El PNV de Gipuzkoa exige anular las prácticas de tiro de las policías locales de Andoain y Tolosa en Intxaurrondo. Los dos consistorios están gobernados por EH Bildu y envían a sus agentes al acuartelamiento de la Guardia Civil, según el comunicado del Gipuzko Buru Batzarra difundido el 31 de octubre.
Qué exige el PNV de Gipuzkoa y con qué argumentos
El documento plantea tres requerimientos. El primero es la dimisión de los alcaldes de Andoain y Tolosa como asunción de responsabilidad política, con el argumento de que la ley atribuye a los regidores la jefatura superior de la policía local. El segundo, la anulación inmediata de los procesos de formación que se imparten en Intxaurrondo y su traslado a la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute. El tercero, la aprobación en todos los ayuntamientos de Gipuzkoa de una moción de apoyo al modelo estatutario de policía.
La formación de los agentes municipales en un cuerpo estatal supone, a juicio de los nacionalistas vascos, una ‘marginación intencionada’ de la Ertzaintza como policía integral de Euskadi. El texto sostiene que las competencias de la policía autonómica, amparadas por el Estatuto de Autonomía, abarcan desde la prevención y el patrullaje, hasta la policía judicial, el antiterrorismo y el tráfico, e incluyen la formación de los agentes a través de la academia alavesa. Fuentes del Gipuzko Buru Batzarra califican la decisión de los dos ayuntamientos como un ‘punto de inflexión’ en materia de seguridad.
El choque competencial que subyace tras las prácticas de tiro
El segundo eje del requerimiento es competencial. El PNV de Gipuzkoa considera que ceder a Intxaurrondo la formación de la policía local refuerza ‘por la vía de los hechos’ la presencia de la Guardia Civil en Euskadi, un instituto armado de naturaleza militar cuyas funciones en la comunidad se limitan, según su lectura del marco estatutario, a las supracomunitarias o estatales. En paralelo, advierte de un ‘ataque directo’ al modelo de Euskal Polizia, el esquema de cooperación entre Ertzaintza y policías locales basado en la corresponsabilidad y la optimización de recursos.
El texto apela al valor histórico de la Ertzaintza y de su academia, y sostiene que la decisión de ambos ayuntamientos se sitúa ‘frontalmente en contra’ del modelo de seguridad pública integral. El PNV de Gipuzkoa reclama, además, que los plenos municipales respalden expresamente ese esquema de cooperación entre cuerpos.
Ni el Ayuntamiento de Andoain ni el de Tolosa habían hecho pública, al cierre de esta edición, una valoración del requerimiento. Tampoco consta un pronunciamiento de la dirección de EH Bildu en Gipuzkoa sobre la petición de dimisión de sus dos alcaldes.
El requerimiento combina tres frentes: la dimisión de dos alcaldes, el traslado de la formación a Arkaute y mociones en todos los ayuntamientos de Gipuzkoa.
El precedente de Arkaute y el reparto de funciones entre cuerpos
La Academia Vasca de Policía y Emergencias se ubica en Arkaute y es el centro de referencia para la formación de la Ertzaintza y de las policías locales desde la aprobación de la Ley de Policía del País Vasco. El marco estatal, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reserva a la Guardia Civil y a la Policía Nacional las funciones supracomunitarias, mientras las comunidades con policía integral asumen la coordinación de los cuerpos municipales.
El modelo de Euskal Polizia se articula mediante convenios de colaboración entre la Ertzaintza y los ayuntamientos, y su desarrollo corresponde al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La instrucción en tiro de los agentes municipales se imparte en instalaciones habilitadas para ello, un extremo que el comunicado nacionalista utiliza para reclamar la vuelta de los procesos a la academia alavesa.
El Gipuzko Buru Batzarra no ha fijado calendario para registrar las mociones en los consistorios. Su aprobación dependerá de las mayorías de cada ayuntamiento, en un mapa municipal donde EH Bildu y PNV compiten por la hegemonía local en el territorio. Mientras no se produzca un pronunciamiento de los dos ayuntamientos afectados, la formación de sus agentes municipales seguirá vinculada a las instalaciones de Intxaurrondo.
