EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, ha reclamado al Ejecutivo que lleve el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, el mismo día en que la comisión judicial ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro.
- ¿Quién está detrás? La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, responsabiliza a la Comunidad de Madrid y sostiene que el Gobierno ha intentado intervenir para evitar el desalojo. El Gobierno apunta al PP; Sumar, al PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? Sin la norma, los contratos de renta antigua seguirán expuestos a desalojos. El Congreso ya rechazó en abril un decreto de Sumar que incluía una prórroga de alquileres y un límite del 2% a las actualizaciones de renta.
El decreto de vivienda del PSOE afronta este miércoles una nueva presión desde su socio de coalición. Sumar ha reclamado al Gobierno que incluya el Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día del Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, horas después de que la comisión judicial haya ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro.
Qué pide Sumar y cómo responde el Gobierno
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha sido explícita en sus redes sociales. ‘El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros. El PSOE no puede seguir dilatándolo más’, ha defendido, antes de añadir que ‘PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra’. La dirigente ha vinculado la aprobación de la norma con el caso de Maricarmen y ha pedido que no vuelva a producirse un desalojo en circunstancias similares.
La respuesta del ala socialista del Ejecutivo ha llegado con el foco puesto en la Comunidad de Madrid. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado a la administración autonómica de la situación y ha defendido que el Gobierno central ha tratado de intervenir para evitar el desalojo. Cuando nosotros intentamos hacer todo eso, hay gente que está trabajando en la dirección contraria’, ha asegurado Rodríguez.
El desahucio de Maricarmen: cronología de un desalojo anunciado
El desalojo se ha ejecutado este miércoles tras varias horas de resistencia frente al portal de la vivienda. La Policía Nacional ha desplegado numerosos efectivos para despejar el acceso al inmueble, y apartar a los manifestantes que trataban de impedir la entrada de la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen ha abandonado la vivienda junto a los servicios sociales. El conflicto se remonta a la venta del edificio en el que reside, cuando la nueva propiedad comunicó su intención de elevar el alquiler.
La situación desembocó en un procedimiento judicial para poner fin al contrato de renta antigua que la mujer mantiene desde que heredó el arrendamiento de su madre. 71 años viviendo en el mismo piso, una renta de 500 euros mensuales y una empresa propietaria que reclama ahora más de 2.000 euros, una cantidad que supera con holgura la pensión que recibe.
El precedente está en el Congreso y es reciente. En abril, la Cámara rechazó un decreto impulsado por Sumar que incluía, entre otras medidas, una prórroga de determinados contratos de alquiler de la que podría haberse beneficiado Maricarmen, además de un límite del 2% a las actualizaciones de renta. El voto en contra del PP, Junts y Vox frustró entonces la norma. La reclamación de Mónica García queda ahora pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.
Ningún expediente judicial debería pesar más que el derecho de una mujer de 87 años a morir en la casa en la que ha vivido casi toda su vida.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz y en Moncloa conviven con la evidencia de que esta es una legislatura de geometría variable. El rechazo del Congreso en abril al decreto de Sumar demostró que la mayoría de investidura no se activa de forma automática para cualquier medida de vivienda: el PP, Junts y Vox coincidieron en el ‘no’ y dejaron el texto en vía muerta. Reconstruir esa mayoría exige ahora una negociación fina con grupos que ya votaron en contra, y ahí el margen del Grupo Parlamentario Socialista se estrecha. La presión de la ministra de Sanidad añade un segundo frente, el interno: Sumar quiere marcar perfil propio en vivienda y el PSOE no puede permitirse aparecer como el socio que frena una norma de protección social.
El aterrizaje territorial del debate es inequívoco. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, concentra uno de los parques de alquiler más tensionados del país y acumula los casos de desalojo con mayor impacto mediático. El contraste con los territorios gobernados por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña— alimenta el argumentario socialista: allí donde gobierna el centro-izquierda, las políticas de vivienda pública y de contención de rentas avanzan con más instrumentos y con más financiación estatal movilizada.
La lectura a medio plazo es nítida. La Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en 2023, fue el primer blindaje estatal de la legislatura; el decreto pendiente aspira a ser el segundo. Si el Consejo de Ministros del martes 29 lo aprueba, el texto llegará al Congreso con un plazo de convalidación de treinta días y devolverá el pulso a la Cámara. Si no lo hace, Sumar dispondrá de munición sobrada para instalarse como la fuerza que empuja mientras el PSOE administra. La decisión no admite más demoras: cada semana sin norma es una familia más expuesta al desalojo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La vivienda como derecho y no como negocio: el PSOE presenta la norma como blindaje social frente a los fondos buitre y la especulación del alquiler.
- Protagonista: Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda) y Mónica García (ministra de Sanidad y líder de Más Madrid).
- Próximo hito: La decisión del Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre sobre la inclusión del Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día.
