El juzgado número 6 de Ceuta ha decidido, con informe favorable de la Fiscalía, enviar a la Audiencia Nacional la causa abierta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. «De la denuncia y de las diligencias practicadas resulta que los hechos investigados en Ceuta se insertan en la misma secuencia fáctica y operativa que constituye el objeto de las DP 64/2026 de la Audiencia Nacional, relativas a la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos», afirma la resolución notificada ayer por la juez titular del juzgado ceutí, María de la Luz Lozano.
La resolución se adopta después de que la magistrada de la Audiencia María Tardón le remitiera el auto en el que declaró su competencia para investigar la invasión de la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio y le pidiera que estimara si había conexión con las denuncias realizadas al delegado del Gobierno.
La semana pasada, la Fiscalía ya había pedido directamente a la Plaza 6 de Ceuta que se inhibiera en favor de la Plaza 3 de la Audiencia, resaltando que «la conexión objetiva y subjetiva entre los hechos investigados en ambos procedimientos, así como unidad de contexto, secuencia y prueba».
Esta decisión supone que Miguel Ángel Pérez Triano está ahora a disposición de la juez Tardón, que recientemente pidió al Gobierno que le remitiera oficialmente los informes que había divulgado sobre los posibles avisos de alerta de entrada masiva. Tardón deberá decidir si toma declaración al Delegado del Gobierno y en calidad de testigo o de imputado.
Uno de los asuntos que deberá estudiar la juez es si Delegación de gobierno disponía de información para tomar algún tipo de iniciativa para impedir la entrada de 80.000 migrantes durante dos días. Eso podía desembocar en algún tipo de responsabilidad penal por los homicidios imprudentes de 84 personas que fallecieron por ahogamiento o aplastamiento en el lado español de la frontera.
«Habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes, vulnerando la frontera española […], tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva», indicaba Tardón en el primer auto dictado al respecto.
El delegado del Gobierno es, por ahora, el más directamente señalado en esta vía de la investigación, después de que su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dimitiera la semana pasada afirmando que le había dado traslado de las alertas emitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El juzgado de Ceuta abrió diligencias previas tras recibir una querella de Hazte Oír para investigar si el delegado del Gobierno cometió «delitos de omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y en prevaricación por omisión». Posteriormente, amplió la querella a otros posibles delitos, además de solicitar la práctica de diversas diligencias.
