La prueba de los verificadores de LaLiga afronta en Barcelona un examen de legalidad conforme al artículo 5.2 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué se examina? Las diligencias previas 1802/2024 del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, transformadas en el juicio sobre delitos leves 852/2024, a partir de una denuncia de LaLiga por una emisión no autorizada en un local de hostelería.
- ¿Qué base jurídica se discute? Los artículos 5.2, 37, 48 y 49 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la exigencia de Tarjeta de Identidad Profesional y la inscripción del despacho en el Registro Nacional de Seguridad Privada, frente al derecho de contradicción del artículo 24 de la Constitución.
- ¿Qué impacto tiene? La regularidad del acta condiciona su valor probatorio en los procedimientos por piratería audiovisual en establecimientos; no consta resolución que declare intrusismo ni ilicitud de la prueba.
El origen del expediente y el método de inspección
El 1 de abril de 2024, a las 21:25, un empleado de LaLiga observó durante veinticuatro minutos la emisión de un partido de fútbol en un bar de Barcelona. Tomó fotografías y anotó en una aplicación móvil los datos de la señal. El informe se incorporó después a un procedimiento judicial como soporte de la denuncia contra el responsable del establecimiento. En el acta firma una persona identificada como «Inspector»; la denuncia la denomina «Verificador».
La denuncia describe una actividad organizada: los empleados de LaLiga HORECA reciben instrucciones sobre los locales que deben visitar, el trabajo se reparte por zonas y varios coordinadores revisan la información recabada. Cada verificador utiliza un teléfono con la aplicación CORNER, vinculada al sistema Xquadra, que registra el inicio, el final y la ubicación de cada visita y al que se adjuntan fotografías y documentación. El acta incorpora un identificador, establecimiento, dirección, horas de inicio y fin y el partido observado. La calificación del empleado como «verificador» no determina su estatuto jurídico.
La reserva legal de la investigación privada y el valor del acta
El artículo 5.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, atribuye a los despachos de detectives, con carácter «exclusivo y excluyente», la prestación de los servicios de investigación privada enumerados en el artículo 5.1.h). El artículo 37 encomienda a los detectives su ejecución personal y el artículo 48 delimita las averiguaciones por cuenta de terceros legitimados para obtener información y pruebas sobre hechos privados, incluidos los económicos y mercantiles. La norma distingue, por tanto, entre la habilitación individual del profesional y la situación registral del despacho.
La Tarjeta de Identidad Profesional acredita la habilitación de la persona; el despacho debe presentar declaración responsable e inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el registro autonómico competente. El artículo 49 de la Ley 5/2014 exige que el acta haga constar los detectives intervinientes y el número de registro asignado al servicio, dato que no equivale al número de inscripción del despacho. En las piezas examinadas no aparece la TIP ni la identificación registral de ningún despacho. La ausencia es verificable; la falta real de habilitación del interviniente no está acreditada.
La ausencia de Tarjeta de Identidad Profesional en un acta de verificación abre un juicio de legalidad sobre la prueba, no una declaración automática de nulidad.
También el objeto de la observación condiciona el análisis. Las comprobaciones se realizan en establecimientos de terceros y recaen sobre la actividad de esos negocios, no sobre instalaciones propias de LaLiga. Que el local sea ajeno no convierte cualquier observación en investigación privada reservada; lo determinante es el conjunto de la actividad organizada, su planificación y la finalidad de recoger soporte probatorio frente a terceros.
El documento vincula la falta de licencia a la ausencia de un código numérico —fingerprint— y añade que se tomaron fotografías y que se expide a efectos legales. Se pasa así de una observación a una conclusión que se emplea contra el responsable del local. Esa conclusión debe poder someterse a contradicción como cualquier otro elemento de cargo. El acta no es prueba tasada: es documento sometido a libre valoración conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La cuestión horaria exige una precisión técnica. El acta sitúa la visita entre las 19:25 y las 19:49, pero el informe y la certificación tecnológica indican que el sistema opera en UTC. El 1 de abril de 2024, con el horario de verano ya en vigor, esas horas correspondían en Barcelona a las 21:25 y las 21:49. La discordancia aparente no basta por sí sola para sostener una falsedad documental.
La documentación incorpora la citación del verificador como testigo para el 27 de marzo de 2025. Según el relato que la defensa trasladó al expediente, compareció, ratificó el informe e incurrió en contradicciones. La copia examinada no contiene la sentencia ni la grabación de la vista, de modo que no es posible contrastar los términos de esa declaración ni la valoración judicial. Tampoco consta que se le requiriera acreditar su condición de detective privado.
En cuanto al interés propio, LaLiga sostiene que actúa en defensa de sus derechos audiovisuales frente a emisiones no autorizadas y presenta las comprobaciones como trabajo de su departamento HORECA. Una cosa es estar legitimado para perseguir un hecho y otra prestar un servicio de investigación. En julio de 2020 un despacho presentó a LaLiga una propuesta de investigación de piratería en hostelería con detectives habilitados; la entidad no la contrató.
El expediente permite conocer cómo se obtuvieron y documentaron las observaciones. No consta ninguna resolución que declare el intrusismo ni la ilicitud de estas pruebas, y la consulta al repositorio público del CGPJ no aporta pronunciamiento alguno sobre el fondo.
La lectura doctrinal
La cuestión se ordena en tres planos que no deben confundirse: regularidad profesional, autenticidad del documento y valor probatorio. La habilitación del interviniente pertenece al primero; la integridad del soporte y su trazabilidad, al segundo; la fuerza de convicción, al tercero. Ninguno de los tres permite declarar la nulidad por la sola ausencia de la TIP, pero los tres condicionan la eficacia del acta en juicio.
La base jurídica es doble. En el plano administrativo, los artículos 5.2 y 49 de la Ley 5/2014 reservan la investigación sobre hechos privados de terceros a despachos habilitados e imponen un contenido mínimo al documento. En el plano procesal, la eventual tesis de ilicitud probatoria se ancla en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 24 de la Constitución, que exige contradicción efectiva sobre el origen del dato, la función ejercida y la habilitación de quien lo obtuvo. La regularidad formal del acta no subsana un defecto de habilitación, y un defecto de habilitación no anula por sí mismo el documento si la observación resulta reproducible y controvertible en el plenario.
El impacto es operativo antes que doctrinal. Cada acta de verificación que sustente una denuncia por emisión no autorizada incorpora al proceso una prueba de parte obtenida por personal sin TIP, y la defensa puede impugnar su génesis antes que su contenido. La proyección del asunto depende de lo que finalmente se resuelva sobre la licitud y, en su caso, de los recursos que se interpongan; mientras no exista pronunciamiento firme, la práctica de los juzgados de instrucción seguirá admitiendo estas actas con la sola exigencia de contradicción en el acto del juicio.
FICHA DEL CASO
- El caso: Denuncia de LaLiga por una emisión de fútbol presuntamente no autorizada en un establecimiento de hostelería de Barcelona, tramitada como diligencias previas 1802/2024 y transformada en juicio sobre delitos leves 852/2024. El objeto discutido es la validez de la inspección privada previa.
- Datos importantes: Artículos 5.2, 37, 48 y 49 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada; artículo 24 de la Constitución; artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No consta número de sentencia ni fallo en la documentación examinada.
- Fecha de los juicios: Visita al establecimiento el 1 de abril de 2024; citación del verificador como testigo el 27 de marzo de 2025. La copia analizada no incorpora la sentencia ni la grabación de la vista.
- Personas acusadas y por qué: El responsable del establecimiento hostelero, por una emisión de contenido audiovisual sin autorización. El verificador compareció como testigo, no como investigado.
