EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La CEV ha denunciado pintadas en la puerta de su sede, en el palacio de la plaza de Carlet de València, y ha reclamado al delegado del Gobierno medios suficientes para garantizar el derecho al trabajo en la huelga del miércoles 11 de noviembre.
- ¿Quién está detrás? Vicente Lafuente preside la patronal; Ana García Alcolea (CCOO-PV) y Tino Calero (UGT-PV) encabezan la convocatoria; Roger Llanes es el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
- ¿Qué impacto tiene? El paro llega con el pulso entre derecho a la huelga y derecho al trabajo en el centro del debate y con la campaña del 29N de fondo.
La patronal valenciana denuncia pintadas en su sede y pide al Delegado del Gobierno garantizar el derecho al trabajo el 11-N.
Amaneció con pintadas la puerta del palacio de la plaza de Carlet, en València. Es la sede de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la patronal autonómica, y su presidente, Vicente Lafuente, lo contó con la contención de quien no quiere echar más leña: «Lo vamos a denunciar y esperemos que se quede simplemente en eso». A primera hora, según relató, recibió las llamadas de los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Ana García Alcolea y Tino Calero, que se desmarcaron del ataque.
De la pintada en la puerta a la petición formal al Delegado del Gobierno
Los convocantes ya habían llamado a esa misma puerta. Los secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV, junto a representantes de Intersindical, CGT, CNT y el Sindicat de Llogateres, entregaron allí el manifiesto conjunto con las reivindicaciones laborales de la huelga general del 11-N. El pulso empezó antes de las pintadas. Después se trasladaron a la Conselleria de Vivienda, el departamento del gobierno autonómico equivalente a un ministerio, para registrar una copia del mismo documento.
La patronal respondió con una reunión. Lafuente se vio con Roger Llanes, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la figura que representa al Ejecutivo central en el territorio y coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para tratar la seguridad de la jornada del miércoles. La CEV no pidió desconvocar: pidió protección.
El pulso entre el derecho a la huelga y el derecho al trabajo
«Es absolutamente extemporánea y electoralista», dijo Lafuente del paro. «Con la tensión contenida que hay en nuestra sociedad, puede generar problemas», añadió. Su preocupación, trasladó al delegado, es que se paren las actividades económicas: si es importante que exista derecho a la huelga, «también que se garantice el derecho al trabajo». Para eso reclamó medios suficientes para que cualquier persona trabajadora pueda acceder a su puesto «con absoluta normalidad».
El derecho a la huelga y el derecho al trabajo no se anulan: cuando la patronal pide protección para el día del paro, el debate es de convivencia.
El delegado escuchó a todas las partes. Se reunió con la patronal, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y con los convocantes. «Hay una actitud colaboradora de todas las personas implicadas», resumió Llanes, que subrayó que el Gobierno «asume» las razones de unos y otros y calificó las reivindicaciones sindicales de «razonables y respetables».
Hay un marco legal detrás del tono. El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, y los servicios mínimos los fija la autoridad gubernativa, un terreno que en las grandes convocatorias —de la huelga general del 29 de marzo de 2012 al 8-M de 2018— ha sido el verdadero campo de batalla, mucho más que las pancartas. La diferencia, esta vez, es que la protesta no se mide solo en piquetes sino también en una puerta vandalizada y en una denuncia anunciada.
El Escenario Valenciano
El Consell de Pérez Llorca, el ejecutivo autonómico que sostienen PP y Vox, afronta la jornada con un asunto incómodo en la agenda: la Conselleria de Vivienda es destinataria del manifiesto sindical, y la protesta se leerá también en clave de política de vivienda y de coste de vida. La oposición de PSPV y Compromís tiene su propio dilema, y no es pequeño: respaldar las reivindicaciones laborales sin aparecer como comparsa de una convocatoria que la patronal sitúa en la campaña del 29N.
La lectura nacional tampoco es menor. En Madrid, el debate sobre los servicios mínimos reaparece cada vez que hay una convocatoria de este calibre, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho de la defensa del derecho a la huelga una seña de identidad frente al PP, que gobierna la Generalitat y mira con lupa cualquier paro que afecte al tejido productivo. El espejo sigue siendo 2012, cuando los servicios mínimos fijados por el Gobierno se convirtieron en el principal foco de conflicto entre sindicatos y Ejecutivo. Entonces no había pintadas; ahora sí.
Quedan dos días de margen. El miércoles 11-N se sabrá si el dispositivo policial basta, si el seguimiento es masivo y si las pintadas se quedan, como pidió Lafuente, «simplemente en eso». El calendario electoral aprieta y cada gesto cuenta. La patronal ha prometido denuncia; los sindicatos, desmarque. Nadie quiere otro titular.
Ficha del Caso
- El caso: La patronal CEV denuncia pintadas en su sede de València y traslada al delegado del Gobierno su preocupación por la huelga general del 11-N.
- Datos importantes: Convocatoria del miércoles 11 de noviembre; reunión con Roger Llanes; manifiesto entregado en la CEV y en la Conselleria de Vivienda; derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.
- Resumen: El paro llega con el pulso entre derecho a la huelga y derecho al trabajo como eje, con la campaña del 29N de fondo y con la seguridad de la jornada como prioridad reclamada por la patronal.
