Cuatro unidades de élite del Estado: la fuga de talento hacia el IBEX que el sector público no compensa con sueldos

Hay puestos en la Administración que funcionan como escuelas de posgrado para el sector privado. Unidades pequeñas, con acceso a información y a técnicas que no se aprenden en un máster, forman durante años a perfiles que la banca y las grandes empresas del IBEX fichan después para sus áreas de compliance, inteligencia o ciberseguridad. La lista reúne cuatro de esas canteras: la unidad antilavado adscrita al Banco de España, la policía económica y fiscal, los servicios de inteligencia con sus equipos de respuesta a incidentes y la letra pequeña administrativa que hace posible la salida.

El criterio es doble. Primero, qué hace cada unidad y hasta qué punto su especialización resulta difícil de replicar: supervisar y a la vez producir inteligencia financiera, investigar macrocausas de blanqueo, analizar malware o criptografía poscuántica. Segundo, ¿qué pone el Estado sobre la mesa frente a quien ficha? Convocatorias con un puñado de plazas y retribuciones fijadas por las tablas del BOE. El recorrido se cierra con la puerta legal por la que se sale, la excedencia voluntaria por interés particular, que no es la de servicios especiales.

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Sepblac: la cantera antilavado del Estado que acaba nutriendo el compliance de la banca del IBEX

El Sepblac no es un organismo más de la Administración: es a la vez unidad de inteligencia financiera y autoridad de supervisión, una combinación poco frecuente en el entorno europeo y que lo convierte en el lugar donde se aprende, con datos reales, cómo se lava dinero en España. Su plantilla se nutre de personal del Banco de España, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, además de un representante de Seguros: 147 empleados a cierre de 2024 y la misma cifra un año después, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas y la memoria del propio servicio. Dos tercios se dedican a inteligencia financiera y uno a inspección. El desequilibrio es la clave: entre 2020 y 2024 las comunicaciones por operación sospechosa crecieron un 92%, hasta aflorar 46.894 millones de euros solo en 2024, mientras el personal de inteligencia financiera aumentaba un 8%. Todo ello con más de 27.000 sujetos obligados y sin que exista una estrategia nacional de prevención, según el mismo órgano fiscalizador.

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De esa cantera sale el perfil que demanda el compliance de la banca cotizada: gente que ha redactado requerimientos, ha instruido expedientes y sabe exactamente qué mira el supervisor. Medios que citan fuentes internas del Banco de España han descrito dificultades para retener talento especializado, vacantes sin cubrir y pérdida progresiva de recursos humanos; a ello se suma que el supervisor dejó de aportar efectivos propios a tareas antiblanqueo y que el convenio de supervisión con la COPBLAC no se renovó en 2025, de modo que el Sepblac absorbió esas funciones con la misma plantilla. El Tribunal de Cuentas concluyó en mayo de 2026 que el sistema de provisión de recursos «no da una respuesta ágil» y pidió reforzar medios humanos, técnicos y financieros. La asimetría retributiva es estructural: el personal se rige por las escalas de sus cuerpos de origen —un inspector del Banco de España parte de algo más de 55.000 euros brutos—, mientras el mercado privado no está sujeto a esas escalas.

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