Sumar ha puesto precio a su apoyo a los Presupuestos de 2027: la prestación universal por crianza y más fondos para vivienda.
El arranque de la negociación: primer presupuesto de la legislatura y un calendario ajustado
El Gobierno ha iniciado los contactos en el Congreso de los Diputados para recabar apoyos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027, con la intención de presentarlo antes de que termine el año. La semana pasada, el Ejecutivo escenificó el pistoletazo de salida dentro de la propia coalición con una reunión entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, en representación del PSOE y de Sumar. Varios grupos parlamentarios han confirmado el comienzo de las conversaciones.
Serían las primeras cuentas que se presentan en esta legislatura. Las de 2023 siguen vigentes después de tres prórrogas consecutivas, un escenario que ningún gobierno había sostenido tanto tiempo y que explica la premura de Hacienda por cerrar el proyecto en plazo. Desde Sumar, su portavoz, Verónica Barbero, ha asegurado que las negociaciones avanzan con el debido sigilo y con la vocación de alumbrar los presupuestos «más expansivos posibles».
El resto de los socios ha movido ficha con sus propias condiciones. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cree que hay «probabilidades» de que el proyecto llegue a la Cámara y que así se lo ha trasladado el Gobierno, que también ha tendido la mano al PNV. La portavoz de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero, pide al Ejecutivo que «sea hábil» y tenga «un poco de humildad», sabiendo que no dispone de mayoría.
El diputado del BNG, Néstor Rego, admite que la expectativa es «baja», aunque ve margen si existe voluntad real y no se trata de un «paripe». El PP, por boca de Ester Muñoz, sostiene que el Gobierno presentará las cuentas únicamente como «reclamo electoral», y recuerda que se lleva hablando de esta negociación tres años y medio sin que hayan sido registradas en la Cámara Baja.
Las dos exigencias de Sumar: prestación por crianza y fondos de vivienda
Sumar pondrá el foco en dos bloques. El primero es la prestación universal por crianza, una ayuda por hijo a cargo que la formación viene reclamando desde antes de las elecciones y que obligaría a repensar la actual maraña de deducciones fiscales y complementos. El segundo es la vivienda: más fondos para ampliar el parque público y para reforzar los instrumentos de contención de precios del alquiler.
Lo que Sumar reclama en los Presupuestos no es un adorno de coalición: es la traducción presupuestaria de su identidad, y ahí el margen de rebaja es estrecho.
La elección de las dos banderas no es casual. La vivienda conecta con el electorado joven y con los confluentes urbanos, mientras que la prestación por crianza funciona como seña de identidad del ala más socialdemócrata del espacio. Ambas medidas tienen un coste alto, un encaje jurídico discutido y un calendario de implantación que no cabe en un solo ejercicio presupuestario.
Ninguna de las dos propuestas es inédita. La prestación por crianza y el refuerzo del parque público de vivienda ocupan un lugar central en el discurso de la formación desde su fundación, y recuperarlas ahora en clave presupuestaria permite a Sumar presentar la negociación como una oportunidad para cumplir lo prometido, y no como una concesión arrancada a Hacienda.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno de Sumar se juega en una doble dirección. Hacia dentro, la formación necesita que sus confluentes —Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, Catalunya en Comú, o Chunta Aragonesista, entre otros— reconozcan las dos banderas presupuestarias como propias y no como agenda de la dirección. Hacia fuera, el pulso con el PSOE se plantea en términos de suma cero: cada euro que Hacienda destine a la prestación por crianza es un euro que no irá a otra prioridad.
La dimensión de coalición es, por tanto, doble. Sumar negocia con el PSOE dentro del Gobierno, pero también compite con él por el relato del resultado. Si las cuentas salen adelante con la prestación y con más vivienda, Sumar podrá exhibir capacidad de influencia; si se quedan por el camino, el coste político lo pagará la parte minoritaria de la coalición y no la mayoritaria. Ese es el cálculo que atraviesa cada reunión.
El calendario marca los próximos movimientos. El Ejecutivo quiere registrar el proyecto antes de que termine el año y ya ha contactado a tres socios —Bildu, PNV y BNG—, además del propio Sumar. El precedente inmediato son las cuentas de 2023, vigentes tras tres prórrogas consecutivas, el recordatorio de lo que ocurre cuando la aritmética no cierra. La próxima prueba de fuego llegará con la ronda formal de contactos y con la decisión sobre si el proyecto se registra de verdad o se vuelve a aplazar.
Ficha del Caso
- El caso: El Gobierno abre los contactos parlamentarios para los Presupuestos de 2027 y Sumar condiciona su apoyo a la prestación universal por crianza y a más fondos para vivienda.
- Datos importantes: Serían las primeras cuentas de la legislatura; las de 2023 siguen vigentes tras tres prórrogas consecutivas. El Ejecutivo aspira a registrarlas antes de que acabe el año y ya ha contactado con Bildu, PNV y BNG, además de Sumar.
- Resumen: La negociación mide la capacidad de Sumar para convertir su programa en política fiscal y la disposición del PSOE a ceder en dos materias de coste elevado. Su desenlace condiciona la estabilidad del gobierno de coalición.
