La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reclamado en Cuzco convertir la cooperación UE-América Latina en capacidad operativa contra el crimen organizado transnacional.
Peramato ha defendido este miércoles 30 de septiembre el papel central de las fiscalías generales durante los II Diálogos de El PAcCTO 2.0, el programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea para combatir el crimen organizado transnacional. La fiscal general, que ejerce como secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ha situado la cooperación judicial en el centro del debate frente a organizaciones criminales que operan de forma simultánea en varios continentes.
El mensaje central de su intervención ha sido claro: la cooperación internacional debe incorporarse “desde el inicio mismo de la investigación”. Según la fiscal general, el objetivo es transformar las actuales redes de contacto entre fiscalías en “redes verdaderamente operativas” e impulsar los equipos conjuntos de investigación como alternativa a la sucesión de solicitudes bilaterales que todavía constituyen la norma.
Una red de contactos que debe convertirse en red operativa
Peramato ha sostenido que las fiscalías generales no deben limitarse a ser “usuarias de la cooperación jurídica internacional”, sino que tienen que convertirse en “sus diseñadoras, coordinadoras y protagonistas operativas”. Para ello ha reclamado un diálogo permanente, flexible y poco burocrático, con consultas regulares, intercambio temprano de información y cauces claros para que esa información retorne a todas las fiscalías integrantes de la AIAMP.
La investigación financiera, en el centro de la estrategia
La fiscal general ha situado la investigación financiera y la recuperación de activos en el centro de la estrategia. “Detener personas y reunir pruebas no basta si los activos permanecen intactos”, ha advertido, antes de reclamar el seguimiento del dinero desde el primer momento de la investigación. Entre sus propuestas figuran la localización temprana de activos, el intercambio espontáneo de información financiera y la adopción de medidas coordinadas de embargo y decomiso.
Peramato ha planteado ademas que la AIAMP actúe de forma colectiva como interlocutor judicial de la Unión Europea. “La AIAMP, con sus veintidós ministerios públicos iberoamericanos, debe dialogar de forma estructurada con las Fiscalías de los Estados miembros, con Eurojust, con EPPO —la Fiscalía Europea— y con la Red Judicial Europea”, ha afirmado. En ese contexto ha valorado la propuesta de nuevo Reglamento de Eurojust, lanzada por la Comisión Europea el pasado mes de junio, como “un desarrollo lógico y, en gran medida, positivo”.
La cooperación entre la UE y la AIAMP, según Peramato, es donde pueden obtenerse los resultados más tangibles y más inmediatos contra el crimen organizado transnacional.
El contexto institucional
El crimen organizado transnacional es, según los informes que maneja Europol (la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones entre los cuerpos de los Estados miembros), la principal amenaza para la seguridad interior de la Unión. La agencia europea ha identificado más de 800 redes criminales de alto riesgo que actúan de forma simultánea en varios países, con estructuras societarias y beneficiarios finales repartidos entre distintas jurisdicciones.
Esas redes se dedican al narcotráfico, la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales y el fraude transfronterizo, y su principal fortaleza es la dispersión: operan allí donde la coordinación judicial es más lenta. Por eso la investigación financiera se ha convertido en el punto donde más se resquebrajan, ya que el dinero deja rastro aunque las personas crucen fronteras.
España ocupa una posición destacada en esa arquitectura. La Policía Nacional y la Guardia Civil participan de forma regular en los equipos conjuntos de investigación coordinados por Europol, y su experiencia en la desarticulación de redes de narcotráfico y blanqueo de capitales en el Estrecho es un activo reconocido entre los socios europeos.
El Ministerio del Interior coordina la inteligencia policial a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), mientras los datos oficiales sitúan a España entre los países europeos con mayor volumen de operaciones contra el crimen organizado, con miles de detenciones anuales vinculadas a estas estructuras. Los equipos conjuntos permiten, además, compartir pruebas con plena validez procesal entre jurisdicciones.
La propuesta de nuevo Reglamento de Eurojust abre ahora un periodo de negociación en el que las fiscalías iberoamericanas reclaman un papel estructurado. El texto deberá discutirse entre los Estados miembros y las instituciones europeas antes de fijar el nuevo marco de cooperación con terceros países, un calendario que Peramato quiere aprovechar para consolidar el diálogo con la AIAMP.
Para los cuerpos policiales que ejecutan la parte operativa de estas investigaciones, la coordinación temprana con las fiscalías supone anticipar embargos, asegurar pruebas en el extranjero y golpear el patrimonio de las organizaciones antes de que lo disuelvan. La reclamación de la fiscal general apunta a un cambio de modelo: menos solicitudes bilaterales, más equipos conjuntos y un seguimiento sistemático del dinero. La cooperación, en definitiva, se mide por los resultados que llegan a los tribunales.
