La Unió Llauradora exige que la prohibición de la venta a pérdidas deje de ser un principio y se convierta en ley.
Reunida en su congreso anual, la organización agraria valenciana ha elegido un lema que es casi un programa: Plantem cara, sembrem futur, «Plantamos cara, sembramos futuro». El sector llega a la cita con los números apretados. El aumento de los costes de producción y la dificultad para garantizar la rentabilidad de las explotaciones centran el debate, y La Unió Llauradora i Ramadera no pide comprensión: pide norma.
La demanda estrella tiene nombre técnico y consecuencias muy terrenales. La organización reclama prohibir por ley la venta a pérdidas, es decir, que ningún productor pueda verse obligado a colocar su cosecha por debajo de lo que le ha costado cultivarla. La práctica sigue apareciendo en la cadena alimentaria bajo fórmulas diversas y con una capacidad sancionadora que el sector considera testimonial. Entre los agricultores se repite una idea sencilla: vender por debajo de coste no es competir, es resistir.
Los costes, mientras tanto, no han bajado. Energía, fertilizantes, fitosanitarios, mano de obra y agua componen una estructura de gasto que se quedó alta justo cuando los precios en origen volvieron a apretarse. El margen se estrecha en el eslabón con menos capacidad de negociación. Y las cifras no cierran.
La segunda pata del congreso es el relevo generacional. Sin incorporación de jóvenes no hay explotaciones que valgan, y el envejecimiento del censo agrario es una evidencia que ninguna administración discute. La Unió plantea medidas que hagan viable la primera década de una explotación: acceso a tierra, financiación, formación y una rentabilidad previsible. Sin precio en origen no hay relevo posible, insiste la organización.
Sin relevo no hay campo, y sin precio en origen no hay relevo: las dos urgencias de La Unió nacen de la misma raíz.
Del cítrico al aguacate: los cultivos que buscan abrir camino
Mientras la reclamación normativa avanza despacio, el mapa del campo valenciano ya se está moviendo. La crisis citrícola, con precios bajos y campañas irregulares, ha empujado a muchos productores a buscar alternativas. El aguacate se ha consolidado como una de las apuestas en expansión: en la última década, la superficie dedicada a este cultivo se ha multiplicado por diez en la Comunitat Valenciana, impulsada por la disponibilidad de agua y unas condiciones climáticas favorables.
La otra alternativa tiene acento de interior. La trufa, especialmente en la comarca del Alt Palància, ha pasado de curiosidad a actividad económica: su cultivo y recolección generan ingresos en municipios pequeños, ayudan a fijar población y abren la puerta al emprendimiento entre los más jóvenes. Un tubérculo que sostiene un territorio.
El patrón se repite en Castellón, Valencia y Alicante: diversificar para no depender de un único precio. A eso se suma la reivindicación de siempre, la del agua y las infraestructuras de regadío, que La Unió vuelve a poner sobre la mesa. La reconversión no es gratuita: cambiar de cultivo exige inversión y años sin ingresos, algo que las explotaciones más pequeñas no siempre pueden permitirse.
El Escenario Valenciano
La demanda aterriza en una Generalitat gobernada por el Consell de Pérez Llorca, con el PP y Vox compartiendo responsabilidad sobre la Conselleria d’Agricultura. El ejecutivo autonómico ha convertido la defensa del sector primario en un eje de discurso recurrente, con anuncios de simplificación administrativa y compromiso con el regadío, mientras la oposición reclama que ese discurso se traduzca en partidas presupuestarias concretas y en una postura firme ante Madrid y Bruselas.
El PSPV y Compromís han situado la política agraria en el terreno de la fiscalización presupuestaria: menos fotos con el sector y más dinero para modernización, seguros agrarios y relevo generacional. La lectura es otra según quien la cuente, pero el marco que decide el precio no es autonómico.
La prohibición efectiva de la venta a pérdidas depende de la ley estatal de la cadena alimentaria, reformada en 2021 para trasponer la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, y sobre todo de cómo se aplique en cada eslabón. El Ministerio de Agricultura tiene la competencia; el Consell, la interlocución. A eso se añade el frente europeo: la revisión de la PAC, las cláusulas espejo para las importaciones de terceros países, y el debate sobre costes de producción que comparten agricultores españoles, franceses e italianos.
La proyección es concreta. Si la reclamación de La Unió llega a las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños) en forma de proposición no de ley, el PP valenciano tendrá que elegir entre respaldar una prohibición legal exigida por el sector o mantener la ambigüedad. En el horizonte inmediato está la negociación presupuestaria de la Generalitat, donde las organizaciones agrarias volverán a medir las promesas en millones y no en lemas.
Ficha del Caso
- El caso: La Unió Llauradora i Ramadera celebra su congreso anual con la rentabilidad del campo valenciano como eje y una exigencia central: prohibir por ley la venta a pérdidas.
- Datos importantes: La superficie de aguacate se ha multiplicado por diez en la última década en la Comunitat Valenciana; la trufa se consolida en el Alt Palància como actividad de interior. El marco que regula los precios es estatal y europeo.
- Resumen: El sector pide norma, no asistencia, mientras el Consell de Pérez Llorca y el Ministerio de Agricultura se reparten competencias sobre una cadena alimentaria que sigue pagando el eslabón más débil.
