La Audiencia Nacional ha condenado a ‘Sito Miñanco’ a 17 años de prisión por introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha condenado a José Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, por dirigir la organización de la ‘Operación Mito’.
- ¿Dónde y cuándo? La sentencia se ha conocido este miércoles 23 de septiembre y sanciona hechos cometidos en 2017 entre Sudamérica y Europa.
- ¿Qué resultado? 17 años de prisión, multas superiores a 420 millones de euros y condenas para el resto de la red, con 20 personas físicas y cuatro jurídicas absueltas.
Diecisiete años y una multa superior a 420 millones
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal impone a José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, 12 años de prisión por un delito contra la salud pública y otros cinco años por blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal.
En total, 17 años de cárcel y multas que superan los 420 millones de euros. La sentencia, de 325 páginas, aprecia la agravante de reincidencia y una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas; la Fiscalía Antidroga había solicitado 31 años y seis meses de prisión.
La ‘Operación Mito’ y el buque Thoran
El relato de hechos probados sitúa a ‘Sito Miñanco’ y al holandés Raymond Van Rij, también condenado, al frente de dos asociaciones criminales que en 2017 se concertaron para trasladar cocaína desde Sudamérica hasta Europa. El tribunal le atribuye la dirección del grupo, con el alias interno de ‘Mario’.
El plan contemplaba la introducción de 615 kilos de cocaína en Holanda en noviembre de 2017 y el traslado de otros 3.305,280 kilos desde Sudamérica hasta España a bordo del buque Thoran. En total, casi cuatro toneladas de droga distribuidas en distintos países europeos, en el marco de la ‘Operación Mito’.
La sentencia subraya una circunstancia especialmente grave: el condenado dirigía la organización mientras cumplía una condena anterior de 16 años y diez meses por tráfico de drogas. Lo hacía en régimen de tercer grado en el Centro de Inserción Social Manuel Montesinos de Algeciras, entre 2016 y 2017, lo que le permitía trabajar en un aparcamiento.
La condena confirma el golpe asestado a una organización que movía cocaína entre Sudamérica, Holanda y España, con casi cuatro toneladas de droga en juego.
La Sala rechaza buena parte de las operaciones de blanqueo atribuidas a los acusados y establece que el mero transporte de dinero de procedencia delictiva no constituye por sí solo un delito de blanqueo si no se acredita su incorporación al circuito legal. Solo en el caso de la sociedad Autos Vicmar los magistrados dan por probado que el condenado y su compañera sentimental ingresaron fondos procedentes de la venta de estupefacientes.
La resolución absuelve al abogado Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, por los que la Fiscalía pedía nueve años y nueve meses de cárcel. La acusación se refería a la intervención de casi 900.000 euros en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017; la Audiencia atribuye la falsedad al acusado Manuel González Rubio.
El Contexto Operativo
El narcotráfico transnacional hacia Europa es una de las principales amenazas que afrontan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La península ibérica, y en particular las costas de Galicia y del Estrecho, sigue siendo una de las principales puertas de entrada de la cocaína que llega al continente desde Sudamérica.
La ‘Operación Mito’, que ahora culmina con la sentencia, refleja la magnitud de las redes que persiguen los cuerpos policiales cada año: una estructura capaz de mover casi cuatro toneladas de droga en una sola campaña y de operar desde el propio sistema penitenciario.
En esa labor trabajan la Policía Nacional y la Guardia Civil, en coordinación permanente con otros cuerpos policiales europeos a través de los canales de cooperación internacional.
El fallo supone la culminación judicial de años de investigación contra una organización liderada por uno de los narcotraficantes más perseguidos de España. La sentencia no es firme: contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que puede prolongar el procedimiento durante meses. El tribunal deja constancia de la capacidad de la red para combinar el transporte marítimo de grandes partidas con operaciones financieras destinadas a dar apariencia legal a los beneficios.
