EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este jueves que el desahucio de Maricarmen, vecina del distrito de Retiro, se ejecutó por orden judicial y ‘en cumplimiento de la ley’ estatal de vivienda.
- ¿Quién está detrás? Isabel Díaz Ayuso, que señala al Gobierno de Pedro Sánchez por gestionar la ejecución a través de la Policía Nacional y por alentar la ‘quema de calles’.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso directo entre Madrid y Moncloa sobre vivienda, orden público y uso de la calle, con la ley estatal de vivienda en el centro del debate.
Isabel Díaz Ayuso defiende que el desahucio de Maricarmen se ejecutó por orden judicial y en cumplimiento de la ley.
Lo ha dicho en un foro organizado por el Círculo de Empresarios, en Madrid, con un argumento central: el Ejecutivo y sus socios han tenido ocho años para modificar las normas que permitieron la ejecución y no han movido un solo artículo.
El desahucio lo ejecutó la Policía Nacional, cuerpo que depende del Ministerio del Interior, y lo ordenó un juez. La presidenta madrileña ha situado el caso en su dimensión real: ‘Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España’.
Una orden judicial, 25.500 desahucios al año y una ley que el Gobierno no ha tocado
La cifra sitúa el episodio en su contexto. No es una decisión de la Comunidad de Madrid, sino la aplicación de una norma estatal y de un mandato judicial: la mayoría de los desahucios se ejecuta por orden de un juez, no por criterio político. Y ese marco, sostiene la dirigente regional, lleva ocho años intacto pese a que el Gobierno podía haberlo corregido en cualquier momento.
A eso se suma el balance de vivienda. El Ejecutivo prometió 184.000 viviendas y no ha ‘construido ninguna’, mientras la ley estatal aprobada en 2023 —la que el PP reclama derogar— sigue empujando los precios al alza. El mercado de compra y alquiler se está viendo ‘perjudicado’, con un daño directo a la economía, al talento y, de forma muy especial, a los jóvenes.
El mapa de las ejecuciones también incomoda a Moncloa. El mayor volumen se concentra en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y solo a larga distancia en Madrid. ‘Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa’, ha subrayado, antes de recordar que esas cifras conviven con la compra de voluntades que luego no funciona.
Madrid ejecuta un desahucio por cada cinco que se producen en Cataluña, la comparación que Ayuso ha puesto sobre la mesa frente al relato de Moncloa.
De Chamberí a la ONU: la acusación de alentar la quema de calles
La tarde del miércoles reunió a cerca de 10.000 personas frente al ático de Chamberí que adquirió la Comunidad de Madrid. La presidenta no ha pasado por alto el episodio y ha convertido la calle en el segundo eje de su intervención.
Su reproche a Pedro Sánchez es directo: con los ‘problemas importantes’ que atraviesa España, el presidente ha elegido la tribuna de la ONU para, a su juicio, ‘promover la quema de calles, que es lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos’.
Las protestas, ha advertido, son más violentas desde el arranque de septiembre y no van a dejar de serlo. De ahí el aviso a los madrileños, que pueden acabar ‘presos’ de un ambiente irrespirable, y a todo el que estudia, trabaja o invierte en la región.
Hay, además, una lectura empresarial. Ese clima no favorece la inversión ni da seguridad, y es el motivo principal por el que muchas compañías se plantean llevar su prosperidad a otros lugares. Lo que se busca, ha dicho, es ‘reventar el esfuerzo de todos’ y ‘desahumanizar y acosar’.
El Eje del Poder Popular
La intervención de Ayuso encaja con el argumento que Génova viene sosteniendo sobre vivienda desde hace tres años: hay un problema de oferta y la ley estatal lo agrava. El Grupo Parlamentario Popular ha convertido este asunto en uno de sus ejes de oposición, con la derogación de la norma como objetivo declarado y la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos como bandera. No es un asunto menor para un partido que gobierna en 11 comunidades autónomas y que aspira a que ese contraste territorial se traduzca en respaldo electoral.
El aterrizaje es inmediato en los territorios. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —tres de los ejecutivos populares con más peso económico— aplican ya políticas de suelo, avales y desregulación orientadas a ampliar la oferta, y reclaman al Estado que no les ponga zancadillas. La comparación con Cataluña, donde el PSC gobierna con el respaldo de los independentistas, no es casual: allí se concentra el mayor número de ejecuciones y allí no hay margen para una política de vivienda propia. Cada desahucio ejecutado en la región vecina es material político para el PP.
Conviene recordar el precedente: la Ley 4/2013, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para flexibilizar los contratos y ampliar la oferta de alquiler. Aquel texto liberalizó plazos y garantías en un mercado tensado y sirvió para contener precios en plazos cortos. Lo que está en juego ahora es distinto: el PP quiere situar la vivienda en el centro de la agenda institucional y reclama a Moncloa que convoque la Conferencia de Presidentes para abordarla junto a la financiación autonómica.
Queda, eso sí, un riesgo inmediato: que el ruido de la calle desplace al dato y que la política de vivienda acabe discutiéndose a gritos frente a un portal en vez de en el Boletín Oficial del Estado. La próxima cita para medir el pulso será el próximo Comité de Dirección del PP, donde Génova fijará posición sobre el marco estatal. Mientras, el debate sigue abierto.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La ley estatal de vivienda es el problema y las comunidades populares, la solución.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: La Conferencia de Presidentes que el PP reclama sobre vivienda y financiación, todavía sin fecha por parte de Moncloa.
