Un tribunal de Almería condena a 47 años de cárcel a una madre que prostituyó a sus hijas de 5 y 9 años.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia Provincial de Almería condena a 47 años a una madre por explotar sexualmente a sus dos hijas, de 5 y 9 años.
- ¿Dónde y quién? Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. La sentencia absuelve a la pareja de la acusada y admite recurso.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La mujer pierde la patria potestad, tendrá 35 años de alejamiento y deberá indemnizar con 60.000 euros a cada niña.
El fallo impone 18 años de cárcel por dos delitos de explotación sexual y otros 29 años más como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual. El tribunal tuvo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y el prevalimiento que la progenitora tenía sobre ellas. Conforme al Código Penal, el cumplimiento efectivo se quedará en un máximo de 20 años.
Una condena de 47 años que se quedará en 20 de cárcel efectiva
La resolución da por probado que, en fechas no determinadas entre 2021 y 2022, la acusada utilizaba a sus hijas menores para concertar citas con distintos hombres que no pudieron ser identificados. Fueron varias ocasiones y en algunas los encuentros se produjeron en grupo, según los testimonios.
El pago, detalla la sentencia, se hacía en “billetes azules”, la forma en la que las niñas describieron el dinero que la madre recibía por cada cita. La Audiencia Provincial de Almería sostiene que la mujer se aprovechó de su posición para facilitar los encuentros a cambio de un beneficio económico.
La Sección Tercera absuelve, en cambio, a la pareja sentimental de la condenada. El tribunal no tiene constancia de que interviniera en los hechos ni de que participara en ninguno de los encuentros. La única alusión contra él resultó tan genérica y abstracta que no permite un pronunciamiento condenatorio.
Cuarenta y siete años de condena no devuelven la infancia a dos niñas, pero fijan el límite que la justicia no está dispuesta a cruzar.
El testimonio de la hija mayor que sostiene el fallo
El tribunal apoyó su convicción en la declaración de la mayor de las niñas, un testimonio preconstituido que consideró creíble, coherente y persistente. A esa prueba se sumó el informe de los pediatras que las atendieron y la denuncia de la pareja del padre, en mayo de 2023, al enterarse de lo que estaba ocurriendo.
También respaldó la acusación el informe psicológico de la fundación Márgenes y Vínculos, que calificó el relato de las víctimas como probablemente creíble y constató sintomatología compatible con violencia sexual en las pequeñas. La Audiencia Provincial de Almería ha protegido en todo momento la identidad de las menores.
Además de las penas de prisión, el tribunal priva a la mujer de la patria potestad y la condena a 30 meses de multa, a razon de seis euros diarios, por cada uno de los dos delitos de explotación sexual. Se suman una década de libertad vigilada y 35 años de alejamiento e incomunicación. Deberá indemnizarlas con 60.000 euros a cada una.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, máximo órgano judicial de la comunidad, con sede en Granada. El caso seguirá abierto durante los próximos meses.
La Lectura Andaluza
La sentencia dice mucho de Almería, una provincia de más de 740.000 habitantes que concentra el mayor parque de invernaderos de Europa, con más de 30.000 hectáreas bajo plástico. Detrás de esa potencia económica hay una red de servicios públicos que sostiene lo más frágil: los menores. En Andalucía, la protección de la infancia corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y los protocolos de detección en colegios, centros de salud y servicios sociales son la primera barrera.
Para el lector, la lectura es doble. El sistema judicial responde cuando alguien denuncia: la pareja del padre de las niñas alertó en mayo de 2023 y esa llamada acabó sentando a la madre en el banquillo. Pero también recuerda que la violencia sexual contra menores no siempre llega desde fuera del hogar, y que la vigilancia empieza en la comunidad educativa y en la pediatría de atención primaria.
Queda por delante el recorrido judicial. La defensa puede recurrir ante el TSJA y, si el fallo se confirma, la mujer cumpliría un máximo de 20 años. Las niñas seguirán bajo medidas de protección y con una indemnización de 60.000 euros cada una que no repara nada, pero reconoce el daño. Queda, en una tierra que presume de acogedora, la obligación de mirar de frente a los casos que incomodan.
