EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La EPA ha eliminado este lunes por regla final la mayoría de los límites de CO₂ que afectaban a las centrales de carbón y de gas natural en Estados Unidos.
- ¿Quién está detrás? La Administración de Donald Trump, a través del administrador de la EPA, Lee Zeldin, y su agenda de desregulación energética.
- ¿Qué impacto tiene? El sector eléctrico calcula un ahorro superior a 300.000 millones de dólares, se amplía la ventaja competitiva frente a la UE y se abre una nueva batalla judicial climática.
La EPA ha eliminado este lunes la mayoría de los límites de CO₂ de las centrales de carbón y de gas natural. La regla final, publicada por la agencia ambiental estadounidense, deroga los estándares climáticos que la Administración Biden había impuesto al sector eléctrico y deja abierta una pelea legal que puede volver al Tribunal Supremo.
Qué elimina exactamente la nueva regla de la EPA
La decisión de la EPA afecta a las centrales de carbón existentes y a determinadas plantas de gas natural de nueva construcción. Según los cálculos de la propia agencia el ahorro para la industria supera los 300.000 millones de dólares y permite a las eléctricas decidir en función de las necesidades de sus clientes, no de cierres forzosos de plantas envejecidas.
La regla final deroga los estándares que la Administración Biden publicó en abril de 2024 y que exigían capturar el 90% de las emisiones de CO₂ en 2032 si las centrales de carbón querían seguir operando más allá de 2039, según la documentación oficial de la EPA. La agencia ya había planteado la derogación en junio de 2025 con un argumento central: eliminar los límites abarataría costes y reforzaría la fiabilidad de la red.
Para Jason Isaac, fundador del American Energy Institute, la lectura es clara: ‘Estados Unidos debería producir más energía asequible y fiable, no obligar a las centrales y a los contribuyentes a gastar miles de millones en capturar y enterrar CO₂’, declaró a la Daily Caller News Foundation. Es la misma posición que defiende Steve Milloy, exmiembro del equipo de transición de Trump y hoy en el Energy & Environment Legal Institute.
Una batalla judicial que ya se da por descontada
No es la primera vez que los tribunales federales entran en esta disputa. En 2021, varios estados liderados por Virginia Occidental llevaron a la EPA ante el Tribunal Supremo. La sentencia West Virginia v. EPA de 2022, redactada por el presidente del alto tribunal John Roberts, frenó a la agencia por 6 votos contra 3 al aplicar la doctrina de las cuestiones mayores: si una agencia federal reclama autoridad sobre un asunto de enorme peso económico y político, necesita una autorización clara del Congreso.
Washington no está improvisando: está despejando el camino legal para que el carbón siga operando y el gas alimente el auge de los centros de datos.
Las organizaciones ecologistas ya lo han dejado claro. El NRDC y Sierra Club consideran que la nueva regla descansa sobre un análisis legal y técnico defectuoso, mientras que Isaac Orr, vicepresidente de Always On Energy Research, espera que los litigios se centren en si las plantas estadounidenses contribuyen de forma significativa al CO₂ global. La demanda climática no ha terminado. La derogación se produce además después de que la EPA retirara en febrero la llamada determinación de peligro de 2009, la base científica de la regulación climática federal.
La Lógica de Washington
La administración no ve esta derogación como una simple marcha atrás climática. La plantea como una respuesta a la fiabilidad de la red y al pico de demanda eléctrica provocado por los centros de datos y la reindustrialización. Mantener abiertas las centrales de carbón y acelerar nuevas plantas de gas natural es, para la Casa Blanca, una cuestión de seguridad económica.
El precedente histórico no es menor. En 2022, el Tribunal Supremo ya frenó a la EPA por la doctrina de las cuestiones mayores. Ahora la agencia de Trump no regula: deroga. Y lo hace sobre la idea de que la Clean Air Act nunca autorizó a la EPA a rediseñar el sistema eléctrico. Es una posición más agresiva, pero con el mismo telón de fondo judicial que ha marcado la política climática estadounidense desde hace una década.
Para España, el impacto directo en las facturas de la luz es mínimo porque los mercados eléctricos no están conectados. La lectura estratégica es otra. Un precio eléctrico más bajo en Estados Unidos refuerza la competitividad de sus fábricas y reduce el atractivo de Europa para proyectos electrointensivos. Los costes energéticos siguen siendo una de las grandes ventajas estructurales americanas, y esta regla la amplía.
El siguiente capítulo se escribirá en los tribunales federales. Si los grupos ecologistas consiguen tumbar la derogación, la Administración podría volver a recurrir al Tribunal Supremo. Y si el Congreso mantiene el control republicano, Milloy y otros actores del sector ya piden una ley que deje claro que las emisiones de gases de efecto invernadero son un asunto federal exclusivo del Congreso.
Ficha del Caso
- El caso: La EPA deroga por regla final los estándares climáticos de la era Biden para centrales de carbón y gas. La agencia cuestiona que las plantas estadounidenses sean contribuyentes significativos al CO₂ global.
- Datos clave: Más de 300.000 millones de dólares en costes evitados para el sector eléctrico. Eliminación del requisito de capturar el 90% del CO₂ en 2032. Precedente: sentencia West Virginia v. EPA (2022), 6-3.
- Para España: Sin conexión directa entre ambos mercados eléctricos, pero la desregulación amplía la ventaja competitiva de la industria estadounidense frente a la europea, incluida la española.
