La UCO ha pedido al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de las cuentas que Aldama y sus socios mantienen en Portugal. El oficio, remitido el 9 de septiembre, cifra el desvío en 78.318.349 euros dentro del fraude de hidrocarburos.
La Unidad Central Operativa es la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en crimen organizado, delitos económicos complejos y blanqueo de capitales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO de la Guardia Civil ha reiterado al juez Pedraz el bloqueo inmediato de decenas de cuentas en Portugal y nuevas diligencias sobre su trazabilidad.
- ¿Dónde y cuándo? Cuentas abiertas en Portugal por Villafuel y sus socios; la petición se remitió al juzgado el 9 de septiembre.
- ¿Qué resultado? El desvío cuantificado asciende a 78.318.349 euros, frente a los 56.525.664 euros localizados hasta ahora por las autoridades portuguesas.
El rastro de 78,3 millones hasta las cuentas portuguesas
El oficio de la UCO subraya que el análisis de los productos bancarios aportados por las autoridades portuguesas ha permitido elevar la cantidad inicialmente cuantificada hasta los 78.318.349 euros. Portugal había identificado y localizado, en su respuesta de julio de 2025, la entrada de 56.525.664 euros procedentes de la operadora y de las suministradoras implicadas en el fraude. El desfase entre ambas cantidades es lo que ha motivado la nueva petición al juez.
El recorrido del dinero documentado hasta ahora detalla transferencias por 36,4 millones de euros desde cuentas españolas a las de Villafuel en Portugal, a las que se suman otros 3,6 millones enviados desde Still Growing SL, matriz de la compañía, a la portuguesa EF Iber Combustibles. Desde esta última salieron 3,1 millones hacia cuentas lusas de Villafuel. Otros 14,4 millones viajaron desde la suministradora Obaoil 3000 SL: 10,5 millones a Labirinto de Bruma, 3,4 a Cálculo Corrente y 500.005 euros a cuentas de la propia Obaoil. Una tercera vía, la de Salamanca Fuel Center, movió 10,6 millones hacia Agarrobvio, Airosoásis y Aroundpages.
Los agentes advierten de que en determinados movimientos bancarios existe una \»falta de información suficiente\» que impide identificar el origen o el destino de los fondos, lo que imposibilita el estudio de su trazabilidad. Por ese motivo reclaman el saldo total paralizado en las cuentas asociadas a la estructura portuguesa y, en caso de no haberse ejecutado aún, el bloqueo inmediato de todos los productos titulados por esas mercantiles.
La UCO identifica a EF Iber Combustibles como \»una sociedad primordial en la estructura empresarial de la organización en Portugal\» y ha detectado nuevas mercantiles asentadas en el país, como Tsai & Iwa, además de nuevas cuentas bancarias. Para avanzar, solicita al juez la verificación de sus sedes, la localización de sus administradores, los trabajadores dados de alta y extractos del registro mercantil con directores, accionistas y beneficiarios reales desde el 1 de mayo de 2020.
La petición de la UCO evidencia la capacidad de la Guardia Civil para reconstruir el rastro del dinero hasta el último eslabón de la estructura en Portugal.
Del fraude a la Hacienda Pública al blanqueo de capitales
Los investigadores sostienen que la organización operaba a través de dos estructuras diferenciadas: la primera diseñada para consumar el delito contra la Hacienda Pública y la segunda, para posibilitar el blanqueo de los capitales obtenidos. Se les imputan delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública cometidos entre 2022 y 2024, cuantificados inicialmente en 182,5 millones de euros, y de blanqueo de capitales.
La UCO quiere además cursar una nueva orden europea de investigación a Portugal para que se analice la posible transformación de los fondos en criptomonedas. Entre los movimientos que tratan de aclarar figura el pago de 765.745 euros de Agarrobvio a dos cuentas españolas, una extinguida y otra administrada por Luis Alberto Escolano, considerado por los agentes como presunto testaferro del comisionista.
Fuentes cercanas a Villafuel han señalado que la empresa facilitará a los investigadores toda la información necesaria para aclarar la trazabilidad del dinero de sus cuentas en Portugal. Esta causa motivó el ingreso en prisión de Aldama y su posterior puesta en libertad tras manifestar su intención de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en otro procedimiento, en el que resultaron condenados el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
El Contexto Operativo
La investigación se enmarca en la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, una modalidad que combina la emisión de facturas entre sociedades interpuestas con el traslado posterior de los beneficios a través de cuentas en el extranjero. Los 182,5 millones de euros imputados en esta causa entre 2022 y 2024 sitúan el procedimiento entre los de mayor volumen económico abiertos por la Guardia Civil en los últimos años. Europol, la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones transnacionales entre los cuerpos policiales de los Estados miembros, sitúa el blanqueo basado en el comercio —el uso de sociedades y facturación para alejar los fondos— entre las técnicas de ocultación más empleadas por las redes de crimen organizado en Europa.
El trabajo de trazabilidad desarrollado por la UCO con las autoridades portuguesas ha permitido seguir el recorrido de los fondos cuenta a cuenta y detectar estructuras societarias creadas para dificultar su identificación, un patrón habitual en las redes de blanqueo que operan entre España y Portugal. La continuidad de la investigación depende ahora de la decisión de Pedraz sobre el bloqueo de las cuentas y de la nueva orden europea de investigación, que deberá determinar el destino de los fondos retornados a España y su posible conversión en criptomonedas. La Guardia Civil mantiene abiertas ambas líneas y no descarta nuevas actuaciones sobre las mercantiles identificadas en el país vecino.
