El PNV mantendrá su voto a favor del primer decreto de vivienda del Gobierno central. La convalidación está prevista para el 12 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso, según la información difundida por el grupo parlamentario vasco en Madrid.
La decisión se sostiene pese al desplome de la oferta de alquiler que registran las capitales vascas desde la aprobación de la norma. Los datos del portal inmobiliario Idealista, recogidos por El Mundo, sitúan en el 27% la caída de los anuncios de vivienda en alquiler en España desde el 29 de septiembre, fecha de los primeros decretos.
En Donostia-San Sebastián se han retirado el 24% de los anuncios en el último mes y en Bilbao, el 21%. Ambas cifras superan la media nacional, situada en el 19%. Vitoria-Gasteiz figura en el grupo de cabeza de las ciudades españolas con mayor retroceso y en Pamplona-Iruña la caída alcanza el 30%, según la misma fuente.
Qué se convalida el 12 de noviembre
El respaldo nacionalista se sustenta en el contenido del texto. Un portavoz del grupo parlamentario vasco en Madrid lo expone así: ‘Ya nos hemos pronunciado sobre los decretos y mantenemos la misma postura. Votaremos que sí al primer decreto porque incluye medidas que son necesarias’. Entre esas medidas cita la regulación del alquiler de temporada, que la formación considera uno de los agujeros negros de la Ley de Vivienda de 2023, las limitaciones a la actividad de los fondos buitre y la protección de los pequeños propietarios con dos o menos viviendas.
Por qué el PNV respalda un decreto y rechaza el otro
La formación que preside Aitor Esteban mantiene, en cambio, su rechazo al segundo decreto, el patrocinado por Sumar. Lo justifica con este argumento: ‘supone un ataque al pequeño propietario y creemos que es el que realmente es contraproducente y retrae la oferta de la vivienda del alquiler en el mercado’.
Expertos inmobiliarios consultados por El Mundo discrepan de ese diagnóstico y sitúan el efecto sobre la oferta en el primer decreto. Del segundo, que incorpora indemnizaciones de doce meses por parte del propietario al inquilino, dieron por sentado desde el primer momento que no saldría adelante.
El primer decreto regula el alquiler de temporada y limita la actividad de los fondos; el segundo incorpora indemnizaciones de doce meses a cargo del propietario.
El texto llega a la Diputación Permanente después de que Junts rechazara la base de ambos decretos y de que el Ejecutivo recuperara su contenido por esta vía, un formato en el que el partido de Carles Puigdemont no resulta determinante. En ese órgano, el PSOE y sus socios a la izquierda necesitan el apoyo del PNV, sostén del Gobierno durante la legislatura.
El recorrido parlamentario fue accidentado. Los primeros decretos, aprobados el 29 de septiembre, quedaron derogados por la mayoría del Congreso y el Ejecutivo recompuso su contenido después, con dos nuevos textos aprobados el 6 de octubre. La votación del 12 de noviembre se plantea, por tanto, sobre una norma que ya fue rechazada una vez por la Cámara.
El precedente vasco: zonas tensionadas y topes selectivos
El Gobierno Vasco, en coalición con el PSE-EE, aplica la Ley de Vivienda estatal en las zonas declaradas tensionadas. La línea oficial del PNV descarta extender la intervención a toda la comunidad y defiende topes selectivos, ‘basados en el acuerdo y en la elaboración conjunta con los municipios de planes de actuación que permitan superar la situación de tensionamiento con medidas concretas para ampliar la oferta de vivienda asequible’.
EH Bildu perdió esta semana en el Parlamento Vasco una votación para declarar tensionada toda la comunidad autónoma. La coalición soberanista no reunió los apoyos necesarios para extender el control de precios a todo el territorio, una medida que la coalición de gobierno rechaza en favor de la aplicación selectiva por zonas y con acuerdo municipal.
Los expertos consultados sostienen que Euskadi y Cataluña cuentan ya con la regulación más intervencionista en materia de alquiler, de modo que los reales decretos, en su opinión, ‘profundizan la crisis’ en lugar de corregirla. La convalidación del 12 de noviembre determinará si el primer decreto sigue adelante con el respaldo nacionalista o decae en la Diputación Permanente.
