El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España en varias ocasiones por no aplicar directivas comunitarias de aguas, residuos, medio ambiente o transporte. En algún caso, el fallo llegó con sanción económica directa: la depuración de aguas residuales acumula 12 millones de euros de multa única y 10,95 millones por cada semestre de retraso. En otros, la sentencia es una declaración de incumplimiento cuya factura puede llegar más tarde, si Bruselas vuelve a Luxemburgo a pedir una segunda condena.
La selección sigue un criterio estricto: solo figuran asuntos con sentencia firme del tribunal europeo, identificados con su fecha y su número de expediente, y ordenados por la gravedad del incumplimiento y por su coste potencial para las arcas públicas. Cuando la resolución todavía no fija un importe, se indica, porque la multa dependerá de si España corrige antes de que la Comisión Europea reclame. Quedan fuera apercibimientos y procedimientos abiertos sin fallo.
1Depuración de aguas residuales: la multa de 12 millones más 10,95 por cada semestre de retraso
El origen está en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018 (asunto C-205/17), que condenó a España por no ejecutar el fallo de 2011 sobre la Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de aguas residuales urbanas. Bruselas había fijado el 31 de diciembre de 2000 como fecha límite para que las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes equivalentes contaran con redes colectoras y sistemas de depuración, un plazo incumplido durante casi dos décadas. La condena consistió en una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, abonada el 11 de octubre de 2018, más una multa coercitiva de 10,95 millones por cada semestre de retraso. El Tribunal apreció que el carácter «especialmente prolongado» de la infracción constituía una circunstancia agravante.
La sanción semestral es decreciente: baja a medida que cada aglomeración regulariza su situación. Tras los primeros cumplimientos —Tarifa, Nerja, Isla Cristina, Gijón-Este o Coín, entre otros—, el importe descendió de los 10,35 millones iniciales a 3.130.872 euros por semestre. El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció en noviembre de 2024 que España había abonado 12 pagos semestrales por un total de 90.510.924 euros, de los que 78,5 millones eran multas coercitivas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y posterior repercusión a las administraciones responsables. Quedan cuatro aglomeraciones sin cumplir: Barbate (Cádiz) y Matalascañas (Huelva), competencia del Estado, y Alhaurín el Grande (Málaga) y Valle de Güímar (Tenerife), de las comunidades autónomas. La sentencia del TJUE de 18 de diciembre de 2025, que aprecia incumplimientos en 50 aglomeraciones como Donostia-San Sebastián, Cáceres o Mérida, abre la puerta a nuevas penalizaciones.
