Grecia lidera a cinco países de la UE dispuestos a ejecutar retornos de migrantes fuera del bloque en 2027. El llamado Core Group —Dinamarca, Austria, Alemania, Países Bajos y el propio Ejecutivo de Atenas— quiere tener listo un proyecto piloto en el primer semestre del año que viene y plenamente operativo en el segundo, justo cuando Grecia asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, en julio de 2027.
Un piloto sin centros cerrados y con Rwanda como primer destino
El ministro griego de Migración, Thanos Plevris, ha detallado el calendario y el diseño en una entrevista. Su tesis es que el retorno no exige construir instalaciones nuevas: basta con designar países receptores. ‘Si tu asilo ha sido rechazado, volverás a tu país de origen o a un tercer país fuera de la UE’, plantea. Y añade una precisión que busca desactivar la comparación con los centros de internamiento: ‘No hablamos de centros, en el sentido de que alguien cuyo asilo ha sido rechazado sea enviado a una instalación cerrada en un tercer país’.
Según dos diplomáticos de la UE citados por Politico Europe bajo condición de anonimato, el primer acuerdo se cerrará con Rwanda. Uganda y Uzbekistán siguen sobre la mesa. Plevris argumenta que los países candidatos ya albergan poblaciones migrantes, y campamentos, y que los cinco socios ‘están abiertos a cualquier marco que quieran esos países, ya se hable de campamentos o de programas de integración más amplios’.
Los flecos, sin embargo, son muchos. La financiación correría a cargo de los propios miembros del Core Group, que aspiran a un proyecto ‘financieramente realista’ y a que la Comisión Europea asuma un papel activo más adelante. El control del respeto a los derechos humanos se negociaría con organizaciones internacionales. ‘Obviamente no vamos a transferir esta autoridad a otro lugar’, subraya el ministro. ‘Queremos contar con la experiencia y la presencia de organizaciones internacionales, pero la responsabilidad es de los cinco países, conjuntamente’.
El antecedente británico sobrevuela y España mira desde fuera
Rwanda no es un nombre nuevo en la externalización migratoria. Reino Unido firmó en 2022 un acuerdo multimillonario con Kigali para deportar allí a solicitantes de asilo y tramitar sus expedientes. El plan se abandonó tras años de litigios y una factura política difícil de justificar. Ese precedente explica la cautela de Bruselas: ningún Gobierno quiere quedarse solo frente al Tribunal de Justicia de la UE cuando llegue el primer recurso.
El propio Plevris rebaja las expectativas sobre el volumen. ‘En realidad es otro medio de presión que podría aumentar los retornos voluntarios’, admite. No esperan miles de expulsiones ordenadas desde Bruselas: esperan que el anuncio disuada antes de la salida. La letra pequeña —quién paga, quién vigila y qué ocurre si un país receptor incumple— sigue sin resolverse, y ahí es donde el calendario griego puede descarrilar.
Externalizar el retorno no resuelve el problema de fondo: traslada la obligación jurídica de Europa a un tercer país que nadie controla del todo.
España no forma parte del grupo motor. Ni está en el Core Group ni figura entre los países piloto, pese a ser una de las fronteras exteriores con más presión del bloque. Madrid mantiene el foco en el mecanismo de solidaridad del Pacto Migratorio, la vía que reparte reubicaciones cuando un Estado miembro se desborda. No es un detalle menor: Atenas justifica su giro en parte por episodios como el de la ciudad autónoma de Ceuta, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera. Quien no diseña el instrumento, lo recibe hecho.
El Eje del Poder Europeo
El mapa de bloques que deja este movimiento es revelador. Alemania entra en el Core Group: Berlín ha dejado de mirar el retorno como un tabú y acepta el marco que Dinamarca y Países Bajos llevan años empujando, con Austria como socio entusiasta. Francia, en cambio, queda fuera. París nunca ha querido firmar una externalización pura y prefiere mantener el control jurídico en territorio europeo. Los nórdicos y bálticos miran con simpatía, aunque sin poner dinero. Polonia y Hungría aplauden el gesto, pero no se comprometen: aplaudir la mano dura es gratis; financiarla, no. Plevris tampoco oculta sus referencias externas: ha elogiado el enfoque del presidente estadounidense, Donald Trump, al que atribuye el impulso que desbloqueó el giro restrictivo en Europa.
Para España, el cálculo es incómodo. El Pacto Migratorio, cuyas normas ya se despliegan y pueden rastrearse en la base legislativa EUR-Lex, concede a Madrid reubicaciones y fondos a cambio de asumir registro y controles en la frontera. Un Core Group que resuelve retornos por su cuenta debilita ese equilibrio y refuerza la lógica de ‘sálvese quien pueda’. Al mismo tiempo, Grecia sostiene que el envío a terceros países no busca grandes volúmenes, solo presión disuasoria, y defiende suspender temporalmente la tramitación de asilo ante picos de llegada, una idea que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ya defendió por escrito.
La lectura a cinco años es otra cosa. Si el piloto funciona, el marco comunitario se desplazará hacia un modelo de países designados que hoy no existe en la ley europea y que debilitaría la arquitectura común del Pacto. Quedan dos frentes abiertos que pueden dinamitarlo. El primero es el Tribunal de Justicia, que ya ha tumbado esquemas similares cuando la protección no estaba garantizada. El segundo es la Fiscalía Europea, que investiga el uso griego de fondos comunitarios en campamentos de migrantes. El propio Plevris confirma que han entregado datos y que no hay novedades. A eso se suma la acusación recurrente de devoluciones ilegales ‘en caliente’; el ministro responde que su país protege las fronteras conforme al derecho internacional y que ‘no pedirá perdón a nadie’ por hacerlo.
El calendario manda. La próxima cumbre del Consejo Europeo, en octubre, y los siguientes consejos de ministros de Interior marcarán si el Core Group encuentra cobertura institucional o si el piloto avanza por su cuenta. Grecia tiene una ventana única en julio de 2027, cuando asuma la presidencia rotatoria del Consejo: entonces intentará convertir su experimento en doctrina europea. Hasta entonces, todo es un anuncio con fecha, no un régimen jurídico.
