La jueza del siniestro de Urda exige turnos ininterrumpidos a la contrata de grúas para no detener la búsqueda de restos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La jueza instructora del siniestro ferroviario de Urda ha requerido a la contrata de grúas de Adif y Renfe turnos ininterrumpidos y ha reforzado el Tribunal de Instancia de Orgaz.
- ¿Dónde y cuándo? Urda y Orgaz, en la provincia de Toledo. La providencia se notificó el sábado 31 de octubre y la retirada de vagones se reanudó a las 08:00 horas del domingo 1 de noviembre.
- ¿Qué resultado? Doce médicos forenses, tres especialistas en toxicología, cuatro oficinas ante mortem y cinco letrados en comisión de servicios movilizados por el Ministerio de Justicia.
La providencia la dictó el sábado por la tarde la titular del juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou. En ella requiere a la empresa, «de forma urgente», que disponga de los operarios necesarios y organice los turnos precisos para que la búsqueda en la zona continúe sin interrupciones.
El requerimiento se notificó ese mismo día, pero llegó tarde para la noche del sábado. La retirada de los vagones siniestrados se había detenido durante la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, porque la contrata no disponía de operarios suficientes para relevar a quienes llevaban horas trabajando. Los trabajos no se reanudaron hasta las 08:00 horas del domingo 1 de noviembre.
La urgencia responde a un objetivo concreto: localizar los restos humanos que todavía podrían encontrarse entre los trenes accidentados y entregarlos cuanto antes a las familias, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
La colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo se produjo el miércoles 28 de octubre, a las 08:54 horas, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, entre Los Yébenes y Urda.
El último balance oficial cifra en al menos 68 los fallecidos, además de numerosos heridos, algunos graves. La causa sigue bajo secreto de sumario.
La instrucción judicial convierte la retirada de los vagones en una tarea sin pausa: el objetivo es recuperar los restos y entregarlos cuanto antes a las familias.
La instructora ha dictado además un auto que prohíbe obtener, divulgar o publicar información o imágenes de las víctimas o de sus familias, incluido el material que pueda revictimizarlas. La resolución deja a salvo los datos necesarios para identificar a las víctimas y persigue preservar su intimidad, integridad y dignidad, según el TSJCLM.
Refuerzo del juzgado: cinco letrados, doce funcionarios y sede en Toledo
El Ministerio de Justicia ha detallado los medios movilizados en respuesta al escrito que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó el mismo día del accidente. El sindicato pedía reforzar la plantilla del tribunal y conocer las medidas adoptadas; el jueves, el departamento se había limitado a acusar recibo. La respuesta se ordena en cuatro bloques: forenses, toxicología, atención a las familias y oficinas ante mortem.
En el ámbito forense, Justicia ha activado hasta 12 médicos forenses, siete de ellos llegados de Ciudad Real y Cuenca, y ha puesto en alerta los institutos de Medicina Legal de Albacete y Guadalajara. A los tres técnicos especialistas en anatomía patológica y autopsias del IML de Toledo (el Instituto de Medicina Legal, que presta asistencia técnica forense a los juzgados) se suman otros tres procedentes de Guadalajara.
Tres facultativos del INTCF (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el organismo que analiza las muestras biológicas) y su directora se han desplazado al lugar para recoger muestras y acelerar su envío al laboratorio.
El refuerzo alcanza también a la atención directa. El Ministerio ha enviado psicólogos a la sede del TSJCLM para atender a los familiares que gestionan personalmente los trámites con las funerarias y ha abierto cuatro oficinas ante mortem en Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, donde médicos forenses y equipos técnicos recogen muestras de ADN. En la de Toledo participa además el psicólogo de la Oficina de Atención a las Víctimas.
La medida de mayor calado organizativo afecta al propio tribunal. Su actividad se traslada a Toledo porque los afectados se están concentrando en la capital. La plantilla recibe cinco letrados de la Administración de Justicia en comisión de servicios —los antiguos secretarios judiciales, responsables de la fe pública y de impulsar la tramitación—, con un sexto autorizado.
Doce funcionarios de los cuerpos generales prolongarán su jornada: ocho trabajarán para el tribunal entre Orgaz y Toledo y cuatro apoyarán al Registro Civil, competente para inscribir las defunciones y expedir los certificados. La Fiscalía contará también con refuerzo de tramitación.
CSIF valora «muy positivamente» la rapidez del despliegue y el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia, que trabaja de forma intensiva para evitar que se agrave el sufrimiento de los familiares. Mantiene abierta, sin embargo, una petición: las medidas de refuerzo para la instrucción de la causa, que considera imprescindibles para practicar pruebas, tomar declaración a los testigos y examinar la documentación disponible.
El Contexto Operativo
La respuesta al siniestro combina dos velocidades: la instrucción judicial, sometida al secreto de sumario y a los tiempos procesales, y la maquinaria administrativa del Ministerio de Justicia, que en menos de una semana ha movilizado medios humanos de cuatro provincias. El último balance oficial, difundido por el TSJCLM, sitúa la cifra en al menos 68 fallecidos y numerosos heridos, algunos graves, lo que convierte la identificación de las víctimas en la prioridad operativa.
El volumen de medios desplegados —doce médicos forenses, tres especialistas en toxicología, cuatro oficinas ante mortem y cinco letrados en comisión de servicios— responde a un criterio técnico: cuanto antes se complete la identificación y la retirada de los restos, antes podrán cerrarse los trámites con las funerarias y la inscripción de las defunciones.
Queda por concretar el refuerzo de la propia instrucción, la petición que CSIF formuló el mismo día del accidente y que el sindicato espera que el Ministerio resuelva en los próximos días. La investigación deberá analizar las pruebas, tomar declaración a los testigos y examinar la documentación para determinar las causas del accidente y, en su caso, a los responsables. Mientras la causa siga bajo secreto, ninguna hipótesis sobre el origen de la colisión puede darse por válida.
