solidària reclama explicaciones a los ‘nuevos responsables’ de los Mossos y señala directamente a la consejera. Nadie en el Govern ha ofrecido aún una versión oficial de los hechos.
La coincidencia de Òmnium, Alerta Solidària y la ANC en una misma denuncia no es un gesto rutinario. Las tres entidades han vivido en los últimos años tensiones propias y estrategias distintas. Que cierren filas ante un operativo policial indica que el malestar va más allá de una noche concreta. La consejera, señalada.
El precedente pesa. En otras protestas recientes, las denuncias por uso desproporcionado de la fuerza acabaron archivadas o en expedientes internos que no satisficieron a las entidades. La advertencia de Alerta Solidària sobre absoluciones por falta de pruebas anticipa un nuevo pulso judicial. Si los juzgados tumban algunas detenciones, la responsabilidad política de Interior podría agravarse.
Veremos qué pasa en el Parlament. Las preguntas de Junts obligarán a Parlon a explicar no solo el número de detenidos, sino los criterios del operativo. La grieta queda abierta.
