Sánchez e Illa han hecho de la Festa de la Rosa de Gavà un acto por la financiación singular de Cataluña y el nuevo reparto autonómico. Los presidentes del Gobierno y de la Generalitat han escenificado este domingo una piña total en el arranque del curso político del PSC.
La Festa de la Rosa es la cita anual con la que el socialismo catalán inaugura el calendario. Este año llega con un horizonte cargado: elecciones municipales y generales en 2027. Y con un asunto que el PSC quiere convertir en bandera propia, el nuevo sistema de financiación autonómica que debe pasar por el Congreso de los Diputados.
El Gobierno dice que pierde 21.000 millones para que ganen las comunidades
La puesta en escena tuvo un mensaje central. Sánchez ha subrayado que la reforma ‘solo la pierde el Gobierno y la ganan las comunidades. En cifras: 21.000 millones de euros que, según el presidente, dejará de ingresar el Ejecutivo central para reforzar los servicios públicos de las autonomías y ‘que haya menos listas de espera’.
El presidente ha insistido en que esa tarea se hará de la mano de la Generalitat. Ha mencionado también la quita de la deuda del FLA como parte del paquete. Y ha cargado contra quienes se oponen a mejorar los recursos autonómicos —PP y Vox, sin citar a Junts— tildándolo de ‘incomprensible’. Su símil: el cliente que rechaza en su oficina bancaria que le bajen la cuota.
Ese silencio sobre Junts no es casual. El partido de Carles Puigdemont sostiene la mayoría de la investidura y, a la vez, marca distancia con el modelo que negocian PSC y ERC. La mención selectiva a PP y Vox permite a Sánchez situar el debate donde le conviene: la derecha como único obstáculo.
La financiación se ha convertido en el campo donde el PSC quiere medir fuerzas con el PP, y Gavà ha sido el pistoletazo de salida.
El reto de Illa a Feijóo: financiación, amnistía y el catalán en Bruselas
Illa no se quedó en la reivindicación económica. Retó a Alberto Núñez Feijóo a ‘trabajar’ por la financiación autonómica y a abandonar su política fiscal de ‘bajar los impuestos a los ricos’. Describió Cataluña como ‘un país solidario’ que no pide ‘ningún privilegio’, sino ‘los mismos recursos a los que tienen derecho el resto de ciudadanos de España’.
El president fue más allá. Desafió al líder del PP a reconocer que ‘la amnistía ha funcionado en Cataluña’ y que ‘la convivencia ha mejorado’. Y le reclamó que haga campaña por la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en las instituciones europeas. El tono, con guiño incluido sobre el origen gallego de Feijóo, buscaba descolocar al PP en su propio terreno.
Hubo más. Illa afeó a Feijóo su ‘patriotismo de darse golpes en el pecho pero ayudar poco’, con la acogida de menores migrantes de la crisis de Ceuta como ejemplo. Y presentó al PSC como garante de la convivencia frente a quienes, dijo, prefieren el conflicto.
Sánchez siguió esa línea. Celebró que la ‘Cataluña de 2026 se parece mucho más a la que quieren los catalanes’, abierta y reconciliada con otros territorios, y contrapuso ese relato con Feijóo y Abascal. Eso sí, el presidente evitó entrar en el conflicto territorial más allá del encaje de la financiación.
Por qué esta vez la llave no está solo en Junts
Aquí empieza lo interesante. El PSC ha decidido nacionalizar la financiación: venderla como una mejora para todas las comunidades, no como un traje a medida para Cataluña. Es la lectura que conviene a Sánchez en el Congreso y la que le permite sumar apoyos fuera del bloque de la investidura.
El problema es que ERC compró el relato contrario. La financiación singular, inspirada en el concierto económico vasco, fue una de las condiciones que los republicanos pusieron sobre la mesa en el pacto de investidura. Si el Govern la diluye en una reforma general, la coalición cruje.
Y no es la primera vez. Desde 2024, la bilateral entre Generalitat y Moncloa se ha reunido a cuentagotas, sin calendario fijo y sin cerrar el modelo. Cada cita se ha vendido como avance, y cada cita ha dejado el asunto abierto. El patrón se repite.
La aritmética parlamentaria añade presión. La reforma necesita votos que hoy no están garantizados: el PP ya ha anunciado su rechazo, Junts condiciona su sí, y ERC exige garantías por escrito. Sin un acuerdo previo, el texto puede quedarse en el limbo del Congreso durante meses.
Lo que se juega el PSC no es menor. Con las municipales y generales de 2027 en el punto de mira, Illa necesita exhibir gestión y un discurso propio sobre Cataluña. La financiación le sirve de bandera, pero también de trampa: si promete más de lo que puede entregar, el desgaste llegará antes de las urnas.
El próximo hito será el debate en el Congreso y la convocatoria de la comisión bilateral, aún sin fecha. Hasta entonces, Gavà queda como lo que fue: un arranque de curso con más gestos que soluciones.
