Bruselas veta las redes sociales y los chatbots de IA a menores de 13 con el Kids Act. El reglamento, que se publica el jueves 17 de septiembre, obligará a las plataformas a verificar la edad y contempla multas del 6% de la facturación global anual.
Claves de la operación
- Veto total a los menores de 13 años en redes sociales. La norma prohíbe cuentas personales sin supervisión parental e impone restricciones a plataformas de juego y chatbots de IA.
- Consentimiento parental obligatorio entre los 13 y los 15 años. Los adolescentes solo podrán crear cuentas con autorización, controles parentales y límites de tiempo.
- Multas de hasta el 6% de la facturación global anual. Las empresas que no verifiquen la edad de los usuarios con una aplicación oficial se exponen a sanciones milmillonarias.
La verificación de edad, el nuevo frente regulatorio en la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, resumió esta semana la filosofía de la norma en una frase: ‘Sin redes sociales antes de los 13 años. Sin cuentas personales antes de los 15’. Europa tiene poder para actuar; las reglas las decidimos nosotros, no las grandes tecnológicas’, añadió. La Comisión endurece el tono frente a las grandes tecnológicas y coloca la protección del menor como prioridad legislativa en el ciclo europeo.
Según el borrador al que ha tenido acceso el diario económico Financial Times, los menores de 13 solo podrán acceder con supervisión de un adulto. Entre los 13 y los 15 años, los adolescentes necesitarán consentimiento parental para crear cuentas, con controles de tiempo y otras restricciones. Las plataformas deberán implementar medidas contra el abuso y los diseños adictivos.
Multas del 6% de ingresos globales: el cálculo que inquieta a las tecnológicas
La novedad de mayor calado es la obligación de validar la edad mediante una aplicación oficial. La verificación de edad se hará con una aplicación oficial, que funcionará como pasarela común para redes sociales, servicios de juego en línea y chatbots. La Comisión confía en que este sistema cierre la puerta a los registros falsos que hoy permiten a miles de menores saltarse los límites.
La normativa apunta también a los llamados chatbots de compañía emocional. Los chatbots de compañía emocional quedan en el punto de mira, porque Bruselas quiere prohibir los diseños que fomenten vínculos afectivos poco saludables o expongan a los menores a interacciones dañinas. Los servicios de juego en línea también deberán integrar salvaguardas contra conductas abusivas y patrones adictivos.
El régimen sancionador marca la diferencia frente a los códigos de autorregulación. La sanción puede alcanzar el 6% de la facturación global anual, un porcentaje similar al que ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos. Las plataformas que ignoren la verificación de edad se exponen a sanciones multimillonarias y a un precedente con impacto directo en cuentas de resultados que dependen de la publicidad dirigida a adolescentes.
La protección del menor deja de ser un compromiso publicitario para convertirse en un requisito de mercado con multas proporcionales a los ingresos globales.
El espejo español y la batalla por la privacidad
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años abriendo expedientes a plataformas por falta de consentimiento parental verificable. España ya venía apretando con la AEPD en el control parental y ahora la norma europea homogeneiza los criterios, evitando que los países compitan a la baja. Para la AEPD, el Kids Act es una validación de una línea que en el sur de Europa se aplicaba antes que en el resto.
Observamos, sin embargo, una tensión estructural: el gran reto es armonizar la verificación sin dañar la privacidad. Exigir una aplicación oficial de edad obliga a todos los usuarios a revelar identidad a un tercero. Si ese mecanismo falla o genera fricción, los menores migrarán a servicios sin sede europea y la norma acabará protegiendo solo a quienes ya estaban protegidos.
El calendario político dará la última palabra. La negociación entre Estados y Parlamento decidirá el calendario real y, sobre todo, el alcance técnico de la verificación. El primer test llegará con la publicación del texto completo el jueves 17 de septiembre. Las patronales tecnológicas ya anticipan una batalla legal por posibles restricciones a servicios legítimos.
