La deuda financiera de la Generalitat Valenciana alcanza 63.176 millones de euros y más del 78% de las facturas se paga fuera del plazo legal.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Síndic de Comptes cifra en 63.176 millones la deuda financiera de la Generalitat y detecta que más del 78% de las facturas se abonaron fuera de plazo en 2024.
- ¿Quién está detrás? Vicent Cucarella, síndic mayor, en su comparecencia en las Corts; el Consell de Pérez Llorca y los grupos PP, Vox, PSPV y Compromís.
- ¿Qué impacto tiene? La Generalitat pagó 32,5 millones en intereses de demora y arrastra préstamos del ICO, incluidos los de la DANA, que deberá devolver.
El número que no deja de crecer: 63.176 millones y un patrimonio en negativo
El síndic mayor de Comptes, Vicent Cucarella, compareció este viernes en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, 99 escaños) para presentar los informes de fiscalización del ejercicio 2024. Lo resumió con una frase: «El enorme endeudamiento no para de crecer nunca». No es retórica. Es la conclusión de un informe que retrata una administración con patrimonio neto negativo, déficit al alza y una factura por pagar tarde que se cuenta en decenas de millones cada año.
De esos 63.176 millones, 54.562 corresponden a operaciones de crédito con el ICO, canalizadas a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Son préstamos, no transferencias. Entre ellos figuran los suscritos para atender los gastos derivados de la DANA del 29 de octubre de 2024. La reconstrucción también se está pagando a crédito. Y habrá que devolverlo.
El resto del cuadro no mejora. La Sindicatura de Comptes (el órgano de fiscalización externa de las cuentas autonómicas, equivalente al Tribunal de Cuentas) detecta un patrimonio neto negativo superior a los 53.000 millones, un déficit presupuestario de más de 2.200 millones y, otra vez, un incumplimiento de la regla de gasto. El desequilibrio se agravó durante 2024 en las cuatro dimensiones que analiza el órgano: económica, patrimonial, financiera y de liquidez.
Cucarella apuntó una causa concreta: los presupuestos se elaboran sobre previsiones de ingresos que después no llegan. A su juicio, las cuentas deberían consignar solo las transferencias del Estado que razonablemente se van a recibir. Y recordó que los recursos del sistema de financiación autonómica siguen por debajo de los que corresponderían a un modelo equitativo.
Una administración que paga tarde, pide prestado para tapar el hueco y lo repite cada año no tiene un problema de caja: tiene un modelo.
Pagar tarde, contratar peor: la letra pequeña del informe
De las más de un millón de facturas examinadas, más del 78% se abonaron fuera del plazo legal. Ese hábito tuvo precio: 32,5 millones de euros en intereses de demora, el importe más alto de los últimos ejercicios, y otros diez millones en indemnizaciones por costes de cobro. El síndic lo calificó de «carga bestial».
En Sanidad, el informe reclama un nuevo acuerdo entre la Conselleria y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que delimite qué servicio se presta y quién paga qué. La Sindicatura ha detectado que el IVO factura tratamientos de pacientes asignados a las concesionarias sanitarias, y el asunto ha acabado en un expediente abierto en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
A eso se suman insuficiencias presupuestarias recurrentes en compras y prestaciones farmacéuticas y una financiación de la dependencia en la que la aportación estatal no llega al 50% previsto. En contratación pública, la fiscalización detecta deficiencias al justificar los criterios de adjudicación, al fijar precios y al definir las necesidades. También advierte de que buena parte de las consellerias carece de procedimientos formales para detectar conflictos de intereses. Y en los contratos de emergencia tramitados tras la DANA hay expedientes donde no se justificó bien la elección del contratista ni se publicaron después las memorias o las modificaciones.
Un dato atraviesa toda la administración: la temporalidad media alcanza el 51,1%. En Sanidad se dispara hasta el 72,4%; en Educación se queda en el 30,9% y en Justicia, en el 35,1%. El objetivo legal es del 8%. La distancia no admite interpretaciones.
El Escenario Valenciano
La comparecencia dejó el debate político donde suele estar: en la interpretación de los mismos números. Vox reprochó a Cucarella que la Sindicatura no haya fiscalizado el supuesto colapso de los servicios públicos por la inmigración; el síndic respondió que el resultado quizá no sería el que esa formación espera. La diputada del PP María Carmen Contelles defendió que los informes constatan que, en términos generales, se cumplen los principios contables, reconoció margen de mejora y atribuyó parte del problema a la infrafinanciación. Desde el PSPV, José Díaz puso el foco en el aumento del 63% de los expedientes de enriquecimiento injusto respecto a 2022. Aitana Mas, de Compromís, respaldó la labor de fiscalización.
El pacto PP–Vox que sostiene al Consell de Juanfran Pérez Llorca no se juega nada formalmente en este trámite, pero sí la narrativa con la que afrontará el próximo debate presupuestario. La dimensión nacional es evidente: el grueso de la deuda valenciana no nace de un exceso de gasto aislado, sino de la infrafinanciación que la propia Sindicatura documenta y de los préstamos del Estado a través del Fondo de Financiación. Cualquier reforma del sistema autonómico que se discuta en el Congreso pasará por esta comunidad, y también por el Ministerio de Hacienda.
Cucarella sigue en funciones desde hace cuatro años por la falta de acuerdo entre los grupos para designar a su sustituto. Avisó de que su dimisión paralizaría la institución y definió su trabajo como el de una «mosca cojonera». La próxima cita será la fiscalización del ejercicio 2025, ya con las cuentas de la reconstrucción en marcha.
Ficha del Caso
- El caso: El Síndic de Comptes presenta los informes de fiscalización de 2024 y retrata una Generalitat con deuda creciente, patrimonio neto negativo y pagos fuera de plazo.
- Datos importantes: 63.176 millones de deuda financiera, de los que 54.562 son créditos del ICO; patrimonio neto negativo de más de 53.000 millones; déficit de 2.200 millones; 32,5 millones en intereses de demora; temporalidad del 51,1%.
- Resumen: La Sindicatura constata que la reconstrucción de la DANA se financia con préstamos y abre un expediente en el Tribunal de Cuentas por la facturación del IVO.
