El Congreso vota el acuerdo nuclear de Trump con Arabia Saudí la semana del 30 de noviembre y los demócratas lo rechazan.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado y la Cámara de Representantes votan en la semana del 30 de noviembre las resoluciones de desaprobación contra el pacto de cooperación nuclear civil con Arabia Saudí, tramitado bajo la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954.
- ¿Quién está detrás? Senadores del Partido Demócrata registraron la resolución conjunta; la Cámara presentó la suya el 14 de septiembre. La administración de Donald Trump defiende el texto y Riad lo considera su vía para el primer reactor.
- ¿Qué impacto tiene? Abriría por primera vez la exportación de tecnología de enriquecimiento de uranio desde el Proyecto Manhattan y sometería a tensión el estándar de suministro que sostiene Euratom.
Ambas cámaras tienen previsto pronunciarse en esos mismos días sobre el pacto que la administración de Donald Trump ha transmitido al Capitolio. En el Senado, un grupo de senadores del Partido Demócrata ha registrado una resolución conjunta de desaprobación dentro del plazo de revisión de 90 días que la ley concede al Congreso. En la Cámara de Representantes, la resolución compañera, presentada el 14 de septiembre, avanza con el mismo objetivo: bloquear el texto antes de que llegue a aplicarse.
El instrumento es un 123 agreement, el nombre que toma de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954, el artículo que regula los pactos de cooperación nuclear civil: obliga al presidente a notificar el texto al Congreso y a esperar 90 días de sesión continuada antes de aplicarlo. La resolución de desaprobación es la vía que ese mismo estatuto prevé para tumbar el pacto. Si las dos cámaras la aprueban y el presidente la veta, hacen falta dos tercios en cada una para superar el veto.
Qué autoriza el texto: reactores, dos años de estudio y ningún detalle cerrado
El acuerdo permitiría a empresas estadounidenses construir los primeros reactores del reino. Y añade algo sin precedente reciente: un estudio conjunto de hasta dos años sobre plantas de enriquecimiento y conversión de uranio de fabricación americana en suelo saudí. Es la primera vez que Washington contempla en un pacto bilateral la transferencia de capacidades sensibles de fabricación de combustible a un Estado sin armas nucleares desde el Proyecto Manhattan.
Los defensores del texto hablan de un arreglo de ‘caja negra’ para limitar el acceso saudí a esa tecnología. Ese lenguaje no aparece en el texto transmitido: los detalles quedan para una negociación posterior. Tampoco Riad ha adoptado el Protocolo Adicional del OIEA, el instrumento de inspección más severo del organismo, que permite entrar en instalaciones no declaradas. De los 51 socios nucleares de EE. UU. con ese protocolo en vigor, solo dos carecen de él, según el análisis de Andrea Stricker, del Foundation for Defense of Democracies.
Washington ha contenido durante ochenta años la tecnología que convierte el uranio en combustible. El pacto saudí, tal como está escrito, sería la primera excepción.
El cálculo político pesa tanto como el articulado. Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre habrán quedado atrás cuando llegue la votación, y ese calendario cambia los incentivos de los legisladores moderados. Los críticos exigen, como mínimo, audiencias públicas sobre los riesgos de proliferación antes de que se vote. La aritmética manda.
Qué se juega España: Euratom, el Protocolo Adicional y la industria de componentes
España no está en la mesa, pero el régimen que se discute en el Capitolio es el mismo que sostiene su comercio nuclear. El país es parte del Tratado de No Proliferación y tiene el Protocolo Adicional en vigor. Sus exportaciones de tecnología y materiales pasan por Euratom (la comunidad europea de la energía atómica, que centraliza las licencias de los Estados miembros) y por las listas del Grupo de Suministradores Nucleares, del que España es miembro.
Si Washington acepta para Riad un estándar más laxo que el que exige a sus propios aliados, el argumento de la excepción se instala en el mercado. Para la industria española de componentes —ENUSA, participada por la SEPI, que fabrica combustible nuclear, y ENSA, que produce equipos en Cantabria— el efecto inmediato no es un contrato perdido. Es un marco de licencias más difícil de defender en Bruselas y un precedente que Rusia y China pueden esgrimir en sus propias ofertas de reactores. Ese es el problema.
Hay un segundo plano, más comercial. Consorcios españoles participaron en el AVE de La Meca a Medina y la ingeniería española mantiene presencia en el reino. El Gobierno español no se ha pronunciado sobre el expediente. El precedente que más se cita en Bruselas es el acuerdo nuclear civil con la India de 2008, la última excepción que Washington concedió a un país fuera del TNP.
La Lógica de Washington
La lógica de la Casa Blanca es la competencia, no el control de suministros. Riad lleva años recibiendo ofertas de Rosatom y de la CNNC china para su primer reactor, y Washington quiere que el primer ladrillo lo coloque una empresa americana. A eso se suma el marco de los Acuerdos de Abraham: el presidente ha vinculado el apoyo nuclear civil a la normalización con Israel, y Riad no ha dado ese paso. Washington no firma gratis.
La coalición que sostiene el texto es la del Partido Republicano transaccional, el que prioriza contratos y presencia energética sobre arquitectura de tratados, con el ala no intervencionista del partido como foco de resistencia interna. El precedente que explica la prudencia histórica es largo: la iniciativa Atoms for Peace de 1953, el Tratado de No Proliferación de 1970, y el Grupo de Suministradores Nucleares creado tras el ensayo indio de 1974. Después llegaron la Ley de No Proliferación Nuclear de 1978, el Protocolo Adicional de 1997 y el gold standard que Washington impuso a Emiratos Árabes Unidos en 2009: renuncia al enriquecimiento y al reprocesamiento. Hoy solo 14 o 15 países enriquecen uranio y una decena reprocesa plutonio. El detalle no es menor.
La proyección depende de dos cámaras y de un umbral alto. Si las resoluciones salen adelante con dos tercios, el acuerdo queda bloqueado; si no, el texto se aplicará al término de los 90 días de sesión continuada y la administración podría, aun así, retirarlo y renegociar condiciones más duras antes de que surta efecto. La incógnita es si Riad acepta el Protocolo Adicional a cambio de financiación y formación, o si prefiere esperar ofertas rusas y chinas.
Ficha del Caso
- El caso: El Congreso revisa el pacto de cooperación nuclear civil con Arabia Saudí, un 123 que abriría por primera vez la venta de tecnología de enriquecimiento de uranio a un Estado sin armas nucleares.
- Datos clave: votación en ambas cámaras en la semana del 30 de noviembre; plazo de revisión de 90 días de sesión continuada; dos tercios para superar el veto presidencial; estudio de hasta dos años sobre plantas de enriquecimiento y conversión en suelo saudí; 51 socios con Protocolo Adicional, solo dos sin él.
- Para España: sin impacto contractual inmediato, pero el precedente debilita el estándar de suministro que sostiene Euratom y las licencias de ENUSA y ENSA, y complica la posición española en el Grupo de Suministradores Nucleares.
