El Gobierno prepara un decreto ley de Ceuta para devolver a Marruecos a migrantes con el asilo abierto. La norma, todavía en fase de elaboración, busca acelerar las expulsiones tras el cruce masivo de la valla del 30 y 31 de julio. Vox mantiene que la medida llega tarde y deja intacto el efecto llamada.
La confirmación la ha dado Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños y ministro, que ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ‘en todo tipo de medidas’ para agilizar el retorno de las personas que permanecen en la ciudad autónoma. El dirigente socialista ha reconocido que ese real decreto, junto a otras iniciativas, ‘está encima de la mesa’, aunque no ha precisado si el Consejo de Ministros del próximo martes lo aprobará ya.
El adelanto, difundido en un primer momento por El País y recogido después por otros medios, sitúa la norma en su tramo final. El texto afectaría a quienes ya han iniciado los trámites de asilo en Ceuta desde el cruce de julio, a los que España podría devolver a Marruecos antes de resolver su solicitud. La reducción de los plazos administrativos y judiciales es la pieza central de la iniciativa.
La exigencia de Vox: devolución inmediata y sin resquicios de asilo
Vox sostiene desde hace tiempo que el problema de fondo no es la lentitud burocrática, sino un sistema que permite permanecer en España a quien entra de forma irregular mientras se tramita su expediente. El partido defiende la devolución inmediata a Marruecos y una reforma de la Ley de Asilo que impida que la solicitud de protección internacional se convierta en una puerta de entrada.
El argumentario de la formación que preside Santiago Abascal apunta a un punto central. El decreto ley reconoce, de facto, que los plazos de tramitación bloquean las expulsiones. Admite así el diagnóstico que Vox ha defendido en el Congreso de los Diputados y que el Ejecutivo negaba hasta ahora. La dirección del partido considera, no obstante, que se trata de un parche tardío si no va acompañado de un control fronterizo real y de la reforma legal de fondo.
Vox reclama además un mecanismo que ahuyente el efecto llamada que, a su juicio, alimentan los mensajes de acogida del Gobierno. Sin ese cierre, advierte, cualquier aceleración de los trámites se traducirá en nuevos cruces en cuanto la presión migratoria repunte.
El decreto del Gobierno confirma el diagnóstico de Vox sobre los plazos del asilo, pero deja abierta la puerta que el partido quiere cerrar.
Qué posibilidades tiene el decreto y cómo lo reciben los partidos
La norma sería de carácter extraordinario y se aplicaría únicamente a las solicitudes registradas en Ceuta desde el cruce irregular de julio. Su tramitación como real decreto ley permitiría una entrada en vigor inmediata, aunque después tendría que convalidarse en el Congreso de los Diputados, un paso en el que el Gobierno necesita apoyos que no tiene garantizados.
El dirigente socialista ha cargado contra el PP y contra Vox por la manifestación celebrada el sábado en Madrid contra la gestión del Ejecutivo en la crisis de Ceuta. ‘A Ceuta no se la apoya manifestándose en contra o insultando a nadie, se la apoya con medidas’, ha remarcado López, que también ha instado a los partidos a ‘buscar soluciones’.
López ha reprochado al PP que acudiera ‘con la ultraderecha a insultar’ en lugar de defender el Estado de bienestar. Frente a ese reproche, el argumentario de Vox se apoya en un dato difícil de rebatir: es la presión política la que ha empujado al Gobierno a mover ficha con un instrumento que hasta hace semanas negaba.
La estrategia de Vox y el flanco que se abre en el PP
El movimiento del Gobierno no llega en el vacío. Llega después de que Vox convirtiera Ceuta en el eje de su discurso. Sus líderes se sumaron el sábado a la protesta en Madrid junto al PP. Cada paso del Ejecutivo hacia la expulsión refuerza la tesis del partido, pero también le obliga a marcar distancias con los populares, que sostienen un discurso más moderado en inmigración.
Existe un precedente claro. La ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos entre PP y Vox giró, en buena medida, en torno a la política migratoria. Aquella experiencia dejó una lección para la dirección de Vox: sin control fronterizo efectivo, cualquier acuerdo con los populares corre el riesgo de diluir su perfil.
De cara al próximo ciclo, Vox tiene un incentivo claro. Si el decreto ley de Ceuta sale adelante y las expulsiones se aceleran, podrá reclamar el acierto de su presión. Si se queda en un anuncio, tendrá un argumento más para exigir un cambio de rumbo. El Gobierno, mientras, se mueve entre la urgencia de descongestionar Ceuta y el coste político de asumir un discurso que hasta ahora atribuía a la derecha.
La convalidación en el Congreso de los Diputados será el primer examen. Ahí se medirá si el Ejecutivo logra sacar adelante la norma y si Vox consigue convertirla en un nuevo pulso con los populares, obligados a retratarse entre el respaldo a la medida y la distancia con la formación de Abascal.
