La filtración de los audios del accidente de Urda reabre la fractura entre Podemos y el Gobierno de coalición. Sumar sigue dentro del Ejecutivo, y ahí empieza el problema.
El siniestro entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo) se ha cobrado provisionalmente 69 vidas. El miércoles, día del accidente, Pedro Sánchez calificó de inasumible que se registren dos tragedias en la misma línea de AVE en menos de un año. Este jueves, lo que ha circulado no son las conclusiones de la investigación, sino las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas implicados.
El primero en reaccionar fue Semaf. Su secretario general, Diego Martín, reprochó la difusión de «información que en teoría tenía que estar custodiada» y defendió una investigación «independiente y rigurosa». El sindicato sostiene que falló el sistema de señalización LZB, lo que dejó trenes detenidos antes de la colisión.
El SFF-CGT calificó de grave la publicación de los audios y reclamó analizar también la organización del trabajo, la formación, y las plantillas. FSC-CCOO fue más lejos: exigió el cese «inmediato» del ministro de Transportes, Óscar Puente, por «culpabilizar a las personas trabajadoras». Ninguna de las dos centrales habla de un error individual.
Un frente común de reproches: del PP a Compromís
En el plano político, el arco que va del PP a Adelante Andalucía ha coincidido en el diagnóstico. Alberto Núñez Feijóo no pidió la dimisión de Puente, pero le señaló por «echarle la culpa a un operador de Atocha» y habló de «frivolidad impropia». Vox denunció la filtración de material que debería estar bajo secreto de sumario. Y Gabriel Rufián lo resumió en una frase: «Una situación inasumible requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas».
La filtración ha unido a la oposición, a los sindicatos y a Compromís en un mismo reproche: el relato del Gobierno ha llegado antes que la investigación.
Compromís, socio de Sumar, calificó la filtración de «despreciable» por boca de su diputado Alberto Ibáñez, que situó el respeto a las víctimas «por encima de cualquier cosa». Teresa Rodríguez preguntó abiertamente si el Ejecutivo ha filtrado para virar el foco hacia el «factor humano». Y desde el grupo parlamentario de Sumar, Frente Amplio registró la petición de comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente del Congreso.
Por qué Podemos ha elegido este marco
Irene Montero fue la más explícita: «no hay que ir a lo fácil y colocar toda la responsabilidad en un trabajador cuando todo el mundo ve que el sistema falla, que la liberalización y el negocio tienen consecuencias y los maquinistas y expertos llevan años denunciándolo».
La elección del marco no es casual. Podemos concurre con candidatura propia el 29 de noviembre y necesita que su electorado distinga su voz de la de un Ejecutivo en el que no está. Para Sumar, el mismo debate es una trampa de manual: forma parte del Gobierno al que se reprocha la filtración y comparte espacio electoral con quienes la denuncian.
Ahí está la asimetría que explica la semana. Podemos puede permitirse el tono de la calle porque no gestiona; Sumar tiene que administrar el desgaste sin romper la coalición. Ese es su oficio desde julio de 2023, y también su condena.
Hay una paradoja que el espacio del cambio conoce bien. Cuanto más se parece el debate ferroviario a una disputa de gestión, más rentable resulta para quien está fuera y rentabiliza el desgaste; cuanto más se convierte en una disputa de modelo, más se diluye la frontera entre Podemos y Sumar. Montero ha elegido la segunda lectura. Es la lectura que deja a Sumar sin margen para la defensa y sin argumentos para el ataque.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar conviven estos días tres posiciones públicas que no dicen exactamente lo mismo. La del grupo parlamentario, que pide comparecencia y no cese. La de Compromís, que habla de filtración «despreciable» desde dentro de la coalición. Y la de las centrales sindicales, que reclaman la cabeza de Puente sin que la formación haya asumido públicamente esa exigencia. Yolanda Díaz no figura entre las voces que han fijado posición sobre la filtración a cierre de esta edición.
Con el PSOE, el movimiento es de bajo perfil y cálculo fino. Sumar no puede defender a Puente y tampoco puede permitirse una crisis de Gobierno a menos de un mes de las elecciones del 29 de noviembre. La comparecencia en la Diputación Permanente funciona como válvula: satisface la exigencia de explicaciones sin abrir la puerta a una dimisión que los socialistas no están dispuestos a conceder. El precedente juega en contra del ministro: tras el accidente de Gelida, el pasado enero, ERC ya pidió su salida por la crisis de Rodalies y Puente siguió en el cargo.
La proyección es incómoda. La campaña del 29-N convierte cada comparecencia en acto electoral y cada reproche de Compromís en un mensaje que el votante de la izquierda escucha en clave de identidad. Con 69 víctimas provisionales sobre la mesa, la investigación marca los tiempos de todos. Y la coalición llega a la cita con el problema de siempre: una parte de su espacio hace campaña contra el relato del Gobierno.
Ficha del Caso
- El caso: La filtración de los audios entre el centro de control de Atocha y los maquinistas del accidente de Urda desata un frente de reproches al Ejecutivo por señalar al factor humano antes de que concluya la investigación.
- Datos importantes: 69 víctimas provisionales; colisión entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo); elecciones generales el 29 de noviembre; Frente Amplio pide la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente; CCOO exige su cese inmediato.
- Resumen: Podemos rentabiliza el marco del sistema que falla, Compromís lo comparte desde dentro y la coalición con el PSOE absorbe el desgaste sin asumir la petición de cese del ministro.
