El Ayuntamiento de València tramita este miércoles la aprobación provisional del plan que da cobertura a la Torre Boluda, de 13 plantas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València lleva a su orden del día la aprobación provisional del Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, el documento que da cobertura a la Torre Boluda de 13 plantas y 56 metros.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal del PP, la Autoridad Portuaria de València y Boluda Corporación Marítima, frente al informe de la dirección general de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
- ¿Qué impacto tiene? El plan se eleva a la Conselleria de Territorio para su aprobación definitiva, mientras las obras de la torre siguen paralizadas por haberse iniciado sin licencia municipal.
La torre de 13 plantas que el Ministerio considera ilegal
La comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València lleva este miércoles a su orden del día el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto de València, el documento urbanístico que regula los usos, las actividades, y las edificaciones previstas en todo el ámbito, con especial incidencia en el entorno del muelle Príncipe Felipe. Se trata de una aprobación provisional que llega después del periodo de alegaciones y que ahora se eleva a la Conselleria de Territorio para su aprobación definitiva.
Dentro de ese perímetro conviven dos piezas clave. Por un lado, el edificio de oficinas actual de Vicente Boluda, naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Por otro, los terrenos contiguos donde su mercantil inició las obras de la nueva Torre Boluda, de 13 alturas y 56 metros, al amparo de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de València (APV). El consistorio paralizó los trabajos al comprobar que habían arrancado sin la preceptiva licencia municipal. Y ahí siguen.
El problema de fondo lo puso por escrito la dirección general de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En un informe firmado en marzo, el departamento advirtió de que la altura prevista —planta baja más 13 pisos, 56 metros— “resultaría contraria a lo regulado en la zona de influencia por la normativa de Costas”. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que el dominio público portuario se rige por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y, de forma supletoria, por la Ley de Costas.
En ese escrito se añade una condición concreta: deberá garantizarse que las alturas propuestas no generen una pantalla arquitectónica en los primeros 500 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Una concesión portuaria no borra la Ley de Costas: la disputa por la Torre Boluda decidirá qué norma manda en el borde del mar.
La multa doble y el edificio que Boluda quiere desproteger
La APV contestó con su propia interpretación jurídica. Alegó que los terrenos, aunque son dominio público marítimo-terrestre, también son dominio público portuario, de modo que su régimen lo fija la normativa sectorial y las servidumbres de la Ley de Costas no le serían de aplicación. La autoridad portuaria se apoyó en un informe de la Abogacía del Estado y subrayó que el escrito ministerial se había emitido fuera de plazo, aunque acabó incorporado al expediente. Dos administraciones estatales, dos lecturas opuestas del mismo suelo.
Sigue abierto, además, el expediente sancionador municipal. La sanción a Boluda podría acabar siendo doble: una por infracción leve, al iniciar los trabajos sin los permisos exigidos, y otra por infracción grave, al verse afectadas las obras a un inmueble catalogado. La cuantía no está fijada y el procedimiento continúa su curso ordinario.
En paralelo, la mercantil ha presentado alegaciones para evitar que el Plan Especial recoja su sede actual como edificio protegido. Sostiene que el inmueble, antigua sede de Unión Naval de Levante, ya no se corresponde con el original por las transformaciones de la reforma de 2006-2007 —cambio de volumen, nueva planta acristalada y demolición de la decoración interior—, por lo que “carece de valor histórico, arquitectónico y etnológico suficiente”. El Ayuntamiento ha desestimado la pretensión: la protección puede fundarse también en la significación histórica del inmueble y en su vínculo con la memoria industrial del frente marítimo.
El Escenario Valenciano
El caso dibuja un tablero poco habitual. El Ayuntamiento de València y la Generalitat —ambos en manos del PP, la segunda en coalición con Vox— comparten expediente con dos ministerios del Gobierno central: Transportes, del que depende la APV, y Transición Ecológica. La aprobación definitiva corresponde ahora a la Conselleria de Territorio del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que tendrá que decidir si asume la tesis portuaria o si incorpora las condiciones del informe de Costas. De ese pronunciamiento depende que la torre siga su curso o encare un nuevo parón.
La dimensión nacional es evidente. Los puertos de interés general son competencia estatal y sus concesiones se rigen por la ley portuaria, mientras el dominio público marítimo-terrestre queda bajo la protección de la Ley de Costas desde 1988. Qué norma prevalece cuando ambas concurren sobre el mismo suelo afecta a todos los puertos españoles y ya ha generado litigios en otros frentes, como el hotel de El Algarrobico, en Almería, símbolo de la aplicación de la ley de costas frente a las construcciones en primera línea.
La proyección inmediata pasa por tres frentes abiertos: la aprobación definitiva en la Conselleria de Territorio, la resolución del expediente sancionador y un eventual recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunitat Valenciana. Mientras se despeja el camino administrativo, las obras de la Torre Boluda siguen paralizadas y el calendario de la concesión, corriendo. El Ayuntamiento mantiene su hoja de ruta: el plan avanza con el aval del Puerto y sin el aval del Ministerio.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de València aprueba provisionalmente el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto, que da cobertura a la Torre Boluda, pese al informe contrario de Transición Ecológica.
- Datos importantes: La torre proyectada tiene planta baja más 13 alturas (56 metros). Costa y el Mar advirtió en marzo de que esa altura incumple la normativa de la zona de influencia. Las obras siguen paralizadas por iniciarse sin licencia y el expediente sancionador podría derivar en doble multa.
- Resumen: El plan se eleva a la Conselleria de Territorio para su aprobación definitiva, en un pulso entre la ley portuaria y la Ley de Costas con consecuencias para el conjunto de los puertos españoles.
