Las afiliaciones por arraigo crecen un 93% interanual, según el Ministerio de Inclusión, con impacto en la escolarización de menores migrantes.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El Ministerio de Inclusión sitúa en un 93% el aumento interanual de las personas extranjeras afiliadas con autorización por arraigo, en su balance publicado el 30 de septiembre de 2026.
- ¿Quién lo ha decidido? El dato lo difunde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recoge las autorizaciones de residencia por arraigo en vigor.
- ¿A quién afecta? A los menores migrantes en edad escolar y a los jovenes extutelados de 16 a 23 años con residencia en vigor, cuyo itinerario formativo depende de la regularización.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones situó este 30 de septiembre de 2026 en un 93% el incremento interanual de las personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social con una autorización por arraigo. La cifra procede del balance anual que el departamento publica sobre afiliación extranjera, según la nota difundida por La Moncloa.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, enmarcó la figura en el mercado laboral: ‘El arraigo es una valiosa herramienta que nos está permitiendo conectar las necesidades del mercado laboral con personas que ya han acreditado vínculos estables con nuestra sociedad’. El balance se acompaña de dos infografías: una sobre personas con autorización de residencia por arraigo y otra sobre menores no acompañados y jóvenes extutelados de 16 a 23 años con residencia en vigor.
Qué dicen los datos del Ministerio de Inclusión
El arraigo es una figura de la normativa de extranjería que permite obtener una autorización de residencia a quienes acreditan un vínculo previo con España: tiempo de permanencia, relaciones familiares o inserción laboral, entre otros supuestos. Para el sistema educativo, el dato importa porque una parte de esas personas regulariza su situación formando parte de unidades familiares con hijos en edad escolar, y otra corresponde a jóvenes que salieron del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad.
El impacto en la escolarización de menores y jóvenes extutelados
La escolarización de los menores no depende de la situación administrativa. Conforme a la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la norma vigente desde 2020), la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todos los menores, con independencia de su origen o de su documentación. La regularización por arraigo, sin embargo, condiciona los pasos siguientes: el acceso a determinadas ayudas al estudio, a ciclos de Formación Profesional o a la universidad exige, en muchos casos, acreditar residencia legal.
En el caso de los jóvenes extutelados, la autorización de residencia actúa como puerta de entrada a la formación postobligatoria. Se trata de quienes han estado bajo la tutela de la administración y alcanzan la mayoría de edad sin una red familiar de apoyo; su continuidad en el sistema educativo depende, en buena medida, de sostener la regularización administrativa que acompaña al arraigo.
El derecho a la educación no depende de la situación administrativa, pero la regularización por arraigo condiciona el acceso de muchos jóvenes a la formación postobligatoria.
El Marco Educativo
La escolarización de los menores migrantes se reparte entre dos administraciones. El Estado fija la legislación básica mediante la LOMLOE, mientras que las comunidades autónomas gestionan la admisión, la matrícula sobrevenida y la atención a la diversidad en los centros. La regularización, en cambio, es competencia estatal: corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones resolver las autorizaciones por arraigo que sostienen buena parte de estas trayectorias.
En el cruce intervienen varios actores. El Ministerio de Inclusión aporta los datos de afiliación y residencia; las consejerías de Educación asumen la escolarización efectiva; los centros afrontan matrículas que llegan a lo largo del curso; y las entidades que acompañan a los jóvenes extutelados reclaman continuidad en los itinerarios formativos. El balance difundido no detalla, no obstante, cuántos de esos menores están escolarizados, un desglose que la nota oficial no incluye y que obliga a leer la cifra del 93% como un indicador de regularización, no de matrícula.
La proyección es de medio plazo. La escolarización del curso 2026-2027 ya está en marcha en los centros, y el impacto del arraigo sobre las aulas se aprecia con retardo, a medida que las familias y los jóvenes regularizados consolidan su situación. La cifra del Ministerio es el punto de partida de un debate más amplio sobre inclusión educativa y sobre los recursos con que cuentan las comunidades autónomas para atender la llegada de alumnado nuevo.
Claves de la Noticia
- Qué importa: El Ministerio de Inclusión cifra en un 93% el aumento interanual de las afiliaciones por arraigo, un indicador de regularización que marca el punto de partida de la escolarización de menores migrantes y jóvenes extutelados.
- Por qué importa: La regularización administrativa condiciona el acceso a la formación postobligatoria, a las ayudas al estudio y a la continuidad educativa de los jóvenes que salen del sistema de protección.
- A quién le importa: A las familias con hijos en edad escolar, a los jóvenes extutelados de 16 a 23 años, a los centros que asumen matrícula sobrevenida y a las comunidades autónomas que gestionan la escolarización.
