El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España en varias ocasiones por no aplicar directivas comunitarias de aguas, residuos, medio ambiente o transporte. En algún caso, el fallo llegó con sanción económica directa: la depuración de aguas residuales acumula 12 millones de euros de multa única y 10,95 millones por cada semestre de retraso. En otros, la sentencia es una declaración de incumplimiento cuya factura puede llegar más tarde, si Bruselas vuelve a Luxemburgo a pedir una segunda condena.
La selección sigue un criterio estricto: solo figuran asuntos con sentencia firme del tribunal europeo, identificados con su fecha y su número de expediente, y ordenados por la gravedad del incumplimiento y por su coste potencial para las arcas públicas. Cuando la resolución todavía no fija un importe, se indica, porque la multa dependerá de si España corrige antes de que la Comisión Europea reclame. Quedan fuera apercibimientos y procedimientos abiertos sin fallo.
2Vertederos ilegales: la condena a cerrar decenas de escombreras que siguen activas
España no es novata en este frente. El Tribunal de Justicia de la UE ya la condenó el 25 de febrero de 2016 (asunto C-454/14) por una treintena de vertederos no conformes en el País Vasco, Canarias, Aragón, Murcia y Andalucía, y repitió el 15 de marzo de 2017 (C-563/15) por 61 vertederos ilegales sin sellar ni restaurar —24 en Canarias y 26 en Castilla y León, entre otros—, con costas para el Estado pero sin multa en aquel momento. Sobre ese incumplimiento nunca cerrado del todo se levantó el tercer asalto: el 7 de febrero de 2024 la Comisión Europea volvió a llevar a España ante el TJUE por la persistencia, desde 2008, de al menos 195 vertederos ilegales sin clausurar, sellar ni restaurar. La carta de emplazamiento databa de diciembre de 2015 y el dictamen motivado, de noviembre de 2018; Bruselas consideró insuficientes los avances.
El pleito, registrado como asunto C-382/25 con demanda presentada el 11 de junio de 2025, acusa a España de un incumplimiento «general, sistemático y continuo» de los artículos 13 y 15 de la Directiva marco de residuos. Lo que hace temer una factura millonaria es la jurisprudencia reciente: en marzo de 2025 el TJUE impuso a Croacia un millón de euros más 6.500 euros diarios por el vertedero de Biljane Donje, y en octubre de 2025 condenó a Grecia a 5,5 millones y 12.500 euros al día por el de Zante. Mientras el expediente avanza, son los Presupuestos Generales y los autonómicos quienes asumen el sellado: Canarias ha invertido unos 5 millones en cerrar ocho escombreras y le quedan 22, con horizonte en 2027; en Madrid, la Comunidad se comprometió en julio de 2023 con la Comisión a actuar en Los Blancares (Valdemoro), uno de los 17 puntos denunciados, tras una sanción de 120.000 euros a la empresa infractora que esta nunca cumplió.
