Illa carga contra los maquinistas de Rodalies por las ausencias que este lunes han dejado trenes sin salir. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado públicamente a la plantilla lo que en los círculos ferroviarios y en el relato que se proyecta desde el Govern se describe como paro encubierto: un goteo de bajas y ausencias que ha descuadrado la programación del servicio en una semana de movilizaciones.
La frase que ha marcado la jornada ha sido su rechazo frontal a las formas: ‘No me gusta la actitud de hoy de no ir al trabajo de los maquinistas, no es la manera de resolver las cosas’. Con ese mensaje, el president traza una frontera que hasta ahora no había fijado en público: entiende el malestar, no la protesta sin aviso.
Y malestar hay. Illa ha reconocido el estado de ánimo de un colectivo que lleva meses señalando falta de personal, material rodante envejecido y una red que se rompe por tramos. Lo ha resumido con dos palabras: ‘semana difícil’. El conflicto, ha dicho, no se va a encauzar con ausencias, sino con inversión sostenida y diálogo institucional.
Qué hay detrás de las ausencias que han vaciado andenes
El alcance exacto de las ausencias no ha trascendido de forma oficial. Lo que sí ha llegado a la opinión pública es el efecto: convoyes que no han salido y usuarios que han visto cómo sus trenes se han quedado en tierra en plena hora punta. La sensación en no pocas estaciones del área metropolitana de Barcelona es la de un servicio que funciona a medio gas y que se rompe en cuanto falta una pieza.
La respuesta del Govern pasa por el reloj largo. Illa ha insistido en en la necesidad de ‘seguir invirtiendo en una red de Rodalies que logre funcionar correctamente’ y en garantizar recursos para subsanar déficits acumulados durante años. Traducido: no habrá atajo, y el calendario que maneja el Ejecutivo catalán no se mide en semanas.
El president ha convertido la puntualidad de Rodalies de Catalunya en un examen propio: si los trenes no mejoran, la factura política será suya y no de Renfe.
El traspaso de Rodalies que Illa desliga del 29N
El president ha querido separar dos debates que la oposición y buena parte de la plantilla tienden a unir: la transferencia de competencias y la cita electoral del 29N. Según su versión, el traspaso avanza sin inconvenientes y no responde a cálculos de campaña. La lectura política es otra. Es la pieza que ERC arrancó en el acuerdo de investidura y arrastra un calendario que nadie en el Govern se atreve a cerrar con fecha exacta.
La fecha que sí ha puesto sobre la mesa es principios de 2027. Ahí, sostiene, los usuarios empezarán a notar cambios tangibles en las vías. Es un hito cómodo en la comunicación y arriesgado en política: instala al Govern un plazo medible y verificable, con la plantilla, los sindicatos y la oposición tomando nota.
A eso se suma la huelga general del miércoles 11 de noviembre, convocada al margen del conflicto ferroviario. Illa ha marcado distancias con una fórmula que ha calado: ‘No haré huelga, haré de presidente‘. Ha mostrado comprensión hacia la movilización, ha negado que el Govern presione a nadie y ha enmarcado la protesta en las demandas de vivienda y libertades, no en un rechazo a nada.
En clave electoral, ha descartado que frenar a la derecha exija milagros: ‘La clave es la movilización. Si la gente va a votar, ganará el progreso. Ha llamado ‘involución’ al planteamiento de PP y Vox y ha buscado aliento en los giros recientes de Estados Unidos, Brasil e Israel.
Por qué este pulso ferroviario condiciona el arranque de 2027
El precedente inmediato es la propia cronología del traspaso: pactado con ERC en el acuerdo de investidura, con comisión bilateral incluida y aterrizado con cuentagotas. Lo que observamos es un patrón conocido en la política catalana de los últimos años. Anuncios de cesión competencial que se cruzan con crisis operativas y que acaban midiéndose en trenes cancelados, no en boletines oficiales. Y un dato que el Govern no puede esquivar: la red arrastra déficits que el propio Ejecutivo reconoce cuando habla de ‘subsanar’ lo acumulado.
El riesgo para Illa es doble. Si la plantilla interpreta la reprimenda como una declaración de hostilidad, el conflicto se enquista y cada lunes se convierte en una incógnita. Si, además, las mejoras no llegan a principios de 2027, el president habrá firmado un plazo que la oposición usará como arma en cada pleno del Parlament. La comparación con otras comunidades invita a la prudencia: allí donde el servicio depende de un operador estatal sin pulso autonómico, la bronca se dirime en comisiones técnicas; aquí se dirime en el Palau.
De momento, manda el calendario. El miércoles 11 de noviembre, la huelga general medirá la temperatura de la calle; el 29N, la de las urnas; y principios de 2027, la de los andenes. Illa ha elegido no hacer huelga y hacer de presidente. La pregunta es si ese papel le alcanza cuando el próximo tren no llegue.
