EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Félix Bolaños ha registrado un nuevo recurso ante el CGPJ después de que el órgano le negara una copia íntegra del expediente de sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado.
- ¿Quién está detrás? El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que acusa al Consejo de alargar la tramitación de su denuncia y de archivar el caso con ‘repentina urgencia’ para garantizar la ‘impunidad’ del magistrado.
- ¿Qué impacto tiene? Recrudece el pulso entre el Gobierno y el órgano de gobierno de los jueces, en plena cuenta atrás para la jubilación de Peinado, que se produce esta misma semana.
Bolaños ha registrado un nuevo recurso ante el CGPJ tras negarle este el expediente íntegro de sus quejas contra el juez Peinado. El escrito, dirigido a la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, sostiene que el Consejo demoró la tramitación de su denuncia y resolvió su archivo definitivo con ‘repentina urgencia’ para favorecer la ‘impunidad’ del magistrado, que se jubila esta misma semana.
El movimiento del ministro llega después de que el CGPJ rechazara el pasado martes el recurso de alzada contra el archivo de sus quejas y diera carpetazo definitivo al expediente. Bolaños no se ha quedado quieto. Fuentes de su departamento consultadas por este medio subrayan que el titular de Justicia agota la vía administrativa antes de valorar cualquier otro paso.
Por qué Bolaños pide ahora la copia íntegra del expediente
El objeto del nuevo escrito es concreto y, sobre el papel, bastante más técnico que político. Bolaños reclama al CGPJ una copia íntegra del expediente de su caso, un documento que la autoridad disciplinaria del Consejo le ha venido negando. Sin ese expediente completo, defiende el ministro, resulta imposible conocer con detalle los argumentos con los que se decidió el archivo ni preparar con garantías los siguientes movimientos.
La negativa del Consejo a entregar esa copia es la que ha vuelto a encender la mecha. En el escrito, el ministro acusa al órgano de dilatar de forma deliberada la tramitación y de resolver con ‘repentina urgencia’ cuando la jubilación de Peinado ya estaba a la vista. La secuencia, a su juicio, no es casual: primero se deja correr el procedimiento y después se cierra de golpe, justo cuando el magistrado está a punto de abandonar la carrera judicial.
Conviene recordar de dónde viene todo esto. Las quejas de Bolaños se refieren a la actuación de Peinado cuando le interrogó como testigo por el contrato de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. El ministro consideró entonces que la forma de conducir el interrogatorio se salía de lo que cabe exigir a un instructor y lo puso en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces.
Cuando el archivo definitivo coincide con la jubilación del investigado, la pregunta sobre los tiempos deja de ser un detalle formal y pasa a ser el fondo del asunto.
El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, ha defendido la regularidad de su actuación y sostiene que sus decisiones se ajustan a la normativa disciplinaria. El órgano no ha valorado públicamente, de momento, este último recurso.
Un pulso que va más allá del caso Peinado
A lo largo de los últimos años, la relación entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial ha sido todo menos plácida. El intercambio de escritos, requerimientos y desmentidos ha acompañado buena parte de la legislatura. El capítulo de Peinado es solo el episodio más reciente de un desencuentro más largo.
La respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. El PP y Vox han salido a defender la independencia del órgano y a presentar el recurso como un nuevo intento del Ejecutivo por presionar a la carrera judicial. El argumentario socialista es otro: se trata de exigir transparencia y de que las decisiones disciplinarias se expliquen con el expediente completo sobre la mesa.
El asunto tiene además una derivada institucional que interesa a las dos partes. La renovación del CGPJ y el debate sobre su funcionamiento han ocupado titulares durante meses. Cada nuevo choque entre el Gobierno y el órgano reabre la discusión sobre cómo repartir peso entre el poder ejecutivo y el judicial sin romper las reglas del juego.
El Eje del Poder Socialista
Dentro de la dirección socialista, el movimiento de Bolaños se interpreta como un asunto de defensa institucional y no como una operación táctica. En Ferraz recalcan que el ministro es el primero interesado en que las decisiones judiciales se tomen con todas las garantías y con la máxima información. Añaden un matiz que conviene no perder de vista: el recurso se dirige por la vía administrativa, sin cuestionar de raíz la independencia de los tribunales.
El aterrizaje territorial de este pulso es menos visible de lo que parece. Los gobiernos autonómicos y los grandes ayuntamientos socialistas llevan tiempo reclamando un funcionamiento predecible de la administración de justicia, sobre todo en materias que les tocan de lleno, como la violencia de género, los desahucios, o la atención a las víctimas. Un choque prolongado entre el Ministerio y el CGPJ acaba trasladando ruido a sus expedientes.
La lectura de fondo nos lleva a un precedente conocido. Cada vez que el PSOE y el órgano de gobierno de los jueces han cruzado acusaciones, el debate ha terminado girando en torno a lo mismo: quién vigila a quién y con qué transparencia se ejerce ese control. La diferencia ahora es el calendario. La jubilación de Peinado cierra una etapa y deja abiertos los interrogantes sobre cómo se habría resuelto el caso con más tiempo por delante. El próximo episodio llegará con la respuesta del Consejo al nuevo escrito, que aún no tiene fecha pública.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Transparencia y rigor institucional: el Gobierno reclama que el Consejo explique sus archivos con el expediente completo sobre la mesa.
- Protagonista: Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
- Próximo hito: Respuesta de la comisión permanente del CGPJ al nuevo recurso, pendiente de fecha.
