La insolvencia de particulares en Sevilla sube un 25% en un año y tensiona ya el crédito de miles de familias andaluzas.
Los números son del Colegio de Registradores. La provincia cerró el primer semestre de 2026 con 954 particulares en concurso de acreedores, frente a los 765 contabilizados entre enero y junio del año anterior. Son 189 expedientes más, un 24,7% de subida, según la Estadística del Procedimiento Concursal que elabora el organismo con las inscripciones registrales. Casi un millar de procedimientos en seis meses que llevan al juzgado un problema doméstico: qué hacer cuando las deudas ya no se pueden afrontar o cuando todo apunta a que pronto será imposible pagarlas.
El aumento recorre las dos mitades del semestre. Entre enero y marzo se registraron 505 particulares concursados, un 20,5% más que los 419 del mismo tramo de 2025. Entre abril y junio fueron 449, frente a los 346 de un año antes, lo que eleva el crecimiento interanual de ese trimestre al 29,8%, el ritmo más alto del semestre. Eso sí: el segundo trimestre sumó menos casos que el primero, así que las tablas describen una subida clara respecto a 2025, no una escalada continua a medida que avanza 2026.
En el conjunto de Andalucía, Sevilla encabeza la comunidad con 954 casos, seguida de Málaga (799), Almería (448), Granada (422), Córdoba (325), Cádiz (321), Huelva (69) y Jaén (50). La comunidad suma 3.388 particulares concursados y algo más de uno de cada cuatro corresponde a Sevilla. Son volúmenes absolutos, sin ajustar por población, de modo que no equivalen a una clasificación del riesgo de insolvencia de los vecinos de cada provincia: para eso habría que cruzar los expedientes con los datos de población y renta que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
La comparación estatal dibuja la dimensión del caso sevillano. Andalucía pasa de 2.931 concursos de particulares a 3.388 entre los dos primeros semestres, un 15,6% más, mientras el conjunto de España sube de 21.532 a 25.155, un 16,8%. El crecimiento de Sevilla supera en 9,1 puntos al andaluz y en 7,9 al nacional, siempre con la misma categoría estadística y los mismos periodos de las tablas oficiales.
Detrás de cada concurso hay un presupuesto roto: las tablas cuentan las entradas, pero todavía no miden cuántas deudas acaban perdonándose.
La reforma de 2022 y el uso de la segunda oportunidad explican parte del alza
Detrás de cada expediente hay realidades muy distintas. Una pérdida de empleo, una reducción de ingresos o un gasto imprevisto pueden romper el equilibrio de un presupuesto que apenas dejaba margen a final de mes. También ocurre que varias cuotas, asumibles cuando se contrataron, se vuelven difíciles de sostener juntas. La estadística no identifica cuáles de estas vías explican los 954 casos de Sevilla, ni cuánto debían esas personas, ni qué parte correspondía a la vivienda o a los préstamos al consumo, ni cuánto tiempo llevaban arrastrando dificultades. El semestre señala cuándo se contabilizó el concurso, no cuándo empezó el problema.
Hay otra pieza clave, y es legal. La reforma concursal de 2022, la Ley 16/2022, eliminó la exigencia de intentar antes un acuerdo extrajudicial de pagos para acceder a la exoneración de deudas y articuló una modalidad con plan de pagos sin liquidación previa del patrimonio, dentro del mecanismo conocido como segunda oportunidad. Ese marco admite una lectura razonable: parte del aumento puede venir de personas que ya arrastraban problemas y que ahora sí acuden al procedimiento. Los datos disponibles, en cambio, no permiten medir cuánto pesa ese efecto ni separarlo del deterioro real de las economías domésticas.
Conviene precisar lo que la cifra no dice. Acudir al concurso no borra las deudas de forma automática: la exoneración está sujeta a requisitos, límites y una resolución judicial. Los 954 casos de Sevilla son entradas en el procedimiento, no cancelaciones consumadas. Para quienes figuran en esos expedientes, la pregunta pendiente es más concreta que cualquier porcentaje: qué parte de la deuda tendrán que afrontar y bajo qué condiciones podrán reorganizar su economía.
La Lectura Andaluza
La insolvencia de particulares en Sevilla crece por encima de la media andaluza y de la española con los presupuestos domésticos sin colchón. La comunidad acumula 3.388 concursos en el primer semestre, un 15,6% más, y Sevilla aporta más de uno de cada cuatro. Cabe recordar que la ley concursal es estatal —la Ley 16/2022 fue la que abrió la segunda oportunidad—, mientras que las políticas de vivienda, consumo y servicios sociales corresponden a la Junta de Andalucía, cuyas disposiciones se publican en el BOJA y pasan por el Parlamento andaluz cuando exigen norma con rango de ley.
El impacto se mide en la vida cotidiana. Cada expediente es un hogar que llega al juzgado con la nómina justa, un alquiler al alza o una hipoteca firmada en otro ciclo económico. Uno de cada cuatro concursos andaluces se tramita en Sevilla, y esa concentración es la que explica la cautela con la que se habla del crédito a las familias en la provincia. La estadística cuenta entradas, no dramas: no mide el tiempo que una persona dedica a reunir papeles, ni la negociación con el banco, ni el desgaste de un proceso que puede alargarse durante meses.
Viene ahora la parte menos visible. Las cifras de 2026 son provisionales y están sujetas a revisión, y los próximos datos registrales dirán si el segundo semestre confirma la tendencia o la modera. La segunda oportunidad nació al calor de la crisis financiera de la década pasada, y su éxito real no se mide por el número de expedientes abiertos, sino por los que terminan con una deuda reordenada y un hogar que vuelve a respirar. Ahí está la cifra que Sevilla debería mirar: cuántos de esos 954 casos salen del juzgado con una solución y no solo con un papel más.
