EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta de Portavoces del Congreso ha fijado para el 6 de octubre el debate de la reforma constitucional impulsada por Asturias sobre iniciativas populares y referendos.
- ¿Quién está detrás? La propuesta valenciana de recuperar el derecho civil sigue sin fecha porque les Corts Valencianes no designa a los portavoces que deben defenderla en Madrid. Compromís ha pedido a Feijóo que lo desbloquee.
- ¿Qué impacto tiene? El cupo mensual para las iniciativas autonómicas se agota y el calendario se estrecha ante la posible tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
Compromís ha pedido a Feijóo que desbloquee el derecho civil valenciano mientras el Congreso ya tramita la reforma constitucional asturiana.
El 6 de octubre se debatirá la reforma asturiana, y la valenciana sigue sin fecha
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados (el órgano que ordena los debates de la Cámara Baja) ha fijado para el próximo 6 de octubre el debate de la reforma constitucional promovida por Asturias, que busca introducir cambios en las iniciativas populares y en los referendos. La iniciativa asturiana avanza. La valenciana, no.
En el centro de la parálisis está la propuesta valenciana para modificar la Carta Magna y recuperar su derecho foral histórico. Sigue bloqueada en el punto de partida: les Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, no ha designado a los portavoces que deben defender la reforma ante la Cámara Baja. Sin esa delegación, el Congreso no puede abrir el debate. El tiempo, mientras tanto, corre.
Ni les Corts designan ni Feijóo contesta: dos cartas sin respuesta
No es la primera vez que ocurre. Las Islas Baleares ya lograron su reforma para que Formentera eligiera un senador propio cambiando el artículo 69.3 de la Constitución. Mientras aquello se aprobaba, la petición valenciana continuó parada. El aval es amplio: más de 541 ayuntamientos y las propias Corts respaldaron la reivindicación. Sin embargo, el PP valenciano, que la impulsó en su día, y Vox, contrario por principio a que las autonomías tengan competencia legislativa propia en esta materia, no la han empujado en Madrid.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, escribió a su homóloga en el Hemiciclo valenciano, Llanos Massó, para apremiarle a designar a los diputados que deben defender la propuesta en la Cámara Baja. No obtuvo respuesta. Tampoco la ha recibido la carta que Compromís envió a Feijóo.
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez estuvo presente en la Junta de Portavoces del martes. Preguntó por la reivindicación valenciana y comprobó que les Corts siguen sin contestar. Su diagnóstico es de reloj: hay un cupo mensual para las cuestiones impulsadas por los parlamentos autonómicos y «se acaba el tiempo».
El debate valenciano no se ha perdido por falta de apoyos, sino porque nadie ha designado a quien debía pedirlos.
Ibáñez se muestra convencido de que la reforma contaría con apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante. Eso sí, esa mayoría podría no repetirse si hay renovación del hemiciclo. Y si el Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado, el calendario se estrecha hasta febrero, salvo disolución anticipada de las Cámaras.
El Escenario Valenciano
El bloqueo del derecho civil valenciano retrata la aritmética del pacto PP-Vox que sostiene el Consell de Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025. La Presidencia de les Corts está en manos de Vox, el partido que nunca ha querido que la Comunitat legisle en esta materia, mientras el PP valenciano carga con una reivindicación que abanderó durante años y que hoy no empuja.
A eso se suma que el PP valenciano convive con el proceso judicial de la DANA, que mantiene al expresident Carlos Mazón, hoy diputado en les Corts, en el foco mediático y judicial. La reivindicación civil, mientras tanto, sigue esperando turno. Y el precedente no invita al optimismo: el Tribunal Constitucional ya anuló en 2016 la competencia sobre derecho civil propio que las Corts habían incorporado al Estatut, de modo que la reforma de la Carta Magna es hoy la única puerta abierta.
En clave nacional, el caso valenciano expone una contradicción incómoda para el PP: Feijóo reclama más autogobierno en los territorios donde gobierna y, al mismo tiempo, no desbloquea una reforma que su partido impulsó en la Comunitat. El precedente balear demuestra que la vía funciona cuando hay voluntad política. En el Congreso, la mayoría que respaldó aquella reforma existe sobre el papel, pero el calendario depende de los Presupuestos y de una eventual disolución anticipada de las Cámaras.
La próxima cita es el 6 de octubre, y no será con la reforma valenciana. El cupo autonómico es mensual y Compromís calcula que, si el Gobierno presenta los Presupuestos, no habrá hueco para nuevas peticiones de los parlamentos regionales hasta febrero. En Valencia, la pelota sigue en el tejado de les Corts: designar a los portavoces cuesta una firma y no llega.
Ficha del Caso
- El caso: La reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano sigue sin fecha en el Congreso porque les Corts Valencianes no designa a los portavoces que deben defenderla en Madrid.
- Datos importantes: La Junta de Portavoces ha fijado el 6 de octubre para la reforma asturiana; la petición valenciana cuenta con el aval de más de 541 ayuntamientos; la carta de Francina Armengol a Llanos Massó sigue sin respuesta.
- Resumen: Compromís pide a Feijóo que desbloquee la delegación valenciana mientras el cupo autonómico se agota y el calendario del Congreso se estrecha por los Presupuestos.
