El TSXG reconoce a un técnico del CHUO de Ourense un plus del 35% por penosidad y 5.311 euros de atrasos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG, el máximo órgano judicial de la comunidad) confirma la sentencia de Ourense y reconoce al técnico el complemento del 35% del salario base, más 5.311,45 euros de atrasos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.
- ¿Quién está detrás? Un técnico de electromedicina del CHUO empleado por una empresa de mantenimiento, y el convenio siderometalúrgico de Ourense.
- ¿Qué impacto tiene? Ratifica un plus que el convenio reconoce a todo el personal de mantenimiento en hospitales y prisiones de la provincia.
Radiaciones en medicina nuclear y filtros de quirófano: el puesto que el tribunal sí considera penoso
La empresa recurrió la primera sentencia con un argumento: no se había acreditado que los riesgos alegados formaran parte de las condiciones propias del puesto. La Sala de lo Social del TSXG ha desestimado el recurso y ratifica el fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense; la resolución se ha conocido este viernes. El trabajador presta servicio en el CHUO, el hospital público de referencia de la provincia, mediante un contrato de mantenimiento externalizado.
Su jornada incluye el cambio de filtros en quirófanos, la limpieza de torres de refrigeración, la manipulación de productos químicos y las intervenciones en áreas de medicina nuclear. También entra en habitaciones de pacientes en aislamiento. Una rutina con riesgos que el tribunal no considera ordinarios.
Cortes con materiales contaminados, exposición a enfermedades infecciosas, fluidos corporales, radiaciones ionizantes, y sustancias químicas nocivas o corrosivas. Ese es el catálogo de riesgos que sostiene el complemento y que la resolución recoge con detalle técnico.
El convenio siderometalúrgico de Ourense, la cláusula que la empresa no pudo esquivar
El apoyo legal está en el convenio colectivo del sector siderometalúrgico de Ourense. Ese texto contempla expresamente el derecho al complemento de penosidad, toxicidad y peligrosidad para el personal de empresas de mantenimiento que trabaja en centros hospitalarios y penitenciarios. La Sala se agarra a esa cláusula y rechaza los argumentos de la compañía. El plus asciende al 35% del salario base y los atrasos, once meses entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, suman 5.311,45 euros.
La sentencia no crea un derecho nuevo: obliga a pagar uno que ya estaba escrito en el convenio y que llevaba meses sin abonarse.
Hay un dato que refuerza la posición del trabajador: su trayectoria en la actividad se remonta a marzo de 1997, aunque para la empresa demandada presta servicios desde noviembre de 2023. La antigüedad en el oficio juega a su favor. La compañía sostuvo que los riesgos no eran consustanciales al puesto; el tribunal entiende lo contrario.
La paradoja es que el técnico trabaja en un hospital público, pero quien paga es una empresa privada que presta un servicio contratado. La condena recae sobre la mercantil, no sobre el Sergas (el Servizo Galego de Saúde). Eso sí, el sobrecoste tiene un camino natural: la próxima licitación del mantenimiento. Ese traslado de costes no está cuantificado.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva años discutiendo este asunto con otros nombres. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009 y ha hecho de la externalización de servicios no sanitarios una seña de gestión. El BNG, primera fuerza de la oposición, sostiene que ese modelo diluye la responsabilidad pública.
El PSdeG ha planteado la misma objeción en el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 deputados). La sentencia no entra en el fondo del debate político, pero lo alimenta: cada condena judicial se convierte en argumento.
Porque lo que pasa en los juzgados gallegos suele adelantarse a la política. Los convenios provinciales del metal fijan estándares que después se replican, y las condenas sobre complementos de penosidad en centros sanitarios acaban pesando en la negociación colectiva de otros territorios. El pulso no es exclusivamente gallego: la frontera entre lo que asume la contrata y lo que asume la administración se discute en toda España. El litigio gallego funciona como ensayo general.
Quedan dos incógnitas. Cuántos técnicos de mantenimiento en hospitales y prisiones de Ourense están en la misma situación y no han reclamado. Y cómo se reflejará el fallo en las próximas adjudicaciones: si las empresas incluyen el plus en sus ofertas, el coste acabará en el presupuesto público; si no, el conflicto volverá a los tribunales. Por lo pronto, el TSXG ha fijado un criterio en su ámbito.
Ficha del Caso
- El caso: Un técnico de electromedicina del CHUO reclama el plus de penosidad que recoge el convenio del metal de Ourense; la empresa lo rechaza y los tribunales le dan la razón.
- Datos importantes: Complemento del 35% del salario base; 5.311,45 euros de atrasos (noviembre de 2023-septiembre de 2024); sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense confirmada por el TSXG.
- Resumen: El fallo consolida un derecho que ya estaba en el convenio y abre la puerta a reclamaciones de otros técnicos en hospitales y prisiones, con impacto en los contratos externalizados del Sergas.
