La Inspección de Trabajo ha sancionado a Viña Campinas por emplear a dos migrantes sin permiso en la vendimia de O Ribeiro. La sociedad pertenece al grupo bodeguero de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, y es la filial que gestiona los viñedos de Casal de Armán.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Inspección de Trabajo ha sancionado a Viña Campinas, filial de la bodega familiar Casal de Armán, por emplear a dos migrantes sin permiso en la vendimia de O Ribeiro.
- ¿Quién está detrás? Viña Campinas pertenece al grupo de la familia del conselleiro de Emprego, José González Vázquez; la Inspección depende del Gobierno central.
- ¿Qué impacto tiene? Las multas van de 10.000 a 100.000 euros por trabajador irregular y la oposición exige explicaciones políticas.
Una sanción por dos trabajadores sin papeles en plena vendimia
La actuación inspectora fue de oficio y certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin permiso de trabajo en la comarca de O Ribeiro, según la documentación administrativa recogida por la prensa gallega. La propuesta de sanción se dirige expresamente contra Viña Campinas, S.L., no contra la bodega principal ni contra la supuesta empresa de trabajo temporal que, según la compañía, realizó las contrataciones.
Casal de Armán, la bodega que produce los vinos, fue fundada por el padre del conselleiro y quedó en manos de la familia por herencia. José González declaró en el Parlamento de Galicia en 2016 ser socio y propietario de terrenos, y en 2018 se desprendió de su participación, coincidiendo con su entrada en el Gobierno autonómico.
Las sanciones por este tipo de infracción oscilan entre 10.000 y 100.000 euros por cada trabajador irregular. Si se apreciara reincidencia o explotación laboral grave, los hechos podrían tener repercusiones penales. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, no ha confirmado la cuantía exacta de la multa.
La empresa ha negado irregularidades conscientes y atribuye la presencia de esos jornaleros a una empresa de trabajo temporal ajena al grupo. Asegura haber presentado una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque se negó a mostrar copia de la misma. Preguntada por qué la sanción recae sobre Viña Campinas y no sobre la ETT, la bodega explicó que la Inspección derivó la actuación contra la empresa que realizó el encargo.
Los datos registrales consolidan el perímetro familiar: Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros en 2025 y declaró una plantilla media de 10,3 personas. Bodegas Casal de Armán superó los tres millones de facturación con menos de cuatro empleados de media. La sociedad holding Rectoral de San Andrés, administrada por el hermano del conselleiro, Juan Luis González Vázquez, controla ambas empresas.
La sanción señala al entorno del conselleiro de Emprego: multas de hasta 100.000 euros por cada trabajador irregular.
La Xunta se escuda en la ley y la oposición pide explicaciones
Un portavoz del conselleiro de Emprego remitió un mensaje por escrito en el que la Xunta de Galicia defiende el cumplimiento de la legislación laboral. Todo trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social, y las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación, señaló.
El PSdeG y el BNG han reclamado explicaciones al titular de Emprego. Los dos partidos vinculan la sanción a la credibilidad del responsable autonómico de las políticas de empleo y emigración, precisamente en un sector, el vitivinícola, que cada vendimia recurre a temporeros migrantes.
No es la primera vez que Casal de Armán aparece envuelta en un litigio administrativo. En 2015, la bodega levantó un salón de eventos con estructuras prefabricadas sin permisos municipales ni autonómicos, y la administración gallega ordenó su demolición por el impacto sobre el entorno. Aquel expediente sigue recurrido, mientras la finca mantiene la edificación y la familia busca permisos para ampliar la hostelería sobre suelo rústico.
El Laboratorio Gallego
El caso introduce una variable delicada en el tablero político gallego. Alfonso Rueda gobierna con mayoría absoluta del PPdeG, el BNG es la primera fuerza de la oposición y el PSdeG busca consolidar un proyecto alternativo al nacionalismo. La sanción no afecta directamente al Gobierno autonómico, pero coloca a un conselleiro popular en una situación incómoda: dirige Emprego mientras la Inspección de Trabajo apunta a una empresa de su familia. En la Xunta, de momento, se apela a la legalidad.
La lectura nacional del expediente tampoco es menor. Alberto Núñez Feijóo fichó a González Vázquez en 2016, y el PP ha hecho del cumplimiento de la ley y la ordenación de la inmigración laboral una de sus banderas. La Inspección de Trabajo depende del Ministerio de Trabajo del Gobierno central, de modo que el caso tensa, una vez más, los equilibrios entre administraciones. En los próximos días se verá si PSdeG y BNG formalizan preguntas en el Parlamento de Galicia o si la Xunta adopta alguna medida de control interno. Esa secuencia dirá si el debate queda en lo administrativo o escala a la arena autonómica.
Ficha del Caso
- El caso: La Inspección de Trabajo sanciona a Viña Campinas, filial vitícola de la familia del conselleiro de Emprego, por emplear a dos migrantes sin permiso en la vendimia de O Ribeiro.
- Datos importantes: Multas de 10.000 a 100.000 euros por trabajador irregular; Viña Campiñas facturó 715.463,12 euros en 2025; Bodegas Casal de Armán superó los tres millones.
- Resumen: La oposición pide explicaciones y la Xunta se remite al cumplimiento de la ley, mientras se abre un debate sobre la responsabilidad institucional en un sector dependiente del trabajo temporero.
