La Comisión Europea ha confirmado que examinará la denuncia presentada por Hazte Oír contra el gobierno de España por la autorización para instalar alojamiento temporal para más de 1.000 personas en unos 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente del puerto de Ceuta.
La asociación cuestiona el cumplimiento de las obligaciones europeas de seguridad portuaria y protección de infraestructuras esenciales. La denuncia señala que no se había acreditado públicamente la revisión previa de las evaluaciones y planes de protección, pese a las advertencias sobre los riesgos para las instalaciones y la operativa del puerto.
Hazte Oír solicita que la Comisión recabe el expediente, compruebe el cumplimiento de la normativa europea y valore una inspección. La Dirección General de Movilidad y Transportes ha registrado la denuncia y comunicará los resultados de su examen.
Hace dos semanas la asociación presentó una queja ante Bruselas para que la Comisión comprobase si España ha respetado el Reglamento europeo sobre protección de buques e instalaciones portuarias y la Directiva de protección portuaria; para que exigiese información sobre la revisión de los planes de seguridad; y que valorase una inspección. Hazte Oír también pidió verificar el posible impacto sobre el control fronterizo y sobre la operación Minerva de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
Uso del Puerto de Ceuta
La principal reclamación consiste en acreditar las condiciones en las que se autorizó el uso del espacio portuario. La asociación sostiene que no se había acreditado públicamente la revisión previa de las evaluaciones y los planes de protección, pese a las advertencias sobre los riesgos asociados al dispositivo que la propia autoridad portuaria advirtió.
Hazte Oír pidió esclarecer qué comprobaciones se realizaron antes de dar luz verde al alojamiento temporal y cómo se articuló mezclar las carpas instaladas con la operativa del puerto. La denuncia cuestiona el cumplimiento de las obligaciones europeas de seguridad y protección de infraestructuras esenciales.
La revisión del expediente permitiría comprobar la documentación y contrastar las objeciones de los denunciantes con las actuaciones de las autoridades españolas, en concreto del ministerio de Transportes de Óscar Puente, que dio los permisos para esa instalación que acogió a unos 1.000 migrantes.
La controversia se remonta a la decisión de Transportes de autorizar la ocupación temporal de unos 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente en Ceuta, a pesar de ser una instalación calificada de «crítica» por cuestiones de seguridad. Hazte Oír ya anunció a principios de septiembre distintas acciones legales contra la orden ministerial, entre ellas su actuación ante las instituciones europeas.
La autorización se produjo después del rechazo de la Autoridad Portuaria de Ceuta a la instalación. El Gobierno defendió la medida por razones de interés general y por la necesidad de habilitar un dispositivo de atención humanitaria, sujeto a medidas que garantizaran su compatibilidad con la seguridad y la explotación portuaria.
