El plazo para registrar un texto conjunto a la ley de vivienda en Cataluña expiró este viernes y Comuns lo dejó pasar. El partido de Jèssica Albiach, socio catalán de Sumar, presentará sus propias enmiendas a la proposición de ley contra la compra especulativa y el Govern de Salvador Illa hará lo mismo por su cuenta. La negociación, tal y como estaba planteada, se ha roto.
Del informe de agosto al portazo de este viernes
El origen está en el dictamen que el Consell de Garanties Estatutàries emitió en agosto. No era vinculante, pero su dureza lo cambió todo: el órgano consultivo cuestionaba abiertamente la constitucionalidad del texto que Govern y Comuns habían pactado, por vulnerar, entre otras cuestiones, el derecho a la propiedad privada. La norma quedó tocada. El Parlament habilitó entonces un mes para rehacerla, y ese mes terminó este viernes sin acuerdo.
La respuesta del Ejecutivo catalán fue diluir los límites en nombre de la seguridad jurídica. Su propuesta —que se traducirá en las enmiendas del PSC— mantenía la obligación de destinar a uso residencial y habitual las viviendas compradas, pero renunciaba a prohibir la compra. El razonamiento del Govern es defendible en términos jurídicos: si el Consell ha dejado claro que el veto no es viable, mejor asegurar la limitación de uso que perderlo todo. Comuns no lo aceptó. Ahí empezó el portazo.
Las tres enmiendas y el pacto que el texto olvidó
Conviene recordar qué decía el texto original. Govern y Comuns pactaron prohibir la compra de vivienda en zonas de mercado tensionado salvo que fuera para residencia habitual, y habilitar a los ayuntamientos a elaborar planes especiales de urbanismo para aplicarlo. La limitación era una de las condiciones que los ecosocialistas pusieron para aprobar los presupuestos de la Generalitat, pactada con Illa en febrero y rubricada de nuevo en mayo, cuando el Govern ató el sí de ERC. El objetivo anunciado entonces era que la norma estuviera en vigor antes del verano. El verano terminó sin ley.
Las tres enmiendas de Comuns intentan recomponer ese camino sin salirse del marco constitucional. La primera toca el primer párrafo del artículo 1 para introducir la distinción entre pequeños tenedores —hasta cuatro viviendas en propiedad— y grandes tenedores, a partir de cinco. Esa escala se acordó con el PSC durante la negociación presupuestaria y el texto inicial no la recogía. La segunda aclara el régimen de las herencias: la obligación de destinar el inmueble a residencia habitual y permanente recaerá solo sobre los grandes tenedores.
La tercera enmienda es técnica y modifica el artículo 3 para que el texto refundido de la ley de urbanismo incorpore la anterior. Tres piezas, un objetivo: que la prohibición sea aplicable sin que el Consell tenga dónde hincar el diente. Comuns sostiene que así se conjuga el respeto constitucional con el veto a la compra especulativa. El Govern, de momento, no lo ve.
Comuns no rompe por un desacuerdo técnico: rompe porque cree que el Govern ha elegido la seguridad jurídica antes que la eficacia de la norma.
El riesgo ahora es que la norma decaiga. Si los socialistas no validan las enmiendas de Comuns y Comuns no valida las del PSC, el texto se queda sin mayoría suficiente. Y hay un segundo obstáculo: la proposición necesita también el sí de ERC, con quien no hay acuerdo cerrado. Los números no se improvisan en la ponencia.
La Dinámica de Coalición
Para el espacio de Sumar, lo ocurrido este viernes tiene una lectura incómoda. Comuns es la confluente que mejor ha rentabilizado la doble condición de socio de gobierno y oposición útil, y su pulso con el PSC no es un accidente: es el método con el que ha construido un perfil propio en Cataluña. Cada vez que el PSC diluye un compromiso, Comuns gana margen ante su electorado y el conjunto del espacio pierde capacidad de presentarse como un bloque coherente. La tensión no es entre Comuns y Sumar; es entre la lógica de las confluentes y la lógica del gobierno de coalición.
En clave PSOE-Sumar, el episodio dibuja un patrón conocido: los socialistas aceptan los marcos generales y modulan los instrumentos cuando llega la letra pequeña. La enmienda de los cuatro y cinco tenedores es especialmente significativa porque no nace de un pulso nuevo, sino de un pacto previo con el PSC que el texto no incorporó. Eso permite a los ecosocialistas reclamar coherencia sin abrir un frente adicional en el Congreso, donde la relación con el PSOE ya acumula suficientes fricciones como para añadir una más por una ley catalana.
La proyección inmediata tiene dos escenarios y un actor ausente. La ponencia es el lugar donde todavía se puede cerrar un texto común; el Pleno del Parlament es el escenario donde la desunión se paga en votos. Y ERC, que no ha cerrado ningún acuerdo, tiene la llave: sin sus votos, ni la versión del Govern ni la de Comuns sale adelante. El comunicado ecosocialista emplaza al Ejecutivo de Illa a «hacer posible la prohibición de las compras especulativas en Catalunya». La pelota, otra vez, en el tejado del PSC.
Ficha del Caso
- El caso: Comuns y el Govern no cierran un texto conjunto contra la compra especulativa de vivienda en Cataluña y enmendarán por separado después del informe del Consell de Garanties Estatutàries de agosto.
- Datos importantes: tres enmiendas registradas por Comuns; umbral de cuatro viviendas para el pequeño tenedor y cinco para el grande; plazo de un mes vencido este viernes, 30 de octubre de 2026; pacto presupuestario de febrero y mayo; la norma exige además el sí de ERC, todavía sin cerrar.
- Resumen: la ruptura de la negociación catalana tensiona el relato de unidad del espacio de Sumar y demuestra que el PSC modula los compromisos cuando llega la letra pequeña, lo que complica la coherencia del socio catalán dentro del gobierno de coalición.
