Salvador Illa ha comparecido este miércoles en el Parlament para explicar por qué el 23,2% del alumnado catalán quedó fuera de PISA. Lo ha hecho con una fórmula que no admite matices: ‘errores graves e inaceptables’ que el Govern, ha dicho, no piensa minimizar.
El president de la Generalitat ha reconocido la cadena de fallos, ha confirmado la destitución de la número dos de la conselleria de Educación y ha defendido los tres expedientes disciplinarios abiertos. No ha aportado, en cambio, ninguna conclusión de la investigación interna del departamento. Su argumento: hay que preservar las garantías y el derecho de defensa de las personas afectadas.
La cadena de avisos que nadie escaló
La comparecencia ha servido, sobre todo, para reconstruir una cronología incómoda. El Instituto Nacional de Evaluación de la Enseñanza (INEE) alertó siete veces de los problemas de la muestra desde que las pruebas arrancaron en abril de 2025. Según Illa, esa información no llegó a los responsables políticos del departamento hasta enero de 2026.
El relato técnico que ha expuesto el president sitúa el origen del fiasco en marzo de 2025, cuando el Consell Superior d’Avaluació se reunió con los centros seleccionados y les entregó la documentación de forma incompleta: faltaba el umbral del 5% de exención que fija la OCDE. Las pruebas comenzaron el 31 de marzo. El 9 de abril, el INEE ya comunicó al Consell que la exclusión superaba lo permitido, y en las semanas siguientes llegaron hasta seis informes técnicos más, sin que ninguno se tradujera en una corrección sobre el terreno.
La mayoría de esos avisos técnicos no llegó a traducirse en una corrección a tiempo. Las pruebas terminaron el 16 de mayo y el último informe consta el 30 de mayo. En junio de 2026, el INEE confirmó el alcance real: de los 51 centros evaluados en Catalunya, solo 5 quedaron dentro de los parámetros de la OCDE. De los 2.545 alumnos llamados a participar, 541 quedaron exentos, ese 23,2% que ha acabado invalidando el estudio.
El problema no fue de corrección ni de manipulación, sino de un aviso técnico que se quedó atascado en el escalón equivocado de la administración.
Illa ha insistido en que las pruebas no se perdieron ni se alteraron, y ha reducido el asunto a un ‘problema metodológico’ derivado de un error de interpretación y transmisión de la información. La conselleria ha abierto dos expedientes por incumplimiento grave y uno por infracción grave en materia de transparencia y buen gobierno. ‘No debería haber pasado. El Govern lo asume’, ha zanjado.
Un Govern solo ante la oposición y sus propios socios
La intervención no ha satisfecho a nadie en la Cámara. Una tras otra, las formaciones han reprochado al president falta de transparencia, y varias han pedido directamente la cabeza de la consellera Esther Niubó. La petición de comparecencia partió de la oposición, que quería un responsable político señalado antes de que el curso arrancara con normalidad. Illa ha mantenido la confianza en su titular de Educación y ha esquivado el gesto que le exigían desde los escaños y desde algunos de sus propios socios de investidura.
El detalle no es menor. La comparecencia se ha producido antes del debate de política general que abre oficialmente el curso parlamentario, una anomalía que el propio Govern ha asumido como forzada por la presión. La crisis de PISA ha adelantado el calendario y ha colocado la educación en el centro del primer gran cara a cara del curso.
Lo que el fiasco de PISA dice del curso político catalán
Más allá del expediente, lo que Illa ha puesto sobre la mesa es un diagnóstico de fondo y una promesa que necesita aliados. El president ha advertido de un descenso muy preocupante de los resultados educativos, ha subrayado que solo cuatro países mejoran en las pruebas de la OCDE y ha reclamado un gran acuerdo para dedicar de forma gradual el 6% del PIB a la enseñanza.
Ese acuerdo, tal y como lo ha dibujado, tendría que apoyarse en pocas medidas —cinco o seis—, cifras y fechas de cumplimiento, rendición anual en el Parlament y continuidad más allá de la legislatura. A eso se suma la propuesta de un modelo catalán de bienestar digital, con la prohibición de la IA en las escuelas hasta los 14 años y el impulso de la lectura y la escritura, línea que el Ejecutivo ya había anticipado el martes.
Queda por ver si el consenso llega antes de que el desgaste haga el trabajo por su cuenta.
El reproche tiene doble filo. Illa ha sostenido que los déficits en enseñanza ‘no han ocupado la centralidad’ en las preocupaciones de gobiernos anteriores, una crítica que también interpela a su propia gestión. Y el gran acuerdo que propone depende de un consenso parlamentario que hoy no está garantizado: la misma sesión en la que lo ha reclamado ha servido para que oposición y socios le exigieran cuentas.
El hito es claro. El debate de política general fijará si el gran acuerdo educativo arranca con apoyo real o si queda en una declaración de intenciones. Las cifras del fiasco, eso sí, ya no se pueden deshacer. El Govern afronta el curso con tres expedientes abiertos, una consellera cuestionada y un 23,2% que forma parte del relato más incómodo de la legislatura.
