Microsoft advirtió en sus propios documentos que el público vería el entrenamiento de la IA con obras protegidas como ‘un robo asombroso’. El expediente acaba de salir a la luz en Nueva York.
Lo que revelan los documentos internos
No es una acusación de un medio rival. Es la advertencia interna de Brent Hecht, director de ciencia aplicada de Microsoft, recogida en un escrito que The New York Times y otros editores hicieron público esta semana en su demanda por derechos de autor IA contra la tecnológica y contra OpenAI en un tribunal federal de Manhattan. Hecht avisó de que millones de personas pronto considerarían que esos modelos que ‘absorben’ todo su trabajo son un robo de proporciones sin precedentes. La empresa lo sabía y lo dejó por escrito.
El expediente no se detiene ahí. Nick Turley, responsable de ChatGPT en OpenAI, escribió que sus productos ‘son en gran medida sustitutivos, y punto’, y admitió que lo serán más a medida que mejore la tecnología. Los editores, añadió, afrontan una ‘amenaza existencial’.
Los documentos internos van más lejos. Uno describe la práctica como ‘el mayor robo de trabajo de la historia de la humanidad’. Otro admite que la estrategia de contenido de Microsoft ‘ha puesto en marcha un bucle de perdición que perjudicará al mismo tiempo a los modelos y a toda la web’. Un tercero define los grandes modelos de lenguaje como ‘un producto que destruye su propia cadena de suministro’.
El propio consejero delegado, Satya Nadella, testificó que hablar con un chatbot ‘ha sustituido’ la visita a las fuentes originales y que ‘todo lo que está detrás de un muro de pago debería licenciarse’ para entrenar modelos. Greg Brockman, cofundador de OpenAI, escribió que los modelos son ‘especialmente buenos prediciendo el texto de las noticias’. Cuando un empleado le habló de un ‘truco para saltarse el muro de pago del New York Times’ y así ‘raspar’ el sitio, Brockman contestó: ‘ah, qué bien’.
Según la parte demandante, el Departamento de Justicia había sostenido ante un juez que el entrenamiento de IA es fair use (uso legítimo) porque los modelos aprenden patrones del texto en vez de duplicarlo. Los mensajes internos debilitan ese argumento. Las tecnológicas se contradicen a sí mismas en sus propios correos. ‘Estas compañías admiten en sus comunicaciones internas cosas que contradicen de plano su defensa’, sostiene Evan Swarztrauber, socio de CorePoint Strategies y ex asesor de la FCC, el regulador de telecomunicaciones de EE. UU.
El escudo legal de Silicon Valley se apoya en que la IA aprende patrones, no copia. Los correos internos de sus propios ingenieros dicen justo lo contrario.
Un portavoz de Microsoft, Alex Haurek, sostuvo este lunes que los escritos de Hecht reflejaban ‘la perspectiva individual de un empleado’ y no representaban la postura de la compañía.
El pulso llega a Bruselas y a los editores españoles
El caso importa más allá de Manhattan. La UE aprobó el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que obliga a los grandes modelos a publicar un resumen del material con el que se entrenan. El litigio americano añade munición a los editores europeos, que reclaman un marco de licencias equiparable al que OpenAI y Microsoft ya han firmado con algunos grupos de medios anglosajones.
En España la exposición es directa. Los editores agrupados en asociaciones como la AMI, la patronal de los grandes diarios, siguen estos litigios como referencia para sus propias reclamaciones. Un modelo que ‘sustituye’ la lectura de un artículo no solo copia: compite. Grupos como PRISA, Vocento o Godó se enfrentan a la misma pregunta: si la IA aprende de sus textos, ¿a qué precio?
La Lógica de Washington
¿Por qué Washington no ha zanjado el debate? Porque el propio poder ejecutivo está dividido. El Departamento de Justicia sostiene que el entrenamiento es fair use (uso legítimo), una doctrina judicial que permite usar obra protegida con fines transformadores. La Casa Blanca, en cambio, quiere que las tecnológicas paguen: Donald Trump advirtió en julio de 2025, al presentar su Plan de Acción para la IA, que ‘no se puede pretender tener un buen programa de IA si por cada artículo o libro que has leído tienes que pagar’.
Esa contradicción es la clave. La doctrina del fair use nació en el siglo XIX para que la crítica, la docencia o la parodia no tuvieran que pedir permiso. Nadie imaginó entonces un sistema que ingiere millones de obras y devuelve un producto que compite con ellas. Es la misma tensión que enfrentó a las tecnológicas del streaming con la industria musical: primero se copió, después se licenció.
La coalición que sostiene a las tecnológicas no es monolítica. Dentro del Partido Republicano conviven los halcones del libre mercado, que defienden el fair use como motor de innovación, y un ala proteccionista que ve en Silicon Valley un poder que no paga por por la materia prima. La presión de los creadores, muchos afines a Trump, pesa. Y los tribunales avanzan más rápido que el Congreso.
Para España, el desenlace se juega a dos bandas. Si los tribunales americanos validan el fair use, las licencias tardarán; si lo tumban, los editores europeos podrán exigir condiciones equivalentes al amparo de las obligaciones de transparencia del reglamento comunitario. La ventana no se cierra pronto: la demanda del New York Times seguirá en los tribunales, previsiblemente, hasta bien entrado 2027, y el DOJ mantiene su posición de fondo.
Lo que observamos es que Washington repite el manual del streaming, no el de Smoot-Hawley. Primero la disputa judicial; después, el acuerdo de licencias. La incógnita es el precio y el plazo. Y ese plazo, para los editores españoles, cuenta.
Ficha del Caso
- El caso: Un expediente desclasificado en la demanda del New York Times contra OpenAI y Microsoft revela que sus propios directivos anticiparon que entrenar la IA con obra protegida parecería un robo.
- Datos clave: Microsoft describió internamente la práctica como ‘el mayor robo de trabajo de la historia de la humanidad’ y como ‘un producto que destruye su propia cadena de suministro’; el DOJ defiende el fair use, mientras la Casa Blanca reclama licencias.
- Para España: El litigio americano refuerza la posición de los editores europeos y españoles, que reclaman un sistema de licencias amparado en las obligaciones de transparencia del reglamento comunitario de IA.
