La filial renovable de Jealsa impulsa dos centrales de bombeo de agua marina en Oia y O Rosal con unas 50.000 alegaciones.
Dos captaciones en la costa, dos balsas de 20 hectáreas y un umbral de 50 megavatios
Beltaine, la sociedad de renovables del grupo conservero Jealsa, tramita ante la Xunta de Galicia —el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela— dos concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre. Una para la central de Fonte das Mañas, en Oia, y otra para la de Portocelo, en O Rosal. Los anuncios de información pública se publicaron en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 6 y el 8 de julio, y abrieron un plazo de 20 días hábiles para alegar. En pleno verano y con media plantilla municipal de vacaciones.
El esquema es el habitual en una central hidroeléctrica de bombeo, con una diferencia sustancial: aquí la masa de agua que se almacena es salada. El sistema conecta dos depósitos a distinta altura, bombea hacia arriba cuando sobra producción y turbina hacia abajo cuando la demanda aprieta. Sobre el terreno, eso significa dos captaciones en el litoral, dos plantas con turbinas, tuberías ladera arriba, y dos balsas de unas 20 hectáreas cada una en el monte de la Serra da Groba, en un entorno natural de valor elevado.
Los números afinan el encuadre administrativo. Una de las instalaciones declara 49,95 megavatios y la otra, 49,77. Las dos se quedan justo por debajo del umbral de 50 megavatios que trasladaría al Gobierno central, y no a la Xunta, la evaluación ambiental: la distancia al límite es de 50 y de 230 kilovatios. Bruno Centelles, de la plataforma SOS Groba, añade otro motivo de sospecha: los dos expedientes caminan por separado aunque la propia documentación reconoce que funcionarán unidos, y los textos reproducen párrafos idénticos de una intentona anterior en Punta Centinela, en el límite con Baiona, que no llegó a prosperar.
La respuesta social ha sido masiva. A las alegaciones de los dos ayuntamientos se sumaron las de Adega y el Instituto de Estudos Miñoranos, hasta unas 50.000 según los cálculos de las plataformas vecinales. Al frente de los consistorios afectados hay alcaldesas de signo distinto y con el mismo rechazo: Cristina Correa, del PP, en Oia, y Ánxela Rodríguez, del BNG, en O Rosal. Correa califica los planes de «despropósito» y sostiene que ponen en peligro «recursos básicos, como nuestros acuíferos». Rodríguez añade otra crítica: que se pongan recursos comunitarios «al servicio de una empresa privada».
Dos proyectos presentados como expedientes independientes y una documentación que admite que funcionarán juntos: la fragmentación también es una decisión de diseño.
Acuíferos, turberas, el Camino de Santiago y un único precedente en Okinawa
El catálogo de riesgos que manejan los ayuntamientos es largo. Salinización de acuíferos y de los manantiales de los que se abastece la población, afección a áreas de turberas, ruido durante la obra y durante el funcionamiento de las turbinas, deterioro del paisaje y pérdida de valores patrimoniales —en la zona se celebra el curro da Valga—. A eso se suma que por ahí pasa el Camino de Santiago desde Portugal por la costa, una ruta cada vez más transitada. Toda la costa gallega está declarada zona de especial protección para las aves, y ahí aparece la pregunta de fondo: recursos hídricos de agua dulce y almacenamiento de agua salada en el mismo monte.
El único antecedente que citan los promotores está a miles de kilómetros. La planta de bombeo marino de la isla japonesa de Okinawa, hoy desmantelada, demostró en su día —según los proyectos presentados— que el sellado de la balsa aguanta «más de 40 años» y que las tuberías resisten la corrosión sin adherir organismos marinos. Las alcaldesas responden que aquello fue un experimento con filtraciones. Greenpeace mantiene una posición intermedia: su portavoz en Galicia, Manoel Santos, acepta el almacenamiento como recurso, pero avisa de que «en Red Natura no se pueden aceptar» y de que el agua salada es «una tecnología no madura».
El caso de A Groba no está solo. Hace unas semanas se registró otra solicitud de almacenamiento hidráulico en los ríos Sil y Edrada, en Parada de Sil (Ourense). La firma A Senra Infraestructuras, sociedad conjunta de Iberdrola y Naturgy, pide a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil tomar hasta 75.000 litros por segundo del cauce. La Plataforma de Investigadores Ambientales ya ha presentado alegaciones: la zona forma parte del bien de interés cultural del paisaje de la Ribeira Sacra y el proyecto choca con la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, por ahora rechazada.
El Laboratorio Gallego
Conviene mirar el mapa político antes de mirar el mapa energético. En Oia gobierna el PP; en O Rosal, el BNG. Los dos ayuntamientos han presentado alegaciones contra los mismos proyectos. El asunto no divide por siglas, divide por territorio, y eso explica por qué el rechazo ha sido tan transversal en una comarca donde los vecinos llevan años peleando contra parques eólicos. La Xunta de Galicia —en manos del PPdeG, el Partido Popular de Galicia, con mayorías absolutas consecutivas desde 2009— es quien debe resolver las concesiones de dominio público marítimo-terrestre. El BNG, primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega, con 75 deputados), ha convertido la planificación energética en uno de sus ejes de confrontación, y el PSdeG reclama más control autonómico sobre los grandes proyectos de almacenamiento.
La dimensión estatal es difícil de esquivar. Las centrales de bombeo existen desde hace décadas, hay varias en España y alguna en Galicia, pero el debate sobre cuánta capacidad de respaldo necesita el sistema para integrar renovables se decide en Madrid, no en Santiago. El umbral de los 50 megavatios, esa línea que separa la evaluación autonómica de la estatal, es una regla estatal. Lo que se ve en A Groba es cómo esa regla aterriza en un municipio de la comarca de O Baixo Miño. Con el plazo de alegaciones ya cerrado, los siguientes hitos son administrativos: informes sectoriales sobre acuíferos y patrimonio, resolución de la Xunta y, previsiblemente, recursos. La incógnita es doble: si el expediente aguanta el escrutinio técnico y si alguien asume políticamente la respuesta cuando llegue.
Ficha del Caso
- El caso: Beltaine, filial renovable de la conservera Jealsa, tramita dos centrales de bombeo con agua de mar en la Serra da Groba, en Oia y O Rosal, entre el rechazo de los ayuntamientos y las plataformas vecinales.
- Datos importantes: 20 días hábiles de información pública (anuncios en el DOG del 6 y 8 de julio); dos balsas de unas 20 hectáreas; potencias de 49,95 y 49,77 megavatios, por debajo del umbral estatal de 50; alrededor de 50.000 alegaciones según las plataformas.
- Resumen: El proyecto pone a prueba el encaje del bombeo marino en un entorno protegido, con la Xunta como autoridad decisoria y el marco energético estatal como telón de fondo.
