La vivienda en la Comunidad de Madrid gana 3 gigavatios de capacidad eléctrica y desbloquea más de 100.000 pisos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha rectificado su planificación después de 2.566 alegaciones y de meses de pulso con el Gobierno regional.
El reparto concreto: de los 6,5 GW previstos para la región hasta 2030, casi la mitad —unos 3 GW— irán a cubrir la demanda de los nuevos desarrollos residenciales. Es la traducción técnica de una frase que en Sol repiten desde hace años. Sin electricidad suficiente, los proyectos no avanzan por mucho suelo que haya.
Con esa corrección, Madrid se convierte en la segunda comunidad que más potencia adicional recibe, solo por detrás de Aragón. Lo recoge la información publicada por ABC y lo confirman fuentes de la Consejería de Medio Ambiente e Interior, que dirige Jorge Rodrigo desde que Carlos Novillo dejara el cargo para incorporarse a la candidatura del PP al Congreso.
En la Consejería subrayan el resultado con una mezcla de satisfacción y reproche: ‘La presión, las alegaciones y el trabajo técnico de la Comunidad de Madrid han conseguido incorporar capacidad eléctrica para más de 100.000 viviendas, aunque siguen pendientes infraestructuras esenciales en municipios como Parla y Algete’.
La alarma que nadie quiso escuchar: 166.000 viviendas públicas en el aire
La voz de aviso llevaba tiempo activada. El Ejecutivo autonómico había advertido de que la planificación estatal no garantizaba los nuevos desarrollos urbanísticos y de que 166.000 viviendas públicas podían quedar comprometidas por falta de suministro en los próximos años. No era una amenaza retórica.
Una subestación no sale en las fotos de la inauguración, pero decide qué promociones se construyen y cuáles se quedan en el plano.
La queja apuntaba a un documento concreto: el borrador de planificación eléctrica con horizonte 2030 que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso sobre la mesa alrededor de un año antes. No contemplaba las necesidades de estos suelos. La Comunidad presentó alegaciones, aportó información técnica e insistió ante el Ministerio. El resultado llegó la semana pasada.
Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte: los cuatro suelos que se desatascan
Los tres primeros son los desarrollos del sureste de la capital, el gran reservorio de vivienda nueva para las próximas décadas. El cuarto es Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, un proyecto que arrastra más de dos décadas de tramitación y que ahora despeja uno de sus últimos obstáculos: la energía.
La Comunidad no firma un cheque en blanco, eso sí. Fuentes del Gobierno regional insisten en que el cambio ‘acumula un retraso cercano a los dos años respecto a las necesidades planteadas y todavía será necesario ejecutar las infraestructuras para que la capacidad reconocida se traduzca en suministro efectivo. El papel ya dice sí. Falta que lo diga la subestación.
Para quien busca piso, la consecuencia es indirecta pero real. La capacidad eléctrica no construye viviendas: habilita los proyectos que después necesitan licencia, urbanización y grúa. Los desarrollos del sureste suman decenas de miles de hogares previstos para la próxima década, y cada año de retraso en la red se traduce en menos oferta disponible en el mercado madrileño.
Parla, Algete y Getafe: lo que la rectificación no resuelve
El avance no cierra el mapa. En el norte sigue pendiente la ampliación de la subestación de Algete, necesaria para los desarrollos de Algete y Fuente el Saz. En el sur, Parla necesita ampliar la suya para responder a la demanda prevista. Y Getafe aparece en el listado de municipios donde la insuficiencia de red ya genera dificultades. El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, trasladó estas reclamaciones al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el pasado 26 de octubre; del encuentro salió el compromiso de mantener nuevos contactos con el Ministerio, las distribuidoras y la Comunidad. Ninguna de las dos actuaciones tiene calendario cerrado.
Sin subestación no hay grúa.
Hay un segundo frente que va más allá de la vivienda. La región concentra 56 proyectos de centros de datos —15 en construcción y 41 en fase de diseño—, con una inversión estimada de 15.000 millones de euros y entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos. Son instalaciones que consumen mucha energía y exigen una red a la altura; sin ella, la apuesta madrileña por la inteligencia artificial se queda coja. El pulso, por tanto, no es solo urbanístico. Es también industrial.
El Gobierno regional añade otra crítica al enfoque estatal: discute que la saturación se resuelva con más restricciones a la inversión en lugar de con más infraestructura. Una planificación más restrictiva, argumentan, genera incertidumbre en los proyectos en tramitación y penaliza la competitividad en sectores estratégicos.
Conviene mirar el precedente. Madrid ya vivió un atasco parecido con los suelos del sureste: se anunciaron miles de viviendas antes de que existieran las condiciones para construirlas. Y la comparación con Aragón ilustra cómo se decide el mapa energético: por criterios técnicos, sí, pero también por quién llega antes y con mejores papeles.
La lectura propia es incómoda con las dos administraciones. La rectificación es una buena noticia, pero llega con dos años de retraso y deja la mitad del problema sin resolver. Duplicar la capacidad prevista no equivale a tenerla instalada. Entre el papel y el contador median subestaciones, licencias, y plazos que nadie ha firmado.
Queda la letra pequeña.
El próximo hito tiene fecha aproximada y nombre propio: las reuniones entre Ministerio, distribuidoras y Comunidad para estudiar la viabilidad de Parla y Algete. Ahí se sabrá si el desbloqueo de 100.000 viviendas es el principio de algo o solo el titular de una semana.
