Los accidentes ferroviarios en España crecen un 142% desde 2018, y Galicia y Angrois vuelven al centro del debate.
El dato lo pone el Instituto Juan de Mariana, un think tank liberal que este viernes 30 de octubre publica el informe Todo funciona peor, firmado por Manuel Llamas Fraga y Diego Sánchez de la Cruz. El texto llega tres días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha causado decenas de muertos, y arranca con condolencias a las familias. Los siniestros que registra la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios pasan de 40 en 2018 a 97 en 2024.
Del 40 al 97 en seis años: las cifras del deterioro
Los descarrilamientos se triplican en el mismo periodo, de 7 a 22. Los trenes de larga distancia que llegan con una hora o más de retraso pasan del 1,1% al 8,1% en enero de 2026 y, en marzo, solo el 48,6% de los AVE llegó con menos de cinco minutos de demora. Son series oficiales: no hace falta compartir las conclusiones del think tank para leer los números.
La comparación europea incomoda más. España dedica 45,5 millones de euros al mantenimiento ferroviario por cada mil kilómetros de vía, frente a los 80,6 de media en la UE-14. El gasto de conservación por viajero de alta velocidad ha caído un 22% desde 2018. En paralelo, Renfe ha subido de 15 a 60 minutos el umbral para una devolución parcial, y de 30 a 90 para recuperar el billete íntegro; entre enero y agosto de 2026, los viajeros de alta velocidad bajaron un 12,3%.
El informe no se queda en el tren. Las carreteras arrastran un déficit de conservación de casi 15.000 millones de euros, 34.000 kilómetros necesitan reconstrucción y los conductores pagan unos 15 euros en impuestos por cada euro destinado a mantener la red. En sanidad, la lista de espera quirúrgica cerró 2025 con 853.509 personas, un 27,7% más que en 2018.
Angrois no fue solo un accidente: fue el momento en que España descubrió que la seguridad ferroviaria depende de cómo se gestiona la inversión.
Angrois, la red convencional y el viajero que no sale en los titulares
En Galicia, la conversación sobre seguridad ferroviaria tiene una fecha grabada. El 24 de julio de 2013, un Alvia Madrid-Ferrol descarriló en la curva de Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela, y dejó 79 muertos. El siniestro reabrió el debate sobre la señalización, la formación de los maquinistas y la supervisión de Adif, y convirtió la seguridad del tren en un asunto de primer orden político. La causa judicial se alargó años; la herida política nunca cerró.
Trece años después, la alta velocidad llegó a Galicia en diciembre de 2021 con la línea Madrid-Ourense. Eso sí, la mayor parte de la red gallega sigue siendo convencional: cercanías y media distancia que sostienen la movilidad diaria de 2,7 millones de habitantes y que rara vez salen en las estadísticas de puntualidad. Ahí surge la pregunta incómoda. Si el mantenimiento por kilómetro está a la mitad que en la UE-14, ¿cómo se mide el riesgo en las vías que no salen en los titulares?
El documento carga contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y reclama revisar incentivos, reforzar la rendición de cuentas y evaluar resultados. Conviene separar el diagnóstico de la soflama: el propio informe reconoce que el gasto sanitario creció un 43% y el educativo un 40% desde 2018, y sostiene que el problema no es cuánto se gasta sino cómo. En el Parlamento de Galicia, las preguntas sobre frecuencias y fiabilidad son un clásico de cada periodo de sesiones.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna la Xunta de Galicia (el ejecutivo autonómico con sede en Santiago de Compostela) con mayoría absoluta desde 2009, y Alfonso Rueda la preside desde 2022. Enfrente, el BNG (Bloque Nacionalista Galego) se consolidó como primera fuerza de la oposición tras el 18-F de 2024 con Ana Pontón, y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) quedó en tercer lugar con nueve escaños. Esa geometría importa para leer el informe: la seguridad ferroviaria es competencia estatal, pero el desgaste político se reparte.
La conexión nacional es directa. Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta entre 2009 y 2022, reivindicó durante años la llegada del AVE y la inauguró en diciembre de 2021. Desde Madrid, la gestión de Renfe y Adif es terreno de choque entre el PP y el Gobierno, y el informe del Instituto Juan de Mariana ofrece a la oposición popular munición con cifras. Eso sí, el propio documento admite que el gasto público creció en casi todos los servicios analizados.
¿Qué viene ahora? La legislatura gallega encara su ecuador con las autonómicas de 2028 en el horizonte. El PPdeG tiene incentivos para convertir el agravio inversor en bandera, el BNG para exigir un plan de cercanías y el PSdeG para reclamar que se ejecuten los compromisos estatales. La incógnita es si todo quedará en el cruce de acusaciones o si acabará en una comisión de investigación en el Congreso. Galicia lleva trece años mirando a Angrois cada vez que suena una sirena.
Ficha del Caso
- El caso: el Instituto Juan de Mariana publica el informe Todo funciona peor, que cifra en un 142% el aumento de accidentes ferroviarios desde 2018 y compara la inversión en mantenimiento con la UE-14.
- Datos importantes: 97 siniestros en 2024 frente a 40 en 2018; 45,5 millones por mil kilómetros de vía frente a 80,6 de la UE-14; 15.000 millones de déficit en carreteras; Angrois, 24 de julio de 2013.
- Resumen: la seguridad ferroviaria regresa al centro del debate político con Galicia como referencia histórica y con el PP y el Gobierno midiendo fuerzas ante las autonómicas de 2028.
