La Plataforma Unitaria exige derogar la Ley contra el Odio de Delcy Rodríguez, un pulso que toca los intereses españoles en Venezuela.
El bloque opositor ha rechazado de plano la propuesta de reforma y pide que la norma desaparezca del ordenamiento. ‘Debe ser derogada, no reformada’, sostuvo en un comunicado difundido el 30 de septiembre de 2026. Detrás de esa frase hay una advertencia: retocar la ley no basta para devolver la seguridad jurídica.
La Ley contra el Odio, promulgada en 2017, funcionó durante años como una herramienta de castigo. Fijó penas de hasta veinte años de prisión por incitar públicamente al odio, la discriminación o la violencia, y facultó a las autoridades para revocar licencias de emisión o bloquear páginas web. Traducido: cualquier crítica podía acabar en un tribunal.
Su origen se remonta a meses de protestas antigubernamentales con víctimas mortales. Nicolás Maduro la propuso entonces alegando que servía para contrarrestar el ‘odio’ que, según él, avivaban la oposición y los medios privados. Casi una década después, la misma norma que se presentó como escudo es el objeto del pulso.
De Maduro a Delcy Rodríguez: qué cambia y qué no
La presidenta encargada afirmó en un discurso televisado el 29 de septiembre que la ley se había ‘aplicado incorrectamente’ y ‘utilizado de forma abusiva’, y pidió cambios para despenalizar los delitos tipificados. El detalle que casi nadie cuenta: la propia Delcy Rodríguez presidió la Asamblea Constituyente que la promulgó y la defendió en público en aquel momento.
Tras su anuncio, la Asamblea Nacional, controlada por el Gobierno, se movió con rapidez y nombró esa misma tarde una comisión para redactar las modificaciones. No está claro, sin embargo, cuándo se debatirá la reforma ni qué parte de la ley quedará intacta. La oposición quiere borrarla por completo.
La norma que permitió veinte años de cárcel por una opinión sigue vigente, y el pulso no gira en torno a su letra, sino a su existencia.
El caso más señalado bajo esa ley es el del exdiputado opositor Juan Requesens, que pasó dos años en prisión y otros tres bajo arresto domiciliario. En 2025, la organización Espacio Público documentó 44 detenciones arbitrarias vinculadas a la libertad de expresión, y en 14 de ellas se invocaron acusaciones de incitación al odio, según un informe difundido este año.
Por qué esta ley importa a las empresas españolas
España mantiene una presencia empresarial histórica en Venezuela. Repsol es la compañía energética española con mayor arraigo en el país, y a su alrededor operan firmas de hoteles, seguros y servicios que llevan décadas instaladas. Para todas ellas, la norma tiene un significado muy concreto: una licencia se puede perder con criterios discrecionales.
Un marco que permite revocar permisos y bloquear webs sin garantías eleva el riesgo de cualquier inversión. Si la ley se deroga, Venezuela envía una señal de apertura; si solo se maquilla, la señal es la contraria. Y España tiene mucho que leer en ese gesto, porque es uno de los países con más capital histórico comprometido en la región.
El contexto añade presión. Bajo el empuje de Estados Unidos, la presidenta encargada ha ido ofreciendo concesiones graduales: flexibilización de las restricciones a los sitios de noticias y cambios en el sistema judicial. Cada paso se mira con lupa desde Madrid, Bruselas y las principales capitales latinoamericanas.
Aquí se libra, en el fondo, el viejo dilema de la diplomacia económica española: cómo defender a las empresas sin dar por buenas reglas que no lo son. Sin seguridad jurídica, ningún contrato aguanta; con ella, Venezuela vuelve a ser un mercado apetecible para el capital español.
El precedente que explica este pulso
El pulso recuerda a otros intentos de desmontar un arsenal legal sin tocar su médula. Cuando un Gobierno reforma solo la superficie de una norma represiva, el mensaje que envía al exterior es de continuidad, no de ruptura. Ese matiz lo leen con atención los inversores y las cancillerías. Para España, que ha defendido una salida dialogada y verificable en Venezuela, la diferencia entre derogar y reformar no es cosmética: marca cuánta seguridad jurídica puede ofrecerse a las empresas dispuestas a ampliar negocio. La Unión Europea y Estados Unidos han condicionado históricamente sus decisiones sobre sanciones a avances concretos en derechos y garantías, más que a gestos simbólicos. Conviene recordar que los procesos de apertura se miden por hechos verificables, no por anuncios. La próxima señal será la composición de la comisión redactora y el texto que de ella salga.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La Plataforma Unitaria exige derogar la Ley contra el Odio, de 2017, y rechaza la reforma que propone la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
- Datos importantes: La norma contempla penas de hasta 20 años de cárcel y permite revocar licencias y bloquear webs. En 2025 se documentaron 44 detenciones ligadas a la libertad de expresión.
- Resumen: El desenlace marcará la seguridad jurídica que España y sus empresas perciben en Venezuela, uno de sus mercados históricos en la región.
