EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El USCIS, la agencia de inmigración y ciudadanía del DHS, anunció el 29 de octubre la reversión de los beneficios migratorios concedidos bajo la administración de Joe Biden a unos 2,2 millones de personas: permisos de trabajo, TPS, parole humanitario y tarjetas de residencia.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Seguridad Nacional y su agencia de ciudadanía, con el secretario Markwayne Mullin al frente, en coordinación con el ICE.
- ¿Qué impacto tiene? España no figura entre las nacionalidades cubiertas por los programas revisados, pero la medida afecta a la comunidad iberoamericana en EE. UU. y a los flujos de remesas que pesan en las cuentas de Santander y BBVA en México.
El USCIS ha revertido los beneficios migratorios que Joe Biden concedió a 2,2 millones de personas, según el comunicado que el DHS difundió este jueves.
La decisión la ejecuta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que revisa visados, permisos de trabajo, tarjetas verdes y solicitudes de nacionalidad. El departamento presentó la medida como el cierre de «los efectos posteriores de la crisis fronteriza de Biden».
Qué ha cerrado el USCIS y con qué base legal
No es una sola medida. Son cinco frentes abiertos a la vez: el fin del uso extensivo del Estatus de Protección Temporal (TPS, el amparo que permite vivir y trabajar en EE. UU. a nacionales de países en crisis), la denegación de cambios de estatus sin base legal, la emisión de avisos de comparecencia para abrir procesos de deportación, el final de la extensión automática de los permisos de trabajo y la terminación de los programas de parole categórico.
El parole es la figura que permite al secretario de Seguridad Nacional admitir a alguien por razones humanitarias o de interés público. Nació en la ley de inmigración de 1952 y está pensada para casos individuales, no para admisiones por bloques, que es como la utilizó la administración anterior con cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El ejemplo más visible es Haití. La agencia puso fin en primavera al TPS de los haitianos asentados en Springfield (Ohio), la ciudad que se convirtió en símbolo del debate migratorio durante la campaña de 2024. La medida canceló sus permisos de trabajo y abre la vía a que el ICE organice vuelos de retorno. En paralelo, el USCIS ha reactivado las verificaciones de seguridad y ha reducido a la mitad las concesiones de ciudadanía.
Washington no está cerrando la puerta a la inmigración: está reescribiendo quién entra por ella y con qué permiso firmado.
La cifra de 2,2 millones la aporta el propio departamento y no ha sido contrastada con ningún registro público independiente. Abogados de inmigración financiados por grandes donantes, jueces favorables a la acogida y grupos de defensa han planteado batallas judiciales que, según el DHS, han sido derrotadas de forma reiterada.
«El presidente Trump prometió a los estadounidenses que nuestras leyes de inmigración se aplicarían, y estas cifras reflejan la escala de ese compromiso», afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. «Asegurar la frontera era solo el principio».
Por qué esta medida llega a España por la vía de las remesas
España no figura en ninguna de las designaciones de TPS ni en los programas de parole revisados: los beneficiarios son sobre todo latinoamericanos y caribeños y, en menor medida, ucranianos, afganos y africanos. El impacto directo sobre ciudadanos españoles es limitado. El indirecto es otra cosa.
Cada deportación o permiso no renovado reduce la capacidad de enviar dinero a casa. México recibe más de 60.000 millones de dólares anuales en remesas desde EE. UU., y menos remesas significan menos consumo y menos crédito en el norte de Latinoamérica.
Ese consumo es el que sostiene la cuenta de resultados de BBVA y Santander, primer y segundo grupo financiero privado del sistema mexicano, donde obtienen en en México una parte sustancial de su beneficio consolidado.
Para el Gobierno español el asunto es de perfil político. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en vigor en junio de 2026: obliga a controles de identidad en frontera, procedimientos acelerados y un reparto de solidaridad entre Estados miembros. La Moncloa defiende un modelo de migración ordenada y vinculada al mercado laboral, con la agricultura, la hostelería y los cuidados como sectores dependientes de mano de obra extranjera.
La Lógica de Washington
Conviene entender lo que ocurre dentro del sistema. El USCIS no es una policía fronteriza: es una agencia administrativa que tramita solicitudes y su margen de discrecionalidad es enorme. Cada vez que el Congreso no legisla —y lleva dos décadas sin aprobar una reforma migratoria integral—, el Ejecutivo gobierna por instrucciones internas. Eso explica que la política migratoria americana oscile tanto y que la batalla real se libre en los juzgados.
La coalición que sostiene esta decisión es la que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca: votantes de clase media y trabajadora, muchos hijos o nietos de inmigrantes, que ven la competencia por salarios y vivienda como un problema material. Hay un precedente que casi nadie cita. La amnistía de Ronald Reagan en 1986 legalizó a unos tres millones de personas y consolidó un régimen de aplicación laxa que los electorados posteriores han ido corrigiendo.
La incógnita es judicial y presupuestaria. Las cancelaciones de TPS y el fin de las extensiones automáticas aterrizarán en tribunales federales de distrito en los próximos meses, y el ICE necesita capacidad de vuelo y plazas de detención para ejecutar lo que el USCIS deja de amparar. La orden es de Washington, pero la ejecución depende de los jueces y de la caja. Si el Congreso no acompaña con dinero, el efecto práctico será más lento de lo que sugiere el comunicado.
Ficha del Caso
- El caso: El USCIS, agencia del DHS, cierra permisos de trabajo, TPS y parole concedidos bajo la administración Biden a unas 2,2 millones de personas.
- Datos clave: Comunicado del 29 de octubre de 2026; cinco frentes (TPS, cambios de estatus, avisos de comparecencia, extensiones automáticas de permisos y parole categórico); fin del TPS haitiano en Springfield (Ohio); concesiones de ciudadanía reducidas a la mitad.
- Para España: Ninguna designación de TPS ni programa de parole cubre a españoles, pero la caída de remesas hacia México e Iberoamérica afecta a BBVA y Santander, y el endurecimiento americano condiciona el debate europeo sobre migración.
