EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los ayuntamientos y consejos comarcales que prestan servicios sociales en toda Cataluña, y de forma directa a las personas sin hogar y a las familias con menores en seguimiento.
- ¿Cuándo ocurre? El nuevo contrato programa cubre el periodo 2027-2030 y entra en vigor el 1 de enero de 2027.
- ¿Qué cambia hoy? La Generalitat deja de pagar vía subvención y pasa a la transferencia directa, con 1.100 plazas nuevas contra el sinhogarismo y 93 educadores de calle.
El Govern y el mundo local firman el mayor contrato programa de servicios sociales de Cataluña: 2.318 millones de euros hasta 2030. La cifra supone un 66,4% más que el anterior y llega con un cambio de método que los ayuntamientos llevaban años reclamando: se acaban las subvenciones y todo irá por transferencia directa.
Cada cuatro años, el contrato programa fija cómo y en qué medida la Generalitat financia los servicios sociales que prestan los municipios y los consejos comarcales. El Departamento de Derechos Sociales ha pactado con las entidades municipalistas mejoras tanto en lo que se paga como en la forma de pagarlo. La firma ha corrido a cargo del consejero Raúl Moreno, el presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), David Bote, y la presidenta de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Meritxell Budó, en un acto encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
El president ha vendido el acuerdo como el tercer gran pacto de la legislatura en derechos sociales, después de la equiparación salarial del sector con las patronales y de las partidas de la conselleria en los presupuestos de 2026. En su intervención defendió la voluntad del Govern de ‘ir alcanzando acuerdos para corregir situaciones’ que no funcionan en los municipios.
Moreno puso el acento en la escala: ‘Nunca la Generalitat había invertido tanto en las políticas sociales que van a parar a los municipios’. La letra pequeña importa. Una parte del salto se explica por la aprobación de las cuentas: sin unos presupuestos actualizados, el nuevo contrato programa habría salido con partidas mucho menores, y en este ejercicio solo una adenda ha sostenido el marco vigente.
A partir del 1 de enero de 2027, los consistorios dejarán de justificar cada euro con la documentación farragosa que arrastra la subvención. Cobrarán por transferencia directa, lo que debería agilizar la respuesta ante necesidades sobrevenidas. El sinhogarismo es hoy la más urgente de todas.
Cambiar la forma de pagar antes que la cantidad no es un detalle administrativo: un ayuntamiento que cobra en enero puede abrir una plaza en enero.
Qué hay dentro de los 2.318 millones
El bloque contra el sinhogarismo es el que crece con más fuerza. Los fondos se duplican hasta los 133 millones de euros en cuatro años y financian 1.100 plazas nuevas de urgencia, atención diurna, alojamiento temporal y pisos de inclusión. Se suman 93 educadores de calle, encargados de derivar a quien duerme a la intemperie hacia recursos habitacionales que muchas veces desconoce. Según los registros oficiales, 2.000 personas duermen en la calle en Cataluña y otras 3.000 lo hacen en centros de baja exigencia.
Las áreas básicas de servicios sociales ganan 276 profesionales, y una subida salarial atada al IPC año a año. Solo en 2027 esa partida asciende a 35,7 millones. La mayoría de los consejos comarcales verán financiado el 75% de sus equipos de atención primaria, y 14 de ellos superarán el 80%.
En infancia y adolescencia, el horizonte es doblar los menores atendidos por los Servicios de Intervención Socioeducativa hasta los 40.000, con 472 profesionales nuevos volcados en el trabajo con las familias para reducir los ingresos en centros.
El Servicio de Atención Domiciliaria también se encarece: pasa de 24 a 30 euros por hora en tres años, lo que debería traducirse en mejores condiciones laborales para un sector muy feminizado. En juventud, la Generalitat delega en los ayuntamientos competencias como los puntos de información juvenil y eleva su financiación un 39%.
El sinhogarismo ya no es solo un problema de Barcelona
El fenómeno lleva años enquistado en las capitales de provincia, con Barcelona a la cabeza, pero ya asoma en ciudades medianas. Sobre todo en localidades con estación de tren, como Vilanova i la Geltrú o Sitges, donde la llegada de cercanías y regionales facilita que personas sin recursos se desplacen y acaben quedándose. Eso tensa a unos servicios municipales que hasta hace poco no tenían ni protocolos ni plazas para atenderlas. El sinhogarismo deja de ser un asunto metropolitano y pasa a ser una carga comarcal.
Pongamos las cifras en su sitio. Los 133 millones contra el sinhogarismo equivalen a unos 33 millones al año para atender a unas 5.000 personas entre la calle y los centros de baja exigencia. Los 2.318 millones del conjunto del contrato programa son unos 580 millones anuales, en torno a 72 euros por catalán y ejercicio. Hablamos de la red que sostiene a quien no tiene nada, no de un plan de infraestructuras.
Lo que este tercer acuerdo le da a Illa y lo que le falta
Lo que observamos es que el calendario pesa tanto como el presupuesto. El Govern en minoría necesita exhibir gestión y acuerdos amplios, y el municipalismo es el terreno donde menos ruido se le presupone. Bote y Budó representan a las dos grandes entidades municipalistas, de distinto color político, y eso permite vender transversalidad en un curso marcado por la negociación de la financiación singular con el Gobierno central y por la presión de ERC y Junts en el Parlament. El contrato programa reparte, además, dinero directo al territorio, que es donde los partidos se juegan las elecciones municipales.
El riesgo no está en la firma, sino en la ejecución. Los 276 profesionales de las áreas básicas y los 472 de infancia no se contratan con un decreto: el sector viene de años de sobrecarga, de listas de espera y de dificultades serias para cubrir plazas en comarcas rurales. A eso se suma la dependencia de que cada ejercicio haya presupuestos. El contrato programa nació, de hecho, lastrado por la falta de unas cuentas actualizadas, y solo una adenda ha salvado el año en curso. Un marco cuatrienal sin presupuesto anual es una promesa con fecha de caducidad.
Lo comprobaremos pronto. El nuevo contrato programa entra en vigor el 1 de enero de 2027 y la primera liquidación por transferencia directa debería resolverse en el primer trimestre. Ahí se verá si las 1.100 plazas existen de verdad y si los educadores de calle encuentran a quien buscan. De momento, el Govern ya puede decir que suma el tercer acuerdo social de la legislatura. El cuarto tendrá que llegar con las cuentas de 2027 encima de la mesa.
