La fusión Paramount Warner de 111.000 millones regresa este mes a los tribunales de California con un acuerdo bajo sospecha. La jueza federal Araceli Martínez-Olguín debe decidir si lo aprueba después de que los doce estados demandantes lo firmaran esta misma semana y de que una coalición de organizaciones de libertad de expresión haya reclamado formalmente su bloqueo.
Claves de la operación
- Un pacto que evita el juicio. El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció esta semana un acuerdo con Paramount Skydance al que se han adherido el resto de estados firmantes de la demanda.
- La cifra que mide la operación. La combinación supera los 111.000 millones de dólares y uniría CBS, HBO, CNN, Nickelodeon y los estudios de Paramount y Warner Bros. bajo un mismo propietario.
- El precedente de julio. La propia Martínez-Olguín dictaminó que la unión reduciría sustancialmente la competencia y vulneraría la legislación antimonopolio de Estados Unidos.
El caso se ha convertido en una anomalía procesal. Doce estados demandaron en julio y ahora aceptan un pacto sin juicio, apenas dos meses después de haber ganado el primer asalto. Sobre la mesa queda una decisión que ya no depende de los fiscales ni de los reguladores, sino de una sola firma judicial.
Un acuerdo que desactiva la demanda sin tocar la estructura del negocio
El último escrito registrado ante la jueza lleva la firma del Committee for the First Amendment, Free Press, la Freedom of the Press Foundation, la Future Film Coalition y la International Documentary Association. Su tesis es directa: las condiciones pactadas dejan a los ciudadanos de los estados demandantes con ‘prácticamente nada’ a cambio de permitir la mayor concentración de medios en Estados Unidos en años.
La oficina de Rob Bonta, fiscal general de California, confirmó el acuerdo esta semana y los estados adheridos lo respaldaron sin desglose público de contrapartidas. Esa ausencia de detalle explica por qué organizaciones que no son parte del procedimiento han pedido intervenir: sospechan que el remedio se agota en compromisos de conducta y no toca la integración societaria de Warner Bros. Discovery con Paramount Skydance.
Martínez-Olguín ya demostró en julio que no piensa validar la operación por inercia. Su dictamen fue explícito: la combinación de Paramount y Warner Bros. reduciría sustancialmente la competencia y contravendría la normativa antimonopolio. Ese pronunciamiento es el que dio a los estados la palanca para sentarse a negociar con la compañía.
Con ese precedente, el pacto coloca a la jueza en una posición incómoda. Aprobar el acuerdo cierra el expediente sin juicio; rechazarlo la obliga a explicar por qué las concesiones arrancadas por doce administraciones no bastan. Los dos caminos desembocan en el mismo punto: la fusión Paramount Warner sigue siendo el eje del debate.
La batalla ya no se libra por impedir la fusión, sino por decidir quién asume el coste político de haberla permitido.
El calendario aprieta. Cada semana sin resolución mantiene en el aire la integración de dos grupos con activos solapados en televisión en abierto, cable, estudios cinematográficos, y plataformas de streaming.
Doce estados y el riesgo de un remedio cosmético
La coalición está liderada por California, cuyo fiscal general ha sido el artífice del giro. Que doce administraciones que demandaron en bloque acepten el mismo texto en cuestión de días plantea una pregunta incómoda: qué han obtenido a cambio. Para las organizaciones de libertad de prensa, la respuesta es nada.
Para el consumidor estadounidense, el efecto es tangible. HBO Max y Paramount+ dejarían de competir entre sí por los mismos suscriptores, y el mercado publicitario televisivo perdería un interlocutor independiente en la negociación con los anunciantes.
Del tribunal de California al duopolio que España ya conoce
España ofrece una referencia útil. El mercado audiovisual español lleva años concentrado en dos operadores, Mediaset España y Atresmedia, que se reparten la mayor parte de la inversión publicitaria en televisión en abierto. Las dos últimas grandes operaciones del sector —la absorción de Cuatro por Telecinco y la fusión de Antena 3 con laSexta— se autorizaron con condiciones y quedaron bajo vigilancia posterior de la CNMC. El resultado es un duopolio estable, cómodo para las compañías y discutido por los anunciantes. La pregunta es idéntica a la que se hizo entonces en España: qué condiciones son suficientes y quién las vigila cuando el expediente se cierra.
En Europa, la lógica va en dirección contraria. Bruselas ha endurecido el escrutinio sobre las plataformas digitales y el Reglamento de Mercados Digitales obliga a los grandes actores a justificar su posición de mercado. Mientras la Comisión Europea aprieta a las tecnológicas, doce estados estadounidenses resuelven la mayor fusión de medios del país sin llegar a juicio.
Queda un hito claro. La jueza Martínez-Olguín debe pronunciarse sobre el pacto y, con él, sobre el futuro de un grupo que nacería con CBS, HBO, CNN y dos estudios de Hollywood bajo un mismo balance. Hasta entonces, la fusión Paramount Warner seguirá siendo una operación cerrada en los despachos y abierta en los tribunales.
