La Xunta ha reactivado el anteproyecto de la nueva ley de incendios de Galicia, casi veinte años después de la norma vigente.
El diagnóstico que abre el texto no admite matices. El cambio climático actúa como factor catalizador de la virulencia de los fuegos, pero la causa principal es otra: el exceso de combustible acumulado en el monte por el abandono del rural y la despoblación. El fuego, sostiene el anteproyecto, empieza en el territorio y no en el termómetro. «La clave fundamental es la anticipación», resume la exposición de motivos, que reclama una gestión con actividad agrícola, ganadera y forestal sostenible.
Un territorio con aldeas dentro del monte
La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) subraya una singularidad propia: el excepcional número de asentamientos de población dispersos por el rural. Esa dispersión convierte la protección de las personas en el primer objetivo declarado de la norma, porque en amplias zonas las casas colindan con terrenos agroforestales. El texto habla de multiemergencias, de siniestros cada vez más complejos y de un riesgo creciente para la seguridad ciudadana.
El anteproyecto evita entrar en el debate sobre la intencionalidad, aunque ordena «reducir al máximo la incidencia de incendios provocados» y de los derivados de negligencias o de una gestión inadecuada de la biomasa. Cabe recordar un antecedente: el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el Gobierno autonómico con mayorías absolutas desde 2009), sobre todo de la mano de Alberto Núñez Feijóo, llegó a defender la existencia de «una trama de terroristas incendiarios». La redacción actual se apoya más en el consenso científico y técnico que en la sospecha.
La norma que ahora se quiere sustituir nació hace casi dos décadas y ha acumulado numerosas modificaciones. Los fuegos, dice el preludio, son un fenómeno cíclico y recurrente en Galicia, y a ellos se suma una transformación ambiental, social y económica del rural que permite incendios en épocas poco habituales. La despoblación, íntimamente unida al abandono de los usos agroganaderos tradicionales, dibuja un paisaje más favorable a la propagación del fuego y con menos oportunidades de extinción.
En Galicia el fuego no se apaga solo con aviones: se previene con ganado, con biomasa y con gente viviendo todo el año en el monte.
Del dispositivo de extinción al paisaje resiliente
Aquí está el giro de modelo que propone la Xunta. Frente a una política que priorizaba la inversión en avanzados dispositivos de extinción e ignoraba los efectos del calentamiento global, el texto apuesta por promover paisajes resilientes, vivos, rentables y menos inflamables. La anticipación, la prevención, y la gestión previa del territorio aparecen como los tres pilares de una estrategia que quiere mitigar la vulnerabilidad del conjunto de la comunidad.
No se trata solo de apagar mejor. Si la prevención no es rentable, el combustible vuelve a crecer: la norma vincula la gestión del monte a los ingresos de quien vive de él. De ahí que el texto insista en una cultura preventiva y en garantizar la protección de las personas, los bienes y el medio natural como primer objetivo de toda la arquitectura legal.
El texto tendrá que superar ahora la tramitación en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), donde el PPdeG mantiene la mayoría absoluta. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tendrán ocasión de enmendar un texto que llega con casi dos décadas de retraso sobre la norma que reemplaza.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas consecutivas del PPdeG, una estabilidad que convierte a la comunidad en un banco de pruebas poco habitual para el PP nacional. Lo que la Xunta legisla sobre monte y fuego no se queda en Galicia: el partido ha mirado durante años hacia Santiago de Compostela para justificar sus propias recetas ambientales. La diferencia, en este caso, es que el anteproyecto abandona el marco de la sospecha que instaló Feijóo en el debate público y se pliega al consenso técnico que sitúa el abandono rural en el centro del problema.
El movimiento tiene lectura nacional. Feijóo, ya instalado en la política madrileña, construyó parte de su relato sobre el monte gallego; ahora la Xunta que él presidió durante trece años reconoce por escrito que el problema no era una red organizada de incendiarios, sino un territorio abandonado y sin gestión. Es un cambio de marco que cualquier gobierno interesado en la prevención de incendios tendrá que mirar con atención.
La proyección es doble. En clave autonómica, el anteproyecto debe pasar por el Consello de Goberno (el órgano ejecutivo de la Xunta), la exposición pública y el Parlamento antes de que llegue la próxima temporada de peligro alto, en el verano de 2027. En clave estatal, el texto ofrece al PP un argumento incómodo y útil a la vez: la comunidad que presume de gestión forestal reconoce que el abandono del rural es la causa principal del riesgo. Queda una incógnita, y no es menor: si la ley no consigue devolver rentabilidad al monte, la prevención será una declaración de intenciones.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta reactiva el anteproyecto de la nueva ley de incendios de Galicia, llamada a sustituir una norma con casi veinte años de vigencia y numerosas modificaciones.
- Datos importantes: El texto señala el cambio climático como factor catalizador y el abandono rural como causa principal, y prioriza la anticipación, la gestión de la biomasa y la protección de las aldeas.
- Resumen: Galicia ensaya un giro desde la extinción hacia el paisaje gestionado, un marco que el PP nacional observa con atención tras años de discurso sobre los incendios provocados.
