El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años desalojada este miércoles en el distrito de Retiro, ha saltado del juzgado al centro del pulso político. Dos días de concentraciones en Madrid y una intervención a miles de kilómetros de distancia han bastado para que el caso deje de ser un expediente judicial y se convierta en material de confrontación entre La Moncloa y Sol.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, abrió este jueves el foro ‘Ideas para crecer’ del Círculo de Empresarios con una acusación directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que atribuyó alentar las protestas que se vienen repitiendo desde el miércoles. La vivienda, vino a decir, ha dejado de ser un problema para convertirse en un escenario de confrontación.
Del desalojo en Retiro a la calle: qué ha pasado en 48 horas
El desalojo, el lanzamiento en jerga judicial, se ejecutó por orden de un juez y con presencia de la Policía Nacional, un detalle que la propia presidenta regional subrayó para desplazar la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. Su argumento es que quien puede cambiar las leyes que regulan estos procedimientos es quien lleva ocho años en el Gobierno. En esa misma intervención cifró en 25.000 los desahucios que se ejecutan cada año en España, algo más de 68 al día.
Ayuso situó a Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana por delante de Madrid en número de ejecuciones y aseguró que por cada desahucio que se produce en la región se registran cinco en Cataluña. Con ese dato sobre la mesa reivindicó la política de vivienda del Ejecutivo autonómico y sostuvo que la Comunidad es el territorio donde más vivienda protegida y libre se construye de toda España.
Horas antes, Sánchez había señalado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad como responsables últimos del desalojo, en una comparecencia desde Nueva York coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas. La respuesta de Sol llegó en forma de advertencia sobre el clima social: la presidenta habló de un ambiente de tensión irrespirable en las calles de la capital y avisó de que los madrileños pueden acabar siendo rehenes de esa situación.
Quién responde de un desalojo: el choque de competencias entre Moncloa, Sol y Cibeles
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, fijó este viernes la posición del Gobierno regional: la salida pasa por aumentar la oferta de vivienda y no por intervenir el mercado. Es la tesis que la Comunidad repite desde la aprobación de la ley estatal de vivienda y la misma que sostiene el Ayuntamiento cuando se le pregunta por los precios del alquiler en la almendra central.
Aquí el fondo es competencial y conviene decirlo sin adornos: las normas que fijan los procedimientos de desahucio son estatales, la Comunidad gestiona suelo, ayudas y planes propios, y el Consistorio se ocupa de licencias, suelo municipal y servicios sociales. Tres administraciones, tres relatos del mismo desalojo. El juzgado firma. La calle responde.
Un desahucio por orden judicial se ejecuta en veinte minutos. Discutir quién tiene la culpa lleva, de momento, dos días de protestas y tres administraciones enfrentadas.
Las concentraciones se han repetido durante dos jornadas consecutivas en la capital y, según el diagnóstico de la presidenta regional, han ido ganando intensidad desde primeros de septiembre.
Por ahora no hay un calendario de movilizaciones confirmado por los convocantes, y las que circulan por redes sociales carecen de responsable identificable.
Más oferta y menos intervención: la receta de Madrid y sus límites
La receta que repite el Gobierno regional no es nueva. Ya en 2008, con el Plan Alquila y la Agencia de Alquiler, la Comunidad intentó movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler con garantías para el propietario. Casi dos décadas después, el parque protegido crece, pero no ha frenado la escalada de precios en distritos como Retiro, Chamberí, o Salamanca. Ahí está la paradoja que ninguna administración quiere mirar de frente: Madrid declara construir más vivienda protegida que nadie —los planes se detallan en la web de la Comunidad— y, al mismo tiempo, soporta uno de los mayores esfuerzos salariales del país para pagar un alquiler.
El espejo catalán sirve de comparación. Allí se declararon zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la ley estatal, una herramienta que Madrid ha descartado de plano. El contraste resume el debate: intervención de precios frente a expansión de la oferta. Ninguna de las dos recetas, por separado, resuelve el caso de una vecina de 87 años que pierde su vivienda por un procedimiento de desahucio mientras las administraciones se pasan la pelota.
Los números que maneja el Gobierno central y los que exhibe el Ejecutivo autonómico no se van a encontrar en el corto plazo. Eso sí, el asunto tiene recorrido institucional: es previsible que aterrice en el próximo Pleno de Cibeles y en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, y que vuelva cada vez que se ejecute un lanzamiento en la región. Mientras tanto, la pelota sigue en el tejado de quien firma.
