EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El sumario del caso Quórum Social 77 describe golpes «sin dejar marca», encierros de días en un baño y expresiones racistas contra menores migrantes en centros que la asociación gestionaba para Canarias.
- ¿Quién está detrás? La causa la instruye la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la Operación Cábila, con 14 investigados y ramificaciones en Fuerteventura, Tenerife y Puerto de la Cruz.
- ¿Qué impacto tiene? El Ejecutivo autonómico, que ha pagado más de 200 millones de euros a la entidad desde 2020, invoca su «tolerancia cero» y anuncia un refuerzo de la inspección de los centros de menores.
El sumario del caso Quórum Social 77 dibuja golpes, encierros y desprecio a menores migrantes en centros financiados por Canarias.
Lo que describe el sumario: golpes que no dejan marca y un baño llamado «tiempo fuera»
La causa la instruye la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia, en el marco de la Operación Cábila, que dirige el Cuerpo General de la Policía Canaria. Al frente están el magistrado instructor Tomás Luis Martín Rodríguez y la fiscal delegada de Extranjería, Teseida García García. La última diligencia contabiliza 14 investigados además de la propia asociación; las piezas de Fuerteventura, My City y la causa acumulada de Puerto de la Cruz suman una veintena más.
El retrato que sostiene la instrucción no habla de episodios aislados. Un testigo protegido que trabajó en el centro La Fortaleza I, en Bandama (Santa Brígida), contó a la policía en abril de 2025 el «recibimiento» que se daba a los chicos recién trasladados: había visto a menores «volando» y cómo les pegaban. Preguntado por si usaban objetos, respondió que no hacían falta: «Son gente que saben pegar, que saben hacer daño sin dejar marca, tiran mucho de golpes al hígado y riñones».
La investigación no depende sólo de la memoria de los testigos. El 19 de mayo de 2025, durante el registro de Bandama, un dron policial grabó al coordinador Juan Francisco Hernández Vera, conocido como ‘Coco’, practicando un mataleón a un menor y llevándolo a la fuerza hacia la zona de los baños. Ese mismo día los agentes hallaron a un chico de 16 años que aseguró que lo habían bajado a esa habitación «hasta nueva orden» y que todos los trabajadores eran «unos abusadores». En la pared del baño 2B, el laboratorio de genética del Instituto de Medicina Legal encontró sangre humana con perfil de varón.
Los teléfonos intervenidos añaden la voz de la cúpula. En el móvil de la directora de Fortaleza I, la policía localizó un audio atribuido a la presidenta, Delia García García, enviado la noche del 18 de junio de 2024 a un grupo de WhatsApp llamado ‘Incidencias Graves Gran Canaria’: «Mañana por la mañana voy a necesitar una operación de la muerte con secuestro exprés de la muerte». Remataba con un «negro despistado, pim, pam, pum, pa dentro». Al subdirector, Daniel Andrés Melián Mateos, se le atribuyen mensajes en los que reconoce que «yo le di una» y en los que admite que «puse la película así, pa que la cosa no parezca» para que la agresión quedara registrada como una simple contención.
El sumario no describe un exceso puntual, sino un sistema: golpes que no dejan marca, baños convertidos en celdas y registros maquillados ante la inspección.
El auto del juez instructor sostiene que las prácticas «no sólo eran conocidas por los responsables del centro, sino también toleradas, facilitadas y, en ocasiones, directamente ordenadas por sus superiores jerárquicos». La resolución aprecia una «estrategia deliberada de ocultación» que se concreta en manipulación de registros internos, omisión de partes médicos, habitaciones fuera del alcance de las cámaras y traslados de los chicos que podían denunciar cada vez que se anunciaba una inspección.
La «tolerancia cero» del Ejecutivo y el refuerzo de la inspección
La respuesta del Ejecutivo autonómico no se ha hecho esperar. El Gobierno de Canarias ha subrayado este lunes su «tolerancia cero» con cualquier maltrato y ha anunciado un refuerzo de la inspección en los centros de acogida de menores no acompañados, la red que financia y supervisa a través de la Consejería de Bienestar Social. La Ley Orgánica 8/2021 obliga a las administraciones a articular protocolos de detección y actuación ante la violencia sobre la infancia. Lo que no ha concretado el departamento es cuántos efectivos se sumarán ni con qué calendario.
Quórum Social 77 es la entidad que más dinero ha recibido del Gobierno de Canarias para gestionar centros de acogida: desde 2020 ha ingresado más de 200 millones de euros para hacerse cargo de decenas de recursos. Esa cifra explica la dimensión del caso, y también, la política: no hablamos de un operador menor sino del principal contratista de la red de tutela de menores no acompañados del archipiélago.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna desde 2023 en coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular, con Fernando Clavijo al frente y el respaldo parlamentario de Agrupación Socialista Gomera. La tutela de menores migrantes es, desde hace una década, uno de los asuntos que más desgasta al ejecutivo de turno: el colapso del muelle de Arguineguín en 2020 colocó al archipiélago en el centro del debate sobre la acogida, y desde entonces la comunidad reclama un reparto obligatorio entre autonomías que sigue sin cuajar en el Congreso.
La dimensión regional no es menor. Canarias, Ceuta y Melilla soportan la mayor parte de las llegadas y las tres han advertido de que sus sistemas de acogida trabajan por encima de su capacidad. En el plano judicial, la causa sigue abierta, el secreto ya se ha levantado y ninguno de los investigados ha declarado ante el juez: todos quedaron en libertad el mismo día de su detención. El riesgo para el Gobierno canario es doble: que la investigación alcance a la estructura de supervisión autonómica y que el asunto se instale en el Parlamento antes de las elecciones de mayo de 2027.
Ficha Autonómica
- El caso: El sumario de la Operación Cábila describe golpes, encierros en baños y expresiones racistas contra menores migrantes no acompañados en centros que Quórum Social 77 gestionaba para el Gobierno de Canarias.
- Datos importantes: 14 investigados en la pieza principal y una veintena más en las ramificaciones. La entidad ha percibido más de 200 millones de euros desde 2020. Se investigan malos tratos habituales, lesiones, integridad moral, odio, omisión del deber de impedir delitos y obstrucción a la justicia.
- Resumen: El secreto de sumario está levantado y ningún investigado ha declarado ante el juez. El Ejecutivo canario anuncia más inspección sin concretar medios ni calendario.
